Decisión política y potencia feminista para una Argentina sin violencias de género

Opiniones

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres, un balance sobre el camino recorrido y las materias pendientes.

Estamos transitando un momento de grandes transformaciones culturales. Como todo proceso que busca modificar las bases profundas de la cultura, es un desafío permanente sostener y profundizar las conquistas que hemos alcanzado desde el movimiento de las mujeres y el colectivo de la diversidad. El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres nos convoca a registrar el camino recorrido, valorar los avances y hacer foco en los desafíos pendientes.

La sanción de la Ley N° 26.485 nos proporcionó un instrumento esencial para visibilizar y reconocer las violencias por motivos de género. Le pusimos nombre a los tipos y modalidades en las que se ejercen y, principalmente, fue posible mirar desde otra perspectiva a este fenómeno. Las violencias de género dejaron de ser consideradas como situaciones del ámbito privado para ser consideradas una problemática pública y, por tanto, política.

El 2015 marcó un hito para todas, todes y todos porque dijimos colectivamente “basta” a las violencias de género. Con el movimiento Ni Una Menos, las calles se inundaron con los reclamos y las reivindicaciones de los movimientos de las mujeres y de la diversidad que alzaron su voz para pedir al Estado que cumpla su función. Ese momento nos posicionó como actorxs políticos relevantes en un escenario donde nuestros derechos elementales eran vulnerados.

Ingresamos a la escena con fuerza, en un momento clave para dar la pelea contra el neoliberalismo que gobernó entre el 2016 y el 2019. El Primer Paro Nacional de Mujeres en Argentina puso esto de manifiesto. Dio cuenta de que mujeres y LGBTI+ se encuentran entre los grupos más vulnerabilizados y con mayor riesgo de vivir situaciones de violencia. Visibilizamos que la pobreza tiene cara de mujer, porque es más difícil para nosotras acceder al trabajo, a la educación, porque nos pagan menos por la misma tarea y porque, además, nos hacemos cargo mayoritariamente del trabajo de cuidado, sosteniendo una jornada laboral doble o triple.

Nosotras entendemos con mucha claridad que no hay modo de empezar a revertir esta base estructural de desigualdades si no se hace con una fuerte decisión política. Visibilizar, nombrar, registrar las desigualdades y las violencias es un acto de justicia. Trabajar desde el Estado para abordarlas y resguardar los derechos que son vulnerados es una responsabilidad.

La decisión del presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner de crear el Ministerio de las Mujeres Géneros y Diversidad de la Nación, llevando a la agenda de género y diversidad a la máxima jerarquía institucional avanza en ese sentido. Crear estructuras para desarrollar políticas públicas orientadas a disminuir las desigualdades de género y que aborden las violencias de género implica, además de poner el foco en estos temas, destinar presupuesto, robustecer la normativa y promover iniciativas que tengan por objetivo transformar la realidad de las mujeres y LGBTI+ de nuestro país.

Nos proponemos una tarea desafiante: modificar la base estructural de las desigualdades de género y para eso es esencial transversalizar el enfoque de género y diversidad en todos los ámbitos. ¿Qué quiere decir esto? que cuando diseñamos políticas públicas tenemos que ampliar la mirada y considerar las perspectivas de quienes se ven impactadxs por las desigualdades. Cuando se hacen políticas de vivienda, tenemos que pensarlas desde la perspectiva de género y diversidad promoviendo iniciativas que tengan impacto en el acceso a esas viviendas de quienes más lo necesitan. Del mismo modo cuando pensamos en políticas de salud, de educación, producción, trabajo, entre muchas áreas y temáticas que aborda el Estado con acciones de distinto tipo, es preciso considerar las desigualdades estructurales que debemos corregir con cada acción del Estado. La perspectiva de género y diversidad es una invitación a pensar las políticas sin ignorar los impactos diferenciales para mujeres y LGBTI+ que tienen las decisiones públicas en una sociedad con profundas desigualdades de género.

Nos proponemos un desafío de grandes dimensiones: transformar el Estado. Y esto requiere de nuestra participación activa y comprometida para estar en el lugar donde se toman las decisiones, jerarquizar y potenciar nuestra agenda. Lograrlo implica hacer crecer la institucionalidad de género para que en cada uno de los 2300 municipios del país haya área de género y diversidad con equipos multidisciplinarios que trabajen y aborden estos temas. Y ministerios en cada provincia, para potenciar la transversalización de la perspectiva de género y diversidad y promover la multiagencialidad.

Nuestra responsabilidad en este momento histórico que conjuga decisión política y fuerza del movimiento es dar más y mejores respuestas. Es trabajar para complementar nuestras políticas en los distintos poderes y niveles del Estado, es gestionar la información para que cuando una persona requiere de asistencia contemos con una herramienta común, una estrategia conjunta, un abordaje integral que impida la revictimización y el aumento del riesgo en situaciones de violencia.

Estamos fortaleciendo el trabajo de las organizaciones comunitarias, sociales y rurales en todo el territorio, que ahora cuentan con nuevas herramientas que son políticas públicas de género y diversidad que impulsa el ministerio que me toca conducir. Asistimos en la emergencia ante las violencias por motivos de género pero no perdemos de vista que las transformaciones necesarias se sustentan en acciones a mediano y largo plazo para que mujeres y LGBTI+ puedan desarrollar vidas independientes y libres de violencias.

Estamos impulsando un proyecto de reforma integral de la Ley N° 26.485. Queremos que sea una normativa sensible a los cambios que se van dando en la sociedad, que contemple las transformaciones que se dieron desde su sanción y que incorpore la forma en que abordamos hoy las violencias por motivos de género. Esta es una conquista, es una herramienta de la que nos apropiamos, una norma innovadora que habla de este momento que estamos viviendo. Es necesario extender su alcance para que represente y refleje los acuerdos que alcanzamos, los derechos de mujeres y LGBTI+ que busca resguardar y garantizar.

Modificar una ley tan innovadora como la 26.485, da cuenta de que estamos avanzando, que hay un mayor nivel de conciencia de la problemática que como sociedad estamos enfrentando y que tenemos la potencia para hacernos cargo de transformar la realidad en que vivimos.

Tenemos la obligación histórica de defender lo conquistado, de honrar la lucha que hemos llevado adelante mujeres y LGBTI+ por nuestra dignidad y nuestros derechos. Nos mueve la convicción de seguir avanzando por lo que nos falta, porque no vamos a parar hasta que hayamos transformado todo lo que deba ser transformado.

*Ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación

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