Memoria activa 2001 (cuarta parte)

Opiniones

A cinco semanas de fin de año, la economía argentina seguía en estado de coma, y con pronósticos alarmantes que la situaban en una situación de agonía.

A cinco semanas de fin de año, la economía argentina seguía en estado de coma, y con pronósticos alarmantes que la situaban en una situación de agonía. La perseverante caída de depósitos bancarios desde marzo de 2001, y su consecuencia: desvanecimiento del crédito y derrumbe del nivel de actividad económica, había provocado tal caída de la recaudación que alejaba la posibilidad de cumplir con el déficit cero, frente al cual la Argentina no tenía alternativa porque nadie le prestaba.

El neoliberalismo-dicho en sus propios términos-se había caído del mundo. El agravamiento de la situación fiscal complicaba la posibilidad de cumplir con los compromisos de la deuda pública, para lo cual resultaba crucial la dudosa asistencia del FMI a fin de que no zozobrara antes de intentar la “original reestructuración” que había planteado el Gobierno, a los tenedores externos de títulos.

La relación con el FMI

La reestructuración de la deuda dependía de la actitud del organismo hacia la Argentina ya que, como recientemente en 2018, era el único que le podía prestar. El 17 de diciembre, el FMI debería desembolsar u$s1.260 millones (no 44.5500 millones), y otros u$s 3.422 millones adicionales en el primer trimestre, más u$s 250 millones otros organismos, para lo cual a fin de noviembre viajaba una misión a Buenos Aires que evaluaría no sólo las metas del tercer trimestre-que habían sido cumplidas-, sino la perspectiva del déficit cero para los próximos meses, algo mucho más incierto.

No obstante, el dato crucial era que en 2002 el FMI debería prestar un total de casi u$s 14.000 millones entre blindaje, desembolsos y refinanciaciones, que resultaban imprescindibles para que la Argentina pudiera dar la certeza de atender los vencimientos de capital de 2002 y no cayera en default ante el cierre de los mercados voluntarios de deuda.

El 5 de noviembre se había frenado la salida de depósitos del sector privado (que en nueve meses alcanzó la friolera de u$s13.300 millones, de los cuales u$s2.000 correspondían a la última semana de octubre y la primera de noviembre. Mientras tanto trascendía que el Ministerio de Economía proyectaba forzar una baja de tasas pasivas mediante cambios en las regulaciones financieras. Cualquier intervención en el sistema financiero podía acelerar la fuga de depósitos porque los depositantes estaban en pánico por la incertidumbre económica.

El stock de crédito al sector privado seguía cayendo hasta cerca de u$s 9.000 millones desde el 2 de marzo, hasta el 5 de noviembre (-14%) y, tras el anuncio del canje de deuda, se acentuó el cierre de líneas de crédito del exterior, inclusive comerciales. El “backing” de la Convertibilidad-que constituía el ratio entre las reservas internacionales y los pasivos monetarios, incluyendo los pases activos del BCRA-, que a comienzos de noviembre se ubicaba en 113.5%, cayó a 105.5% el lunes 19 del mes.

Cuando el 21 de agosto, el último acuerdo con el FMI que permitió reforzar las reservas en u$s4.000 en setiembre llegó a situarse en 85%. Se encontraba muy por encima del límite legal, pero el BCRA se había convertido en el único oferente de recursos para el Tesoro y para los bancos que se quedaban sin liquidez.

El stock de pases activos, que era inexistente en marzo, se ubicaba en $ 2.000 millones a comienzos de noviembre y en $ 3.000 millones al promediar noviembre. También, la triangulación de operaciones para asistir al Tesoro a través de préstamos al Banco Nación, seguía debilitando la posición de reservas, después de una pérdida de u$s7.300 millones en ocho meses, ya llegaba a u$s 18.500 millones.

Con la tasa de desempleo en 20%, atrasos en pagos de sueldos en las provincias, perspectivas de impago de aguinaldo en el sector público y la posible eliminación del Fondo de Incentivo Docente, entre otras medidas de ajuste fiscal, era previsible un recrudecimiento de conflictos.

El talante del liderazgo de De la Rúa en la toma de decisiones fue un grave inconveniente en medio de la crisis. Pero asimismo lo fue la resistencia de la UCR a “hacerse cargo” como oficialismo, lo cual conspiro contra la gobernabilidad. Como de costumbre, no supieron, no quisieron o no pudieron (Alfonsín) lograr un acuerdo político que tratara de garantizar la estabilidad institucional.

En la comprensión de la crisis que significó el final de la presidencia de De la Rúa ya hemos estado viendo los aspectos de desequilibrio macroeconómico que determinaron la crisis política de gobernabilidad, tanto como los aspectos de crisis de liderazgo político que profundizaron la crisis económica. Sin desestimar ninguno de los dos aportes, en este artículo nos concentraremos ahora en la teoría de la tecnocracia y la política tecnocrática, que pretende explicar el proceso de derrumbe político en función del ascenso de los tecnócratas a la toma de decisiones en un contexto de ausencia de poder político y apoyo social.

El presidente y los tecnócratas estaban convencidos de que enfrentaban un tema que requería una respuesta desde la técnica despolitizada, y al tomar ese camino solo profundizaban la debilidad política de un gobierno que terminaría perdiendo su capacidad de implementación de políticas públicas.

Entonces, es importante analizar la dinámica de la tecnocratización en la crisis política del año 2001 en Argentina. Dicha dinámica tuvo un fuerte impacto en el resultado final, que fue el quiebre de la convertibilidad, la caída de un gobierno democráticamente elegido, y el default de la deuda pública.

La dominancia económico-financiera había sido experimentada en la década previa, pero eso se había dado en un contexto de sólidas bases de gobernabilidad política. Y en 2001, sucedía exactamente lo contrario: tecnocratización sin sostenibilidad política. La tecnocratización contribuyó a la crisis de gobernabilidad. Asimismo, después del gobierno de De la Rúa, los tecnócratas cayeron en un descrédito político.

Los gobiernos peronistas posteriores no recurrieron al modelo tecnocrático, y la política volvió a ser dominante. Esto debe ser entendido como una consecuencia histórica de la grave crisis que afrontó nuestro país en los albores del siglo XXI. Los políticos tecnócratas, que llevaron adelante las reformas neoliberales en varios países emergentes en la décadas de 1980 y 1990, no volvieron a tener tanto protagonismo desde entonces.

Los gobiernos del siglo XXI, en Argentina y en otros países, se caracterizaron por una primacía de la política. Esto puede ser interpretado en función de las cicatrices que dejó la crisis de 2001, considerada como una de las más graves de la historia nacional.

La crisis de gobierno que tuvo lugar en el año 2001 fue un proceso de tecnocratización. En el marco de un quiebre en la coalición de gobierno, que tuvo que ver con rupturas de compromisos, asimetrías de poder entre la UCR y el Frepaso y otras dificultades en la relación entre los socios de la Alianza, las capacidades de implementar políticas públicas menguaron y el presidente De la Rúa, en lugar de reconstituir la gobernabilidad a partir de los partidos, transfirió poder hacia ministros tecnócratas, en un contexto de débil sustentación legislativa, partidaria y popular de su autoridad.

Esta opción, en vez de darle soporte a su gobierno, terminó de erosionar su relación con los partidos y su liderazgo, y lo condujo inexorablemente a la parálisis y el colapso de su presidencia. En ese sentido, la crisis de Fernando De la Rúa fue, también, una crisis del modelo tecnocrático.

Continuará mañana.

(*) Profesor de Posgrado UBA y Maestrías en universidades privadas. Máster en Política Económica Internacional, Doctor en Ciencia Política, autor de 6 libros. @PabloTigani

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