Un proyecto de Presupuesto que preanuncia el ajuste

Opiniones

Al ya proyectado ajuste del presupuesto votado a fines de 2020, se le agregó un sobre-ajuste y una subejecución de partidas que dificultó enormemente cualquier mínima reactivación.

Las elecciones, y el debate posterior sobre las causas de los resultados, desnudaron una realidad que muchos pretendían tapar. Los datos son relativamente sencillos de relevar: los salarios y las jubilaciones, junto con los ingresos sociales como la AUH llevan al menos cuatro años en caída libre, pulverizados frente a la inflación. Tenemos un salario mínimo en niveles de indigencia. La creación de empleo brilla por su ausencia y, pandemia mediante, hubo una destrucción sistemática de puestos de trabajo.

Este año, el del “rebote económico” luego de una caída del producto de casi diez puntos en 2020, las políticas gubernamentales no acompañaron. Al contrario, al ya proyectado ajuste del presupuesto votado a fines de 2020, se le agregó un sobre-ajuste y una subejecución de partidas que dificultó enormemente cualquier mínima reactivación, como lo reconocen incluso economistas del oficialismo.

¿Por qué sucede todo esto? ¿Es simplemente “mala praxis” del gabinete económico? No lo pensamos así. El eje del problema pasa por la subordinación de todo a una “restricción externa” que se considera inamovible: cerrar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Este ha sido el norte de la política económica de Martín Guzmán desde el día mismo que asumió. Lo fue antes de la pandemia, cuando promovió la modificación de la fórmula jubilatoria para “ahorrar” recursos destinados al pago de la deuda. Lo siguió siendo en lo más duro de la pandemia, donde el centro de atención del Ministerio de Economía estuvo en cerrar las negociaciones con los acreedores privados. Y lo fue a posteriori, cuando empezó la negociación con el FMI. Dos números ilustran lo que decimos. Desde el comienzo del gobierno de Alberto Fernández hasta fines de este año se llevarán pagados casi 12.000 millones de dólares en conceptos de vencimientos de deuda externa a distintos acreedores (privados y organismos internacionales). El último IFE se abonó hace más de un año. A partir de ese momento, desde el Ministerio de Economía se opusieron rotundamente a otorgar otro, ya que eso iría contra la reducción del gasto, en consonancia con la negociación con el FMI. Incluso el regalo “caído del cielo” de los Derechos Especiales de Giro emitidos por el FMI y distribuidos por el mundo para atender la pandemia, en nuestro país están siendo usados para cubrir vencimientos con el propio Fondo.

Ahora, ante la contundencia del resultado electoral, desde el Gobierno se habla de medidas reactivadoras. Son absolutamente insuficientes. A esto remite subir unos puntos un salario mínimo de indigencia; otorgar un bono a las jubilaciones mínimas, cuando todas están cayendo frente a la inflación y la inmensa mayoría permanecen bajo la línea de pobreza; subir el mínimo no imponible, medida ya anunciada y que, increíblemente, se retrasó tanto que sólo se percibirá a fines de octubre; u ampliar créditos ahora 12 o ahora 18, cuando decenas de miles de familias tienen sus tarjetas de créditos al límite y ya no pueden acceder a esos beneficios. Un conjunto de medidas que no moverán el amperímetro de la reactivación ni mucho menos de la redistribución de la riqueza.

Pero lo más grave es observar cual es el horizonte de proyecciones del propio Gobierno. El ministro Guzmán ha presentado el proyecto de presupuesto 2022. Plantea que el crecimiento económico será de 3,3%, largamente por debajo del de este año. En concreto, planifican un año próximo con un crecimiento muy leve, que no alcanzará siquiera para que recuperemos el estado de la economía de fines de 2019, cuando ya hacía dos años que estábamos en recesión. A esto se le agrega una reducción del déficit fiscal del actual 4,5% al 4%, en consonancia con las exigencias del futuro acuerdo con el FMI. En ese marco, habrá una reducción de los subsidios a la energía desde el actual 2,2% del PBI a 1,5%, que serán cubiertos con incrementos de las tarifas eléctricas y de gas de aproximadamente el 40%. Esto tornará muy difícil cumplir con la meta de que la inflación baje al 33%, como se escribe en el proyecto. Lo más probable es que terminemos nuevamente el año próximo en valores cercanos al 45%, echando por tierra cualquier recuperación salarial.

El presupuesto proyecta un crecimiento del consumo de 4,6%, ya de por sí mezquino, pero que ni siquiera sabemos si se cumplirá, ya que se basa en una más que difícil recuperación salarial del 4%, que no sucederá ya que la inflación será mucho mayor a la proyectada. Y la inversión pública de capital, que refleja cuanto puede crecer la obra pública (sustancial en cualquier perspectiva seria de reactivación y creación de empleo) se incrementará apenas en un valor paupérrimo, pasando del 2,2 al 2,4% del PBI.

En síntesis, estamos ante un presupuesto de ajuste, y que ni siquiera garantizará que no continúe creciendo el endeudamiento externo, ya que este se proyecta aumentando en 12.000 millones de dólares por nuevos créditos con organismos internacionales.

Así, evidentemente no hay salida. Se continúa con la lógica de subordinar todo al acuerdo con el Fondo. Que exigirá ajuste tras ajuste en los años inmediatos posteriores (hasta llegar a un 0% de déficit), para luego reencontrarnos con la vuelta de los vencimientos astronómicos, tanto con los acreedores privados como con el propio FMI.

La única posibilidad de reactivar inmediatamente nuestra economía, redistribuir la riqueza y, en el mediano plazo, tener un proyecto coherente de desarrollo para nuestro país, requiere de un giro de 180 grados. Hay que suspender inmediatamente todos los pagos de deuda externa y romper los lazos políticos y económicos que nos subordinan al FMI, para volcar todos nuestros recursos hacia el mercado interno, priorizando las más urgentes necesidades de salario, jubilaciones, empleo, salud, educación y vivienda.

(*) Economista. Docente e Investigador de la UBA. Dirigente de Izquierda Socialista.

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