Opinión de técnicos debe ser aplicada por tres comisiones
Dos políticos con experiencia legislativa y de gestión suman propuestas al trabado conflicto por la construcción de las papeleras sobre el río que une a la Argentina con el Uruguay. El ex senador nacional por Entre Ríos por el peronismo-Héctor Maya entiendeque la fórmula para superarel entredicho es la relocalización de las plantas. Su argumento es que debe resguardarse el valor turístico de la costa del río Uruguay a la altura de Gualeguaychú. El ex embajador en los Estados Unidos Diego Guelar cree que el entendimiento deben alcanzarlo los funcionarios políticos, pero atendiendo al dictamen de los técnicos en medio ambiente. Para eso propone crear un sistema de tres niveles compuesto por una comisión técnica, un tribunal judicial y una agencia ambiental. Veamos los argumentos de estos dos políticos que hoy militan en la oposición al gobierno Kirchner, pese a decirse peronistas.
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2.- se descuenta que existirácontaminación y olores molestos;
3.- se exigirá a las empresas el máximo de los esfuerzos tecnológicos para minimizar el daño.
A los efectos de evitar futuros desastres ecológicos en la región, la Argentina y Uruguay pueden proponer la creación de una agencia medioambiental a ser localizada en Gualeguaychú compuesta por personal técnico de los 10 países que integran el Mercosur (como miembros plenos y asociados) con el objeto de:
1.- relevar la legislación medioambiental existente;
2.- proponer un código de conducta común y la homogeneización de normas;
3.- crear las comisiones técnicas especializadas que monitoreen las tareas de saneamiento necesarias en ríos, ciudades, parques industriales y actividades sensibles así como establecer los procedimientos para la aprobación de nuevos emprendimientos;
4.- proponer un «programa de desarrollo sustentable» con incentivos impositivos a la inversión privada «limpia».
Mejorar las condiciones ambientales que afectan el pasado y el presente así como diseñar el futuro son caras de la misma moneda. La actitud vigilante de la población, dentro del marco de la ley, es un elemento dinámico central para la concientización ciudadana y un impulsor de la reacción de las autoridades. Pero no puede ser un mecanismo que sustituya los cuerpos técnicos y representativos del Estado y sus competencias.
Compatibilizar desarrollo, empleo y cuidado del medioambiente no es fácil pero es posible. Lo que no podemos hacer es oponerlos como contradicción insalvable y, mucho menos, enfrentar pueblos hermanos que deben encarar juntos un destino común.
(*) Ex embajador en Estados Unidos. Secretario de Relaciones Internacionales de Compromiso para el Cambio.




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