El INDEC midió el ingreso de los asalariados en el segundo trimestre: $1.433.794 en blanco, $706.204 en negro. El informal cobra el 50,7% de lo que cobra el registrado. La brecha no se movió con la reforma laboral y en el último año se abrió un poco más.
Archivo. La informalidad y una brecha que se agranda en el salario que cobra el trabajador.
El dato salió esta semana y pasó casi inadvertido, aunque es el número laboral más contundente del año. Según el INDEC, en el segundo trimestre de 2026 un asalariado registrado tuvo un ingreso promedio de $1.433.794 por mes y un asalariado no registrado, de $706.204. La diferencia es de $727.590. Dicho de la manera más simple posible, el que trabaja en negro cobra la mitad.
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Vale precisar qué mide ese dato, porque se presta a confusión. No es la misma tarea mal paga. Es el ingreso promedio del universo de asalariados de cada categoría, con composiciones distintas de sector, calificación y cantidad de horas. Parte de la brecha se explica por eso. Pero no toda, y la serie histórica lo demuestra.
En el segundo trimestre de 2022 el informal cobraba el 57,1% del formal. En 2024 la brecha llegó a su mejor registro, con el 60,3%. En 2025 cayó al 50,1% y en 2026 quedó en 50,7%. Es decir: después de dos años de desinflación, de recuperación del salario real registrado y de una reforma laboral sancionada, el trabajador informal argentino está relativamente peor que hace cuatro años.
El movimiento del último año es el que más me interesa. Los ingresos de los asalariados en negro subieron 24,9% interanual y los de los registrados 26,5%. Un punto y medio de diferencia parece poco, pero no lo es, significa que en el año en que mejor funcionó el programa de estabilización, la mejora se transmitió al que tiene recibo de sueldo y no al que no lo tiene. El mecanismo es el que vengo describiendo en esta columna desde agosto: el salario registrado se recompone por paritaria y el informal se recompone cuando el que paga decide.
El tamaño del universo afectado no es marginal. Sobre 16.628.000 asalariados, 5.621.000 no están registrados. La tasa de informalidad asalariada pasó del 40,8% al 44,2% en dos años. Y la composición se movió en la peor dirección posible: los informales crecieron 11,3% y los formales cayeron 3,2%, unos 246.000 puestos.
Acá quiero salir del enfoque de derechos, que ya está discutido, y poner el problema en términos de costos y de demanda, que es donde esta brecha pega de verdad.
Primero, recaudación. Cinco millones seiscientos mil asalariados fuera de la nómina son cinco millones seiscientos mil que no generan contribuciones patronales, no aportan a la obra social ni al sistema previsional y no pagan Ganancias cuando corresponde. El sistema de seguridad social argentino se financia sobre una base que se achica mientras la cantidad de beneficiarios no se achica. Eso tiene un solo final aritmético.
Segundo, consumo. La diferencia de $727.590 mensuales por trabajador no es dinero que se ahorra: es dinero que no se gasta. Multiplicado por el padrón informal, el país tiene una masa salarial potencial que no llega al mostrador. Cualquier plan que apueste al consumo interno como motor tiene ese techo puesto de antemano.
Tercero, y es el punto que menos se dice, competencia desleal. Dos empresas del mismo rubro, una con toda su nómina registrada y otra con la mitad en negro, no compiten en igualdad de condiciones. La que cumple paga contribuciones, ART, seguro de vida obligatorio y licencias; la que no cumple convierte ese ahorro en precio. El empleador formal argentino no compite solo contra la importación: compite contra el que incumple al lado suyo.
El 1° de noviembre entra en vigor el Fondo de Asistencia Laboral de la ley 27.802, reglamentado por el decreto 408/2026: 1% de la remuneración para grandes empresas y 2,5% para PyMEs, computable a cuenta de contribuciones patronales y deducible de Ganancias. Es un desembolso mensual nuevo que conviene presupuestar antes de la liquidación y no después.
El 28 de noviembre vence el Régimen de Promoción del Empleo Registrado. ARCA acaba de precisar su alcance mediante la resolución general 5862/2026: condonación del 90% de la deuda para micro y pequeñas empresas, 80% para medianas de tramo 1 y 2 y 70% para el resto, con una reducción adicional del 50% sobre el saldo si se cancela al contado o plan de hasta 72 cuotas al 1% mensual. Y una precisión relevante que conviene leer dos veces: el régimen admite la registración retroactiva del trabajador que venía facturando como monotributista cuando en realidad había relación de dependencia.
Sobre esa última posibilidad voy a ser directo con los empleadores, porque es donde está el riesgo concreto. El falso monotributo es la figura más demandada hoy en el fuero laboral y la que peor termina para la empresa: el artículo 23 de la Ley de Contrato de Trabajo presume la relación laboral por el solo hecho de la prestación de servicios, y la reforma de 2026 no tocó esa presunción. La ley 27.802 eliminó las multas de las leyes 24.013 y 25.323, pero no eliminó las diferencias salariales, los aportes adeudados, el SAC, las vacaciones no gozadas ni la antigüedad real. El PER permite resolver eso hoy pagando entre el 10% y el 30% de la deuda. Un reclamo judicial en 2027 se resuelve pagando el 100% más intereses.
Lo que el dato del INDEC muestra es que la informalidad argentina dejó de ser un problema de registración y pasó a ser un sistema de remuneración paralelo, con su propio nivel salarial, su propia dinámica de actualización y cinco millones seiscientos mil personas adentro. No es el borde del mercado de trabajo: es casi la mitad.
La reforma laboral ordenó el costo de salida y era necesario hacerlo. Pero el que está en negro no cobra la mitad porque exista una indemnización alta: cobra la mitad porque no tiene ninguna institución que le actualice el ingreso. Mientras el único camino para entrar al circuito formal siga siendo una ventana de blanqueo que vence cada tanto, esos $727.590 mensuales de diferencia van a seguir siendo la variable más estable de la economía argentina.