La horizontalidad y el costo político

El desafío inicial de la coalición gobernante es sostener la unidad y los consensos en el ejercicio del poder más allá de lo electoral.

El binomio presidencial, entre las decisiones de Alberto Fernández y el peso político de Cristina.

NA

Cuando gobierna una coalición, es razonable que haya distintas miradas sobre un mismo tema. El problema, en todo caso, surge por dirimir quién ejerce el poder dentro de esa amplia gama de pensamientos. Si nos ceñimos por el modelo híper presidencialista al que estamos acostumbrados en la Argentina, debería ser el jefe de Estado, Alberto Fernández, quien asuma ese rol en pleno.

Sin embargo, el peso específico propio que tiene su vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, y su inmensa capacidad de movilización y adhesión en las urnas, invierte la relación de fuerzas del binomio presidencial. A esto hay que sumarle otro factor que en términos electorales resultó clave para ganar las últimas elecciones; el líder del Frente Renovador Sergio Massa.

Con todo, el desafío inicial de ésta coalición era sostener la unidad y los consensos en el ejercicio del poder más allá de lo electoral, algo que en los primeros meses de gobierno logró satisfactoriamente, teniendo en cuenta que no había más que condenar la herencia macrista y hacer un diagnóstico de la situación del país hacia adelante.

Lo inquietante vendría -de modo previsible- cuando tuviesen que enfrentarse a cuestiones como la reforma de la justicia, la inseguridad, el aborto y otros temas sensibles para la sociedad y, por ende, para la política. En algunos de esos puntos conviven miradas muy distintas tanto en el seno del kirchnerismo duro, como en el ahora denominado “albertismo”, que nuclea a un peronismo moderado, y del propio massismo.

Prueba de ello resultó la discusión en torno a la liberación de presos con el beneficio de la prisión domiciliaria, un tema estrictamente de la justicia en el que se metió el poder político, como suele ocurrir.

Las reacciones por parte de la sociedad no tardaron en llegar. Vía redes sociales, se organizó un cacerolazo en contra de la liberación de presos que se dio en el epicentro del Área Metropolitana de Buenos Aires pero con alcance nacional en otras provincias. Según la medición de distintas consultoras, las encuestas arrojaron un rechazo cercano al 80% de la sociedad respecto a este tema.

Antes, dentro del propio oficialismo, hubo marchas y contramarchas, mensajes confusos y una andanada de células aisladas que mostraron su opinión al respecto sin un orden que bajara desde la conducción. Primero fue el caso del secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, integrante de “La Cámpora”, y muy cercano al ministro del Interior, “Wado” De Pedro, quien pidió por la liberación del ex secretario de Transporte Ricardo Jaime, detenido por la tragedia de once.

Tras la polémica, el propio presidente –sin puntualizar en ningún caso- citó las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que avalaban las prisiones domiciliarias tanto en los casos de delitos leves, como en personas que estuviesen asociadas a un factor de riesgo vinculado a su salud, o estuviesen próximas a cumplir su condena. Eso dio lugar a una interpretación que Alberto Fernández tuvo que salir a aclarar días después. “Es conocida mi oposición a ejercer la facultad del indulto. Digo esto en momentos en que una campaña mediática se desata acusando al Gobierno que presido de querer favorecer la libertad de quienes han sido condenados”. Y agregó: “En Argentina la solución del problema está en manos de los tribunales. Son los jueces naturales quienes, de considerarlo necesario, disponen libertades”.

En el caso de la ex presidenta, Cristina dejó trascender a través de algunos portavoces como el ministro de seguridad bonaerense, Sergio Berni, quien condenó las liberaciones tras consignar que, si fuera por él, “no sale ninguno”, que también está en contra de la medida adoptada por algunos jueces, aunque no se pronunció abiertamente. Esa falta de intervención pública, tampoco ayudó a ordenar a la tropa y mucho menos aportar claridad a la sociedad respecto a la posición del gobierno frente al tema.

Sergio Massa, en cambio, fue contundente; dijo que estaba terminantemente en contra y añadió que aquellos jueces que liberaron detenidos sobre los cuales pesan delitos graves como abusos sexuales, violencia de género y homicidios, entre otros, serán plausibles de juicio político.

Cabe entonces preguntarse si es viable la conducción horizontal en temas tan sensibles como controvertidos, sobre todo teniendo en cuenta el verticalismo histórico del peronismo. Los resultados están a la vista. El costo político, también.