El problema ahora es la oposición

Cualquiera que tenga más de 70 años o que posea algún conocimiento respecto de lo ocurrido en el período 1948-1955 en nuestro país encontrará sumamente familiares los sucesos políticos y económicos que se están desarrollando en la Argentina en este último tiempo.

Tres ejes rectores destacan los analistas en relación con aquel período del gobierno de Juan Domingo Perón. El primero de ellos fue su política de redistribución masiva de riqueza a favor de los asalariados que llevó a un crecimiento del consumo y a una expansión del mercado nacional tanto para productos industriales como para los agrícolas en desmedro de las exportaciones de dichos productos. El segundo componente fue la expropiación masiva de los ingresos de las industrias de las exportaciones para financiar la redistribución de esos ingresos, lo que fue llevado a cabo a través -principalmente- del IAPI (Instituto Argentino para la Promoción del Intercambio), establecido en marzo de 1946 por iniciativa de Miguel Miranda.

El tercer eje fue la política industrial tendiente a reducir los márgenes de ganancia de las empresas por la vía de aumentos salariales y controles de precios, al mismo tiempo que se castigaba fuertemente al sector agropecuario justo en el momento en que los sectores agropecuarios de los países competidores de la Argentina se estaban modernizando a toda velocidad.

Como lo ha señalado un agudo pensador contemporáneo, Perón en aquellos días, en lugar de dirigir recursos a la creación de industrias más modernas y de bienes de capital, que eran el talón de Aquiles de la industria argentina, permitió que las industrias de consumo de bienes más básicos se expandieran notablemente, en general en forma de pequeñas fábricas que, en el aspecto tecnológico, se hallaban muy por debajo de los estándares reproducción de las naciones industrializadas.

Desde el punto de vista político, Perón intentó la construcción de una sociedad corporativa estatal de rasgos fascistas, con fuerte conformación de focos o centros de poder sindical y empresario bajo el régimen de premios y castigos según se fuera «leal» o «¿ enemigo?», derivando ello en el éxito y progreso de los «amigos» y la postergación, persecución y el aislamiento de los que no lo fueran.

Desde ya que ese proyecto político incluía dentro de su esquema un altísimo culto personal al líder y conductor, y a su señora esposa, elevada al rango de «jefa espiritual de la Nación» en cuyas manos se encontraba concentrada una fuerte dosis del poder absoluto de aquel general que dirigía, gobernaba y manejaba en forma exclusiva -a través de sus colaboradores- los tres poderes del Estado. El Congreso obedecía las órdenes del matrimonio y la Justicia acompañaba sus pasos sin interferencia alguna; las organizaciones sociales -por su parte- también respondían a sus instrucciones.

Existía, adicionalmente, una fuerte vocación de perpetuación en el poder con reforma de la Constitución y reelección incluida, y también de consagración del matrimonio Perón en el Poder Ejecutivo -como garantía de sucesión familiar-, cuestión frustrada el 22 de agosto de 1951 a través del famoso « renunciamiento de Evita», episodio reeditado -esta vez, con éxito- veintitrés años después con la segunda esposa del líder carismático, Isabel Martínez de Perón.

¿Es tanta la diferencia con lo que ocurre hoy? En lo económico, la redistribución de ingresos que se efectuaba a través del IAPI hoy se hace a través de las presiones del secretario Moreno, los impuestos y retenciones que maneja la AFIP y la intervención del Banco Central en el mercado cambiario; los controles de precios existen, pero instrumentados en forma indirecta bajo forma de subsidios sobre productos básicos, combustibles, gas y tarifas de servicios públicos; los lineamientos de aquella política industrial y agropecuaria del modelo 1948 que se vuelve a presentar remozada en su aspecto, pero idéntica en su sustancia, con un enfrentamiento sistemático con el sector agropecuario y la promoción de industrias livianas y atrasadas tecnológicamente, alentadas por el crecimiento del consumo interno. En lo político, la consolidación del poder, la búsqueda de frentes de conflicto con la Iglesia y la denostación y descalificación de quien no piense u opine igual que el líder, así como el fortalecimiento de las falanges sindicales a quienes se les entrega el manejo de «cajas» importantísimas, completan el esquema, similar al de aquellos tiempos. Adicionalmente, ciertos funcionarios de altísimo rango que abundan verborrágicamente en justificaciones de todo lo que el líder haga o diga parecen reproducir -colectiva y coordinadamente- la figura de Alejandro Apold; por su parte, aquellos ministros y secretarios de Estado que rodean a la primera dama parecen remedar las actitudes del primer Héctor J. Cámpora y de otros personajes que formaron en aquel entonces la corte del poder, quienes también especulan con cabildeos sobre posibles candidaturas integrantes de un proyecto de poder para muchos años basado en un mecanismo de alternancia conyugal.

La gran diferencia que existe entre aquel tiempo y éste no se encuentra en el gobierno, sino en la oposición. Nunca en la historia argentina la oposición política estuvo más fragmentada y dividida; tampoco, tan incapaz de poder generar un proyecto alternativo que pueda entusiasmar a la población. El «ego» de los dirigentes, su exacerbado «vedettismo», las aspiraciones personales desmedidas y la miopía política -no sin una dosis de ingenuidad- impiden que quienes no son partidarios del gobierno puedan unirse siquiera en proyectos mínimos y básicos para poner coto desde el Congreso a esa vocación desmedida de poder de quien hoy gobierna.

Cada uno de los dirigentes opositores sueña con ser un nuevo «líder», «referente», candidato a presidente o a gobernador en lugar de honrar el mandato legislativo con que ha sido ungido y luchar codo a codo con los otros dirigentes opositores para construir una barrera de contención al expansionismo del poder. No hay ya diferencia entre el senador o diputado oficialista electo que renuncia a su banca para ser ministro, embajador o mero funcionario, con el legislador opositor electo que renuncia a su banca -o, lo que es peor, pide licencia- para ser candidato a gobernador, jefe de gobierno o presidente, ocupado más en la campaña que en legislar o controlar desde el Congreso la labor el Ejecutivo.

Qué falta haría hoy tener aquel grupo de legisladores que honraron sus bancas en el período 1948-1951 y que fueron conocidos como el «bloque de los 44». Bastaría recordar sólo a algunos de sus integrantes tales como Ricardo Balbín, Arturo Frondizi, Humberto Illia, Mauricio Yadarola, Miguel Angel Zabala Ortiz, Silvano Santander, Santiago Nudelman, Emir Mercader, Luis Dellepiane, Alfredo Roque Vítolo, Raúl Uranga, Luis Mc Kay, Emilio Ravignani y Gabriel del Mazo, y leer en los Diarios de Sesiones sus intervenciones parlamentarias, para poder apreciar todo lo que puede hacerse desde el lugar donde el pueblo coloca a los dirigentes con su voto, en defensa de la democracia, las libertades públicas y los derechos de las minorías, en lugar de pretender nuevas quimeras dejando a medio camino las ya conseguidas.