14 de abril 2005 - 00:00

Inflación es general (pero se puede frenar)

Para desacelerar la inflación, el gobierno tiene que parar con el aumento del gasto público, no hacer más paquetes fiscales tipo Plan Navidad, no aflojar más las condiciones para que los bancos presten, no cerrar más la economía, no fijar más los salarios por decreto y no enviar más a los «gordos» de la CGT para que «aprieten» a empresarios. Los acuerdos de precios son absurdos porque 85% del IPC ya tiene inflación.

Por más que le duela en el alma a nuestro progresismo, fue el ajuste fiscal ortodoxo de Duhalde primero y Kirchner después el que evitó la hiperinflación y causó una violenta caída en la salida de capitales por u$s 20.000 millones (casi 20% del PBI) que, desde fines de 2004, ya está siendo acompañada por entrada de fondos de extranjeros.

Pero para el gobierno no era suficiente, faltaba más. Era necesario demostrar que 20% de votos con los cuales asumió constituían una amarreta demostración de su ascendiente en la sociedad, que ya había cortado el cordón umbilical con Duhalde y que su proyecto transversal era posible. Entonces, un primer objetivo central de política era crecer mucho, a tasas chinas de ser posible, no importaba cuánto tiempo.

Por eso, el gasto público incluidos los intereses de la deuda y las provincias ya creció $ 31.000 millones, y «pinta» para redondear otros $ 20.000 millones a la luz del Presupuesto nacional y el de las provincias para 2005.

Pero tampoco alcanzaba esto para Kirchner. El crédito bancario al sector privado que había llegado a caer hasta 30% anual hacia fines de 2002, en mayo de 2004 tímidamente comenzaba a crecer y hoy ya se está expandiendo a 35% anual. Encima, desde que asumió Martín Redrado en el BCRA, se han relajado muy fuertemente las normas para el otorgamiento de préstamos bancarios al punto de que el gran «castigo» que recibe quien defaulteó un crédito es el otorgamiento de una nueva facilidad para que se pueda poner al día.

• Protecciones

En el medio aparecía un segundo objetivo político que consistía en desarrollar un capitalismo de origen nacional basado en la sustitución de importaciones. Entonces el gobierno comenzó a cerrar la economía. Han habido protecciones para textiles, autos, termotanques, heladeras, lavarropas, calzados, juguetes, etcétera.

El tercer objetivo político que Kirchner se propuso fue la restauración de la «movilidad social ascendente» o, lo que es lo mismo, mejorar la distribución del ingreso. De paso, se insuflaba más «gas» a la demanda doméstica. Para el «pintoresco» progresismo local, al capitalista hay que sacarle todo lo que se pueda vía impuestos y luego redistribuirlo a favor de los que no tienen porque lo que le sobra al empresario argentino después de pagar sus gastos y consumos, lo fuga al exterior (afectando negativamente la demanda interna), y mucho peor todavía si ese capitalista es un extranjero.

Así es que desde 2002 el gobierno ha recaudado un fenomenal impuesto sobre los balances empresarios al no ajustarlos por inflación en un monto cercano a los $ 5.000 millones, que se eleva a $ 5.500 millones al sumársele que el mínimo no imponible en bienes personales tampoco fue ajustado, y finaliza en $ 16.000 millones si agregamos las retenciones a las exportaciones.

Pero faltaba aun más y lo más importante: el aumento de salarios. Desde mediados de 2002 el gobierno decretó seis sumas fijas no remunerativas (julio 2002; enero, marzo y mayo de 2003; enero de 2004 y enero de 2005) de las cuales dos fueron incorporadas al salario bruto (en julio de 2003, la de mayo 2003 por $ 200; y en abril de este año, la de enero pasado por $ 50) y ocho veces subió el salario mínimo para llevarlo de $ 200 en julio de 2003 a $ 450 en setiembre de 2004, lo cual implicó una suba del costo laboral que pagan las empresas de $ 22.000 millones más de 6% del PBI que, sumados a los $ 16.000 millones anteriores, da un total de $ 36.000 millones de transferencias para mejorar la distribución del ingreso que, además en la lógica del gobierno, también serviría para acelerar el crecimiento.

Tampoco fueron suficientes 14 aumentos de salarios por decreto. Hacía falta más. Entonces el gobierno mandó a los «gordos» de la CGT a negociar salarios con la UIA, mientras que el Ministerio de Trabajo participaba y participa en las negociaciones como un abogado de los derechos de los trabajadores y no como un árbitro. Es juez y parte. Así es que vino una segunda ola de aumentos de salarios en el segundo trimestre del presente año.

Con semejantes estímulos a la demanda interna y a los costos empresarios, resulta obvio que la inflación podría reaparecer. Hasta ahora la estamos duplicando por segundo año consecutivo. En 2003 fue de 3,7%, en 2004 de 6,2% y en el primer trimestre de 2005 de 17% anual. Es preocupante, pero si el gobierno mantiene el superávit fiscal no vamos de ninguna manera a una aceleración de los precios sin pausa y si mejora en el resto (el contenido de esta nota), la inflación llegará hasta acá y no más.

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