El fin de la descolonización

La Argentina se resiste a creer que la Republic of the Falklands esté en gestación. Mientras, se multiplican las islas con falsa independencia. Son ex colonias que hoy manejan sus asuntos internos, pero dejan la defensa y las relaciones exteriores en manos de las ex metrópolis.

El viejo gaullista Gastón Flosse -amigo y compadre de Jacques Chirac- no pudo resistir. Acusado de corrupción, el presidente de la Polinesia Francesa perdió el gobierno. Fue hace dos años.

La posta la tomó, entonces, un enemigo de Flosse: Oscar Temaru, manifiesto francófobo. El nuevo presidente no entendió el mensaje de los polinesios, que reclamaban decencia, no independencia.

A fines de 2006, Temaru también se cayó del poder, en su caso clamando por mayor autonomía para el archipiélago. Perdió una «moción de censura» que -según él- fue «teleguiada desde París».

La Polinesia Francesa es un «país de ultramar» (en francés, pays d'outre-mer o POM), situado en el Pacífico Sur. La Assemblée de la Polynésie Française (Papeete, Tahití) tiene 57 miembros, elegidos por voto popular.

Ese cuerpo legislativo y los 48 intendentes del archipiélago -que también surgen de las urnas- ejercen un autogobierno que parece suficiente.

Los polinesios atienden hoteles de lujo, producen la mejor vainilla del mundo y cultivan sus preciadas perlas negras. La mayoría de los 250.000 habitantes cree que -siendo ellos tan pocos y estando tan lejos de todo- no podrían ocuparse, además, de las relaciones exteriores o la defensa.

En todo caso, aspiran a que Francia les traspase la Justicia y la policía, pero quieren que siga representándolos en el mundo, y defendiéndolos. Las islas y atolones de la Polinesia Francesa emergen en pleno Pacífico Sur. Papeete está a 15.717 kilómetros de París. Hacia el Este no hay nada más cercano que Los Angeles (6.607 kilómetros) o Lima (7.804). Hacia el Oeste, lo más próximo es Auckland, Nueva Zelanda (4.091) o Sydney (6.115).

Si el archipiélago fuera declarado independiente, la mayoría querría que su estatus fuera como el de otros mini-Estados, que manejan asuntos domésticos sin romper lazos con la antigua metrópoli o son amparados por una potencia regional.

Hay, para eso, varias figuras:

Estados independientes «en libre asociación» con una potencia.

Estados « autogobernados» que renuncian a organizar su defensa o conducir sus relaciones exteriores. En el caso de Aruba, la designación es: «Estado soberano, independiente, autónomo, miembro del Reino de los Países Bajos».   

«Países» de ultramar (overseas countries, pays d'outre-mer), autónomos aunque no independientes. La independencia plena parece desaconsejable y, en todo caso, ficticia.

Lo prueban las islas Fiyi. Tienen sus propias fuerzas armadas -Republic of Fiji Military Forces (RFMF)-, pero eso no les garantiza estabilidad ni las previene de injerencias.

El 4 de diciembre, el país sufrió el cuarto golpe de Estado en dos décadas, y eso desató una abierta intervención de potencias mundiales y poderes regionales. El nuevo hombre fuerte de Fiyi es el comodoro Josaia Voreqé Bainimarama, que promete respetar los derechos humanos, pero disolvió el Parlamento y no llamará a elecciones por dos años.

El Gran Consejo de Jefes -máximo órgano del sistema institucional- apoya a Bainimarama. La mayoritaria Iglesia Metodista, también. Más aún: el líder del Partido Laborista, el ex primer ministro Mahendra Chaudhry (de ascendencia india) ha asumido como ministro de Finanzas.

Perspectivas

El nuevo gobierno fiyiano, sin embargo, tendrá poca vida si Australia y Nueva Zelanda le cortan las alas. Por ahora, las potencias regionales se han abstenido de enviar contingentes militares, como lo hicieron en Timor Oriental o las islas Salomón.

Esperan el resultado de la presión internacional:

Estados Unidos decidió que la Corporación para el Desafío del Milenio suspendiera toda ayuda económica a Fiyi. También dejó en suspenso la asistencia militar.

La Unión Europea congeló un crédito de u$s 350 millones, destinado a la industria azucarera fiyiana.

El Commonwealth desafilió a Fiyi.

Las relaciones económicas de este mini-Estado sólo se normalizarán cuando así lo recomiende el Foro de Islas del Pacífico, integrado por otros mini-Estados del área (Vanuatu, Samoa, Papúa-Guineas) y liderado por las dos potencias regionales, Australia y Nueva Zelanda.

Una independencia condicional, como la que tiene la República de las Fiyi, es la aspiración más alta que podrían tener los 16 «territorios no autogobernados» de los cuales se ocupa el C24, Comité de las Naciones Unidas sobre Descolonización.

El proceso de descolonización se inició tras la II Guerra Mundial, con la independencia de la India y Pakistán (1947), y se convirtió en un objetivo de las Naciones Unidas en 1960, con la Resolución 1.514, sobre «garantía de independencia a países y pueblos colonizados».

Fue una garantía otorgada por 89 votos a favor y ninguno en contra. Las potencias coloniales se abstuvieron: no estaban dispuestas a desprenderse de sus posesiones en Africa y otras partes del mundo.

La resistencia colonialista resultó inútil. En 1980, ya no había grandes colonias. Con la independencia de Rhodesia del Sur (ahora República de Zimbabwe, 390,580 km², 12.236.805 habitantes) terminó la descolonización propiamente dicha.

Sólo quedaban pequeños territorios, esparcidos por los océanos. Con el afán de redimirlos, en 1988 la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró que el período 1991-2000 sería la Década Internacional para la Erradicación del Colonialismo.

Llegado el año 2000, debió correr el horizonte: proclamó la Segunda Década Internacional para la Erradicación del Colonialismo (2001-2010). El representante de Cuba censuró los motivos esgrimidos por las potencias coloniales para retener sus posesiones de ultramar: «aislamiento geográfico, poca superficie, escasa población, no sustentabilidad y el supuesto deseo de los habitantes de permanecer bajo el dominio colonial».

Pueden ser excusas, pero en muchos casos se apoyan en la realidad. En otros, los hechos son deformados para servir furtivos propósitos. Es el caso de las Malvinas, que en verdad no deben ser «descolonizadas» sino «desocupadas».

Sus escasos habitantes no son descendientes de una población autóctona: son británicos (por sangre, por historia, por lengua, por cultura y por ciudadanía) que viven a 14.000 kilómetros del Reino Unido.

Están frente a la Patagonia, protegidas por una coraza demográfica, que impide la instalación de argentinos en las islas. El proyecto británico es crear allí la Falkland Islands Republic, con las limitaciones propias de los modernos Estados semiindependientes. Eso le permitiría a Londres retener, entre otras cosas, la defensa y las relaciones exteriores.

El modelo de descolonización parcial no es aplicable. El conflicto en el Atlántico Sur se refiere a la soberanía territorial. Los malvinenses no pueden ser árbitros de tal conflicto: una de las partes en conflicto es el Reino Unido, es decir, su propio país.