Empleo: el gobierno fijó objetivos pero no cómo se lograrán

El Poder Ejecutivo pregona tres objetivos claros: los planes sociales serán sustituidos por otros denominados Plan Familia, el gobierno no intervendrá en la discusión salarial y la misma se resolverá a través de la negociación colectiva, y por último, el desempleo caerá a un dígito, seguramente a mediados de 2006. En rigor, se han mezclado en estos enunciados obligaciones de medio con otras que son obligaciones de resultado, lo que determina que a veces sabemos «qué deseamos» y otras «a través de qué lo deseamos», lo que no sabemos es cómo se logra. Veamos cada uno de los paradigmas. El proceso de transformación de los planes sociales es básico para cambiar la cultura del asistencialismo por la cultura del trabajo y la producción. «Los problemas de la ocupación reclaman las responsabilidades del Estado, al cual competen el deber de promover políticas que activen el empleo, es decir, que favorezcan la creación de oportunidades de trabajo en el territorio nacional, incentivando para ello el mundo productivo.» (Juan Pablo II, «Laborem exercens», AAS73, 605-608.) «De hecho, el trabajo es un deber no sólo económico y social, sino que es un deber moral, ya que el trabajo es parte integrante de la condición humana, y esencial a los fines de expresar el poder creativo de cada trabajador.» (Juan Pablo II, « Redemptor hominis», 8 AAS 71, 270.). Es una combinación entre el deber al trabajo y el deber de trabajar. En definitiva, quien está amparado por los planes sociales debe recibir capacitación y entrenamiento con salida laboral, para integrarse al mercado del que por diversas razones fue excluido. La falta o la pérdida de empleabilidad es la causa que excluye o expulsa a los trabajadores del mercado. En estos momentos todas las empresas coinciden que el peor problema del mercado laboral de 2006 es la falta de personal calificado. Es por ello, que los ingresos de los planes deben guardar proporción con la estructura de la familia, y el titular de la misma debe capacitarse para integrarse a la sociedad a través del trabajo, trabajo que sobre todo contribuirá a la recuperación de su nivel de vida y de su dignidad. La no intervención del gobierno en la formación de los salarios tiene distintos matices. Por lo pronto, parece que no habrá más decretos con aumentos de salarios. Ya dijimos antes de ahora, que la corrección de la base, tarde o temprano desplaza toda la pirámide, y ese proceso se dará durante 2006. Los salarios se resuelven a través de la negociación colectiva, cuyas comisiones negociadoras están presididas por un funcionario del Ministerio del Trabajo, y por ende es el Estadonuevamente el que se constituirá en una suerte de árbitro del conflicto salarial. La razonabilidad de los aumentos, su relación con la productividad y el vínculo con el costo y la competitividad serán la clave para que estas correcciones no sean distorsivas ni tengan efectos inflacionarios. A la vez, el Salario Mínimo Vital y Móvil seguramente sufrirá cambios, de los actuales $ 630 es probable que gradualmente se instale en el límite de pobreza, nivel en el cual tanto el gobierno como la CGT coinciden en que debe ser el piso mínimo de los ingresos. Por último, el desempleo bajará a menos de 10%, lo que eliminará con ello el recargo a la indemnización por despido incausado. Este descenso se producirá incluyendo los planes sociales, lo que no es tan relevante, si lo que se mantiene es la tendencia declinante, en condiciones sustentables, lo que necesariamente requiere de una fuerte promoción de las inversiones y una clara política a favor del desarrollo de las empresas con mano de obra intensiva. «El Estado tiene el deber de secundar la actividad de las empresas, creando condiciones que aseguren oportunidades de trabajo, estimulándolas donde sea insuficiente y sosteniéndolas en momentos de crisis.» (Juan Pablo II, «Centesimus annus», 48 AAS 83, 843.) En síntesis, para seguir con la lucha contra el desempleo debemos conquistar un aluvión de inversiones nacionales e internacionales, única fórmula para crear empleo genuino y de buena calidad (registrado y de ingresos razonables). Para que obligaciones de medio y de resultado se combinen, además de fijar los objetivos, hay que establecer los medios para alcanzarlos.

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