Otra embestida contra los tickets canasta

Todos los años, a alguien se le ocurre embestir contra los tickets canasta o alimentarios (artículos 103 bis y 105 bis de la Ley de Contratos de Trabajo, y Decreto 815-01). No se puede apreciar con claridad el objetivo, ya que las ventajas de su implementación legal se han constituido en un beneficio recíproco para trabajadores, empleadores y para el mismo Estado nacional.

Es un peldaño más de la «empresariofobia» desatada en estos últimos tres años. A los trabajadores, el sistema les generó un beneficio social no remunerativo que, junto con otros de la misma naturaleza jurídica, mejoró su calidad de vida, tanto en el plano de la alimentación individual como familiar.

A las empresas las incentivó para contratar el beneficio en función de que los mismos están exentos de cargas sociales (con excepción de 14% de contribución patronal sobre el ticket canasta ordinario).

Los tickets son un beneficio social para el trabajador en base a que las empresas otorgan el mismo con un costo laboral más reducido. Es también un instrumento de blanqueo y de registración de trabajadores, ya que sólo se pueden otorgar a los trabajadores declarados dentro de la economía regular. Son entonces un mecanismo indirecto que obliga a la inscripción del trabajador beneficiario. Si el ticket no existiera como instrumento legal, es poco probable que se hubiera generado la cobertura que hoy existe con más de 2.000.000 de trabajadores beneficiados y alrededor 30.000 empresas usuarias, y unos 3.300 millones de pesos aplicados al sistema.

El Estado también se beneficia con los efectos de la registración, ya que es un instrumento que impone el deber de contar con el trabajador perfectamente inscripto dentro del sistema.

Es importante también apreciar que existen dos tipos de tickets canasta. Uno es el denominado «vale alimentario», incorporado en la Ley de Contrato de Trabajo por medio de la Ley 24.700, junto con otros beneficios como los gastos médicos y farmacéuticos, el reintegro documentado de gastos de guardería, la provisión de útiles escolares, los comedores en la empresa o los gastos de sepelio.

Por otra parte, en el medio de la crisis del gobierno De la Rúa, se dictó el Decreto 815/2001, con el aval del entonces ministro Cavallo, por el cual se admitió un vale alimentario de hasta $ 150 para trabajadores con ingresos inferiores a $ 1.500, por plazos que se fueron prorrogando anualmente, y que venció el 31 de diciembre pasado.

En estos momentos se espera la nueva prórroga del subsistema precedente. Ahora bien, por qué se busca salir del sistema, sabiendo que genera tantos perjuicios. En rigor existe una corriente jurisprudencial que indica que todo ingreso mensurable en términos económicos forma parte de la remuneración. Es más, recientes fallos refiriendo que el celular, la notebook o la cochera pueden ser una retribución encubierta, reflejan que las prestaciones sólo son no remunerativas si están claramente especificadas en la ley, como ocurre con los tickets canasta.

A su vez, se plantea la caducidad o derogación del régimen de tickets como aparentemente lo hace el diputado Héctor Recalde. En tal hipótesis, no parece viable la conversión de los tickets en parte de la remuneración. En primer lugar, porque los beneficios sociales son prestaciones voluntarias, es decir, dispuestas libremente por el empleador.

En segundo lugar, el costo de una prestación remunerativa es considerablemente mayor que la de una no remunerativa como los beneficios sociales, y dentro de ellos los tickets. En tercer lugar, y a pesar de que la caducidad o derogación de un sistema puede generar conflictos laborales de toda índole, es el empleador el que debe resolver el conflicto, sin imposición de normativa alguna.

La imposición legal no sólo no resuelve el conflicto, sino que generalmente genera nuevos enfrentamientos más complejos. Asimismo, el imponer la conversión de un beneficio social en una prestación remunerativa viola normas constitucionales básicas como los artículos 14 (ejercer toda industria lícita), 17 (derecho de propiedad), 16 (igualdad ante la ley), y otras disposiciones complementarias.