Multas: fallo a favor de empresas

Opiniones

La Justicia laboral declaró la inconstitucionalidad de la obligación legal de depositar el importe de una multa dispuesta por el Ministerio de Trabajo provincial, como requisito previo para poder apelar la misma ante el tribunal competente. El pago previo se ha convertido en un azote para las empresas, sobre todo cuando les asiste razón para impugnarla en cuanto a la causa o a su contenido económico. Es más, estas multas se han convertido en una sanción confiscatoria para muchas empresas, a menudo por incumplimientos meramente formales, o hasta por exceso de rigor formal.

El principio «solve et repete», es decir «pague primero y luego apele o recurra la decisión» ha sido calificado por el Tratado de San José de Costa Rica como contrario a los derechos humanos. Este tratado ahora forma parte de nuestras normas de rango constitucional.

En efecto, las leyes fiscales y las punitivas que establecen multas, a pesar de que las mismas no son exigibles hasta que la decisión administrativa o judicial no esté firme, obligaban a la persona física o jurídica a depositar la misma primero, para poder habilitar el recurso de revisión o la apelación. El derecho, en gran medida se transformaba en ilusorio, toda vez que el daño generado por la multa, aun cuando ésta fuere injusta, arbitraria o desproporcionada, colocaba al imputado en un culpable de hecho, cuando en nuestro sistema jurídico sigue rigiendo el principio de que «se presume la inocencia hasta que no se demuestre lo contrario». Es pues una presunción «iuris tantum» ya que se parte de la noción de que todo sujeto no es punible ni sancionable, hasta que no se demuestre su culpabilidad en la comisión de un delito o de una infracción.

El fallo se dictó en la causa «P de A SRL c/Ministerio de Trabajo Pcia. de Bs.As. s/recurso de apelación (Queja-Expte. 11.269/2008)» en el Tribunal Laboral Nro. 6 de San Isidro, con el voto Susana Marigo -presidente del Tribunal- que estableció la inconstitucionalidad de la ley provincial que impone el pago previo a la interposición del recurso contra una multa del Ministerio de Trabajo provincial. El fundamento principal está dado por violación del principio de legítima defensa, cuando en un plazo exiguo (tres días) hay que realizar el depósito de sumas que son importantes, y que pueden afectar el curso del negocio o las obligaciones de la empresa.

Sobre la base del fallo y de los antecedentes resumimos los fundamentos que se esgrimen para estos casos:

a. Que el principio «solve et repete» lesiona el derecho de propiedad, la garantía del debido proceso y el principio de legítima defensa en juicio.

b. La Convención Americana de los Derechos Humanos (art. 8.1) considera a dicho principio contrario a los derechos humanos.

c. Que el depósito en tres días de la multa impuesta configura un acto imposible, teniendo en cuenta lo exiguo del plazo, y en su caso, lo que configura per se un acto que afecta el derecho del debido proceso, y un modo de privación de justicia.

d. Que en el caso ya resuelto por la Corte Suprema «AFIP c/Falasconi, Pedro y otra» (Fallo 324:2183) en cuanto a la validez formal del depósito previo cuando la finalidad del poder jurisdiccional es controlar al Poder Ejecutivo en el ejercicio de su poder de policía.

e. Si bien el depósito previo parece tener que ver con la necesidad de que no se apelen las multas para diferirlas o sin fundamento, la relevancia del monto y su eventual cuestionamiento, parecen aplicar una sanción para una decisión que no ha quedado firme.

f. Es importante tener en cuenta la imposibilidad del depósito previo cuando el mismo es acreditado por la empresa en forma fehaciente.

La sentencia comentada estableció pues que no es necesario el depósito previo de la multa («solve et repete») para poder articular un recurso de apelación, cuando el monto resulte relevante para la empresa y se acredite la imposibilidad material de pago o la afectación del cumplimiento de obligaciones esenciales. Sólo se debe imponer el pago de una multa cuando se consideró firme la decisión que confirma la existencia de una falta o infracción, y cuando la misma ha sido evaluada como apropiada o adecuada a la falta o incumplimiento comprobado. Toda determinación que se hubiere generado en forma previa constituye una flagrante violación a principios constitucionales apropiados por la vigencia de los tratados internacionales de rango constitucional, como son aquellos que han sido incorporados por la reforma de la Carta Magna de 1994.

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