El gobierno nacional ha dado pasos firmes tendientes a consolidar su propio poder en desmedro del resto de las instituciones. Los medios de comunicación no fueron ajenos a la tendencia general: según el último informe de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), en la Argentina «puede afirmarse que la libertad de prensa existe con restricciones».
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En general, tanto la SIP, como otras investigaciones independientes, señalan que el principal instrumento que utiliza el gobierno nacional para influir en las decisiones de los medios de comunicación es la publicidad oficial. Lo que dejan en claro estos estudios es que la pauta oficial no se distribuye conforme a un criterio objetivo.
El último informe de la SIP afirma que «la asignación de la publicidad oficial continúa convertida en un sistema de premios y castigos presionando a medios y periodistas, puesto que se sigue sin aplicar criterios técnicos, ni ninguna regla de distribución objetiva».
La discrecionalidad en el manejo de estos fondos públicos incide sobre la libertad de expresión porque permite premiar o castigar a los medios de comunicación y a periodistas por sus líneas editoriales y opiniones, afectando, en última instancia el funcionamiento de nuestro sistema democrático.
Proyecto
Ante este panorama, el año pasado hemos presentado junto al diputado Federico Pinedo un proyecto de ley para regular la publicidad oficial. Esta iniciativa, que fue originalmente presentada en 2004, establece que la información pública debe ser difundida de forma eficaz, respetando la pluralidad de medios mediante una asignación no discriminatoria y a los mejores precios disponibles.
El proyecto plantea que «Télam» será la única agencia facultada para distribuir la publicidad oficial de todos los organismos del Estado (incluidos el Poder Legislativo y el Judicial).
A tal fin deberá confeccionar un Registro de Medios de Comunicación en donde se deberán inscribir todos los medios que deseen recibir publicidad oficial. También «Telam» deberá contar con información sobre el índice de penetración del medio masivo que será elaborado por la Cámara de Control de Medición de Audiencias u otro organismo no gubernamental.
Luego de algunas inexplicables decisiones administrativas vinculadas con la asignación del giro del expediente, todavía no pudo ser debatido por los diputados que integran la Comisión de Comunicaciones de la Cámara de Diputados.
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