¿Representantes de quién? Poder político, interferencia en la justicia e intereses privados

Opiniones

La denuncia penal realizada recientemente por cincuenta legisladores nacionales, persigue interferir en el proceso concursal de Correo Argentino S.A., y muestra los vínculos entre el poder público con el poder privado.

En los últimos días trascendió que Diputados y Senadores de la Nación realizaron una denuncia penal que, en rigor de verdad, persigue interferir en el proceso concursal de Correo Argentino S.A., cuya tramitación se ha prolongado por más de veinte años. De esta forma, nuestros representantes han puesto en evidencia que priorizaron el interés de un particular a los de la República, cuya defensa les fue confiada por el Pueblo y las Provincias, al honrarlos con la distinción de ocupar las distintas Cámaras que componen el Congreso de la Nación.

Se trata de cincuenta legisladores nacionales, patrocinados por quien fuera fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires cuando el ingeniero Mauricio Macri era Jefe de Gobierno, que denunciaron a Carlos Zannini y a Horacio Diez, Procurador y Subprocurador del Tesoro de la Nación. ¿El motivo? La supuesta comisión de delitos en el marco de su intervención en el proceso concursal de Correo Argentino S.A.

De más está decir que ésta no es la primera denuncia contra quienes intervienen de manera que no le gusta ni le conviene a los accionistas de la empresa y al parecer también al ex Presidente, que hasta donde se conocía ya no tenía nada que ver con esa sociedad. Con anterioridad, sus abogados denunciaron a Carlos Zannini, a la fiscal Gabriela Boquín y al titular de la IGJ, Ricardo Nissen, por participar de lo que consideraron una suerte de conspiración para perjudicar al Correo Argentino, debido a los vínculos de la empresa con la familia del anterior Primer Mandatario.

Sin embargo, tanto el Juzgado Federal que intervino en la causa como la Cámara de Apelaciones, sostuvieron que la denuncia cuestionaba actos que formaban parte de un proceso que tramita ante otro fuero judicial -el comercial-, con los que se podía estar en desacuerdo, pero que de ningún modo eran delitos. En otras palabras, lo que tanto el Juez Federal a cargo de instrucción como su Superior Jerárquico sostuvieron fue que, si a alguien le va mal en una causa judicial, lo que tiene que hacer es usar las vías procesales habituales para defender su posición, y no ir a la justicia penal a denunciar que todo con lo que no está de acuerdo es un delito, porque en definitiva este tipo de acciones significan la desnaturalización de la justicia penal.

Sin embargo, vivimos momentos en los que la espectacularidad parece más importante que la racionalidad. Es así que el numeroso grupo de cincuenta Senadores y Diputados Nacionales volvieron a la carga con exactamente lo mismo que la justicia le dijo a los abogados de la empresa que no se puede hacer. Me refiero a presentar toda actuación o resolución adversa en una causa comercial o correspondiente a otra materia como un delito penal.

En esta nueva denuncia, lo que se cuestiona –según la visión de los legisladores denunciantes- es que la Procuración del Tesoro de la Nación no haya respondido a la oferta de pago que le hizo a los acreedores el Grupo SOCMA, principal accionista del Correo Argentino.

Este silencio, siempre según esta cincuentena de legisladores que integran la coalición que tuviera al Ingeniero Macri como titular del Poder Ejecutivo, por un lado, evidenciaría la animosidad del Procurador del Tesoro y del abogado que lo patrocina –el Subprocurador del Tesoro, Horacio Diez- contra el Ex Presidente; por otra parte, habría perjudicado al Estado Argentino, al suponer la no aceptación de un pago justo a las arcas nacionales. Más concreto, según la denuncia el comportamiento delictivo residiría en que la empresa SOCMA habría ofrecido pagar la totalidad de lo adeudado por el Correo Argentino, por lo que sería completamente irracional no aceptar la oferta, actitud que solo podría responder a cierto encono con Mauricio Macri, quien en algún momento tenía intereses comerciales en la empresa deudora.

Sin embargo, en rigor de verdad, los procesos judiciales revelan que los hechos fueron distintos a los que sostienen este numeroso grupo de legisladores en la denuncia. Y el origen de esta confusión (para calificarla del modo más benigno) parece residir en que la fuente de lo denunciado no es el expediente concursal, ni las resoluciones divulgadas, ni información de primera mano, sino una nota de diario plagada de citas textuales de los abogados que representan a los accionistas, es decir a una de las partes interesadas en el proceso judicial.

Lo cierto es que los dos puntos centrales sobre los que se apoya la particular denuncia de los legisladores, a poco que se leen algunas decisiones judiciales e informes producidos en el marco de las actuaciones, son manifiestamente errados. En primer lugar, a diferencia de lo que afirman los legisladores nacionales, la oferta de la empresa SOCMA no contempla el pago de lo adeudado actualizado, sino de una suma mucho menor, el valor nominal de la deuda, es decir, de lo que se debía hace veinte años. Además, la deudora aspiraba a pagar la suma propuesta en cómodas cuotas que se prolongarían por otros dieciséis años. En segundo lugar, la denuncia omite consignar que el Ingeniero Mauricio Macri cedió su participación accionaria en la firma, por lo tanto, no forma parte de esta causa, es decir jamás podría ser víctima de un hostigamiento, tal como también aseguran los Diputados y Senadores Nacionales que integran su mismo espacio político, y que encabezan la denuncia. Entonces, todo indica que ni la deudora ofreció pagar lo que corresponde, sino muchísimo menos, ni el silencio de la Procuración del Tesoro podría deberse a una rivalidad con alguien del signo opositor, ya que el Ex Presidente no forma parte del proceso concursal.

A pesar de ello, los legisladores sostienen que los funcionarios de la Procuración Nacional del Tesoro cometieron dos delitos: defraudar al Estado al no aceptar una propuesta que -según la particular visión de los denunciantes- era conveniente, y abusar de su autoridad al hacerlo.

En realidad, lo que parece suceder es diferente a lo que denuncian estos cincuenta legisladores: el Estado se habría visto perjudicado si se recibiera un pago inaceptable. Hace dos décadas que el deudor -Correo Argentino- intenta sortear el cumplimiento de sus obligaciones. Tan evidente sería la impertinencia de lo que pretende la empresa, que hasta el Procurador del Tesoro nombrado por el Ex Presidente se opuso a sus pretensiones ¿Qué paso entonces? Tuvo que renunciar.

La denuncia contra el Procurador Nacional del Tesoro y el abogado que lo patrocina, debe ser ponderada como un paso más en el largo camino que plantea la empresa deudora. Pero lo grave, es que significa una muestra más de los vínculos entre ciertos miembros del poder público con el poder privado. Porque lo preocupante de la denuncia es que cincuenta personas a las que, como ciudadanos, les encomendaron que los representen y defiendan los intereses colectivos en el recinto legislativo, se dediquen, fuera de ese marco de actuación, a impulsar una presentación en defensa de un privado, en un asunto que se encuentra sometido al conocimiento de otro de los poderes de la República. Para peor, nutriéndose la denuncia de los Senadores y Diputados Nacionales, exclusivamente de publicaciones de prensa. Es llamativo, también, que lo hagan horas antes de que comience la veda electoral previa a los comicios legislativos, y que tampoco les importe que la Cámara Federal Capitalina ya se haya pronunciado, ante una denuncia muchísimo más amplia, afirmando que no es materia penal el estudio de cuestiones propias de procesos que tramitan ante otros fueros.

Si observamos con atención, el objetivo de los legisladores denunciantes aparece sobre el final de su insustancial denuncia, cuando requieren la remisión del expediente del concurso de Correo Argentino a la justicia penal, con el evidente designio de -tal vez de ese modo- obstaculizar el trámite concursal, pero además revelando la manifiesta interferencia en la actuación de jueces que integran otro poder del Estado.

Si ansiamos y queremos vivir en una democracia plena, nuestros representantes deben, precisamente, representarnos. Debatir políticas públicas, tratar de mirar los hechos a través de los ojos de los ciudadanos; pensar qué es lo mejor para todos y, siempre, usar su función, -y los privilegios que conlleva- para tratar de construir un país mejor; y no para defender intereses privados, que inclusive en el caso se encuentran bajo la competencia de jueces de la Constitución Nacional.

Es Obvio que los legisladores pueden y tienen que pensar distinto entre sí, porque quienes los elijen, también piensan distinto. Esto dará lugar a discusiones y enfrentamientos, y está muy bien que así sea cuando no existan consensos. Pero lo que resulta inaceptable es que los enfrentamientos se originen cuando la posición que se defiende no es la de la ciudadanía, ni la de un grupo determinado de ella, sino la de un líder político o persona física o jurídica que, además, hace dos décadas que se encuentra sometido a un proceso en donde en definitiva se le reclama el pago de lo que le debe al propio Estado Nacional.

Cuando se desarrollan este tipo de acciones, con independencia de la pertenencia del sector o partido político que las lleve adelante, lo que sucede es que legisladores a las que se le han confiado la defensa de los derechos del Ciudadano y se les paga sus sueldos con el aporte del Pueblo, usufructúan aquella confianza y los recursos que ella conlleva, para librar disputas de poder ajenas a sus funciones y a los intereses de quienes los elijen, articulando sin ninguna clase de cautela ni pudor, presentaciones utilitarias o funcionales para beneficiar a quienes de ningún modo corresponde. Con dolor presenciamos que todavía hoy, cada vez más servidores del Soberano ofrecen su cargo público a disposición de los intereses privados de turno, sin que este tipo de conductas ni siquiera cause algún tipo de sorpresa o alarma social.

Abogado, U.B.A.

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