Más medidas apuntan al trabajo en negro
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Planes sociales y formación de capital humano
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Atención: el nuevo plazo fijo que le gana a la inflación todos los meses
Carlos Tomada
• Las entidades empresarias, las empresas formales y las ONG relacionadas con ellas pueden desplegar estudios, análisis, sistemas y mecanismos de información que faciliten y den apoyo a las autoridades competentes en cada jurisdicción.
• Se pueden establecer planes que permitan la regularización de las pymes, con ayuda técnica (frente a la complejidad de los trámites de inscripción), facilidades de pago, y medios de apoyo financiero y hasta crediticio para el desarrollo de los negocios en la formalidad.
La condonación de deudas, las moratorias, y mecanismos similares deben ser analizadas con cuidado, ya que les brindan beneficios a los infractores, y con ello castigan en forma indirecta a los que cumplieron dentro de la formalidad.
• Traspaso
Además de los controles, habrá que diseñar un plan que permita incentivar y facilitar el traspaso de la actividad informal al ámbito formal. Un trabajador en negro que tiene un salario de quinientos pesos, por ejemplo, cobra quinientos pesos (es decir que el neto y el bruto son iguales) y al empleador clandestino le cuesta la misma suma.
En cambio, si el mismo trabajador está debidamente registrado con un salario de quinientos pesos brutos, cobra de bolsillo cuatrocientos pesos, y al empleador le cuesta entre ochocientos y mil pesos, si incluimos cargas sociales, aguinaldo, vacaciones, licencias, incidencia de otros factores como la aplicación de los convenios colectivos, etc.
• Alto costo
Por ende, el paso del mercado clandestino al mercado formal tiene un altísimo costo, sin perjuicio de lo que significa regularizar el pasado. La lucha contra el trabajo en negro reconoce experiencias exitosas en el derecho comparado, con lo cual, habrá que estudiar esas experiencias para extraer de ellas los medios y sistemas que pueden adaptarse a nuestra realidad.
Estos temas requieren de una batería de instrumentos combinados que permitan lograr una suerte de puente, de modo de trasladar a los evasores al régimen formal. Este traspaso debe tener en cuenta la búsqueda de que las empresas, muchas de ellas pequeñas y de menos de cien trabajadores sobrevivan, ya que de lo contrario, la búsqueda de la regularización puede comprometer la subsistencia de la fuente de trabajo.
Finalmente, parece necesario que en esta cruzada se unan el Estado que ya inició una acción sistemática que se extenderá a todo el país, con todos los actores sociales, desplegando una reforma integral que contribuya a la continuidad de la creación de empleo en blanco, con todos los beneficios y medios de protección que ello implica.
No hay dudas de que el trabajo formal es uno de los desafíos del crecimiento con trabajo de buena calidad.




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