Raíz de la decadencia: el poder sobre la ley

Nuestro país padece de una enfermedad crónica y cíclica: a un período de represión en el precio del dólar le sucede una violenta devaluación, que mantiene la estabilidad por un tiempo, al cabo del cual la inflación desata un caos que es seguido por otro período de represión del precio del dólar. Estos dos ciclos sucesivos responden a dos visiones de la economía, que han dominado la acción de gobierno de los últimos cuarenta años.

La visión de los creyentes en la represión y control del precio del dólar es la de quienes piensan que una economía sana debe tener estabilidad en los precios y en el valor de las divisas y no vacilan en acudir a artificios -burdos o sofisticados- para obtener tal control de precios y divisas. Por ello son partidarios de los precios máximos, del dólar a precio fijo, del dólar con tablita, del desagio, la convertibilidad, etcétera. Creen que, con la estabilidad de precios y divisas, aunque sea obtenida por medios represivos, se generará un sano circuito de inversión y crecimiento.

La historia dice que estos controles tienen efectos más o menos prolongados, de acuerdo con su desarrollo técnico y con el poder político del gobierno. Pero al final, en todos los casos, las variables económicas literalmente vuelan por el aire, como sucedió con la inflación cero de Gelbard, la tablita de Martínez de Hoz, el dólar fijo de Grinspun, el Plan Austral de Sourrouille, la última fase de la convertibilidad de Cavallo, etcétera.

A su turno, los creyentes de las teorías devaluatorias son los que piensan que, con mantener un precio alto en el dólar, que permita exportar fácilmente y genere trabajo interno al sustituir importaciones, nace un circuito de inversión, porque hay buenos negocios en la exportación y en el mercado interno y equilibrio fiscal, producto de las retenciones e impuestos que tributan los buenos negocios. Esto, sin duda, lo creyeron Krieger Vassena, Rodrigo, Sigaut, Pugliese, Remes Lenicov y todos aquellos que devaluaron, después de un período de represión del tipo de cambio.

• Caos

Sin embargo, en todos los casos, luego de la devaluación, y asumidas sus brutales consecuencias, los precios internos crecieron equiparando y sobrepasando el efecto devaluatorio. El agro y la industria dejaron de ganar dinero, el pago de las retenciones se volvió imposible, se quebró el equilibrio fiscal, aparecieron la inflación, la puja de sectores y el caos. Paradójicamente, ambos pensamientos son coincidentes en lo esencial, aunque se opongan en materia de aplicación. Los dos constituyen creencias dogmáticas, soluciones mágicas. En los dos, un artificio monetario salva o condena el destino económico de un pueblo. En el primero, se trata de mantener el dólar fijo a cualquier costo; en el segundo, se trata de hacer crecer la economía, elevando artificialmente el valor del dólar. Está claro que, en las dos maneras de pensar, prima un concepto simbólico, nominalista, casi platónico, que dejando de lado la economía real, apuesta todas sus cartas a un número: el precio del dólar. La realidad es que, en nuestro país, la inversión es poca o nula desde hace décadas y es bajo el crecimiento económico, la creación de nuevos negocios, de nuevos empleos y esto repercute negativamente en la calidad de vida, que cada vez es peor. Esto no es responsabilidad de un gobierno ni de una década, sino que es una tendencia sostenida que se mantiene con variantes de poca significación desde los '60. El pensamiento económico que hemos criticado es responsable de la falta de ahorro local y de inversión doméstica y externa. En efecto, durante los períodos de represión en el valor del dólar, todos saben que en algún momento el valor de la divisa volverá a la realidad, sobre todo, porque durante estos períodos siempre hay déficit fiscal, que se financia con emisión monetaria o con endeudamiento.

A su vez, durante los períodos de divisa sobrevaluada, no existe verdadera inversión pública, sino que generalmente se aumenta el gasto, como está sucediendo ahora y que en un tiempo dado, la inflación se emparejará con la divisa sobrevaluada. Es imprescindible que salgamos de esta mentalidad cíclica, que con su inestabilidad dificulta enormemente las decisiones de inversión.

Sabiendo que el valor de la divisa está subvaluado o sobrevaluado, nadie está dispuesto a invertir a largo plazo, porque el restablecimiento de la paridad de equilibrio invalida todos los análisis de costo-beneficio. Abandonadas las ilusiones relacionadas con el valor de la divisa, es imprescindible investigar los comportamientos que se deben adoptar, con el objeto de inducir la inversión y provocar el crecimiento. Nuestro país padece una profunda crisis jurídica, que es el verdadero origen de la ausencia de inversiones. El capitalismo es un producto cultural de Occidente, que tiene como presupuesto, tanto en la historia como en la lógica, la supremacía de la ley («rule of law»). Si el derecho no está por encima de la política, no hay capitalismo y no hay inversión. Inversamente, cuanto mayor es la certeza de los agentes económicos en la supremacía de la ley y del derecho, mayor es la propensión a la inversión.

Si en una sociedad el poder somete a la ley, no existe inversión ni capitalismo. Nuestro país ha quebrado todos estos presupuestos. El derecho vale poco o nada y está permanentemente amenazado por las opiniones o los intereses de los políticos y los grupos económicos. Las normas carecen de estabilidad o permanencia, y la suma del poder público se ha institucionalizado mediante la delegación de funciones legislativas.

• Imprevisible

Nuestros padecimientos en términos de inseguridad jurídica abarcan todas las manifestaciones de la vida. La vida, sin seguridad jurídica, se convierte en algo lleno de sobresaltos, algo imprevisible, peligroso y paralizador.

Esta es la verdadera crisis: desde hace medio siglo que no se invierte en nuestro país, porque se han trastocado las bases jurídicas del sistema capitalista. Un programa para restablecer el gobierno de la ley es algo que, por su complejidad y extensión, excede notoriamente los límites de este trabajo. Pero la decadencia de nuestro sistema es de tal grave-dad, que resulta posible mencionar algunas bases que nadie discutiría. En el pensamiento de las ellas se debe tener siempre como meta aumentar la seguridad para promover la inversión.

1. Restauración de la división de poderes: durante los últimos años, mediante el abuso tolerado de los decretos de necesidad y urgencia, el Poder Ejecutivo Nacional ha asumido casi todas las funciones legislativas. En el último trienio, esta «invasión tolerada» se ha institucionalizado mediante la delegación de funciones legislativas. Deben suprimirse ambas prácticas con una reforma constitucional que las elimine definitivamente.

2. Ley de estabilidad de los actos administrativos: en nuestro país, los actos administrativos carecen de estabilidad. El simple cambio de humor del gobierno importa un nuevo decreto, una nueva resolución, que declara nulo todo lo anterior e instaura un orden nuevo y desampara los derechos anteriores. Para restablecer la certeza y la estabilidad de los actos administrativos, se requiere una ley de estabilidad de los actos de la administración.

3. Reforma del Poder Judicial: un Poder Judicial independiente, ágil y eficaz es la mejor garantía de seguridad jurídica. Se requiere una masiva inversión en recursos humanos y capital, que transforme a nuestro Poder Judicial, hoy postrado por la falta de medios y recursos, en una de las bases fundamentales del desarrollo del sistema capitalista.

4. Independencia del Banco Central: de una vez por todas, nuestro país debe establecer su total independencia, que es otro de los puntos centrales del desarrollo capitalista. Si la moneda se encuentra amenazada por la política y por el gobierno de turno, habrá incertidumbre y no habrá inversión.

5. Reforma tributaria: es imprescindible suprimir la regresividad y la profunda injusticia del sistema tributario argentino. Deben erradicarse injusticias flagrantes que provocan fraude sistemático, tales como el Impuesto a las Ganancias sobre las utilidades reinvertidas y no distribuidas o el IVA sobre los valores devengados y no percibidos.

6. Ley del gasto público: debe establecerse un nivel máximo de gasto público en términos de porcentaje del PBI. El gasto público debe quedar perfectamente aislado y separado de la inversión pública, con fuentes de financiación totalmente separadas y sin vasos comunicantes.

7. Ley de la inversión pública: la inversión pública en infraestructura debe estructurarse sobre fondos específicos sin posibilidad alguna de desvío, que deben dedicarse al desarrollo de infraestructura, al servicio del agro, la industria y las actividades productivas. El renacer del derecho: el poder al desnudo, sin el revestimiento del derecho, es puro salvajismo, imprevisibilidad. Ningún desarrollo espiritual o económico es posible si el poder no está contenido en la ley. En el futuro, la acción de la sociedad y del gobierno debe centrarse en una profunda restauración de las instituciones jurídicas que implique un saneamiento de los graves problemas que padecemos y que bloquean la inversión y el crecimiento. Nuestra «política», de hoy en más, debe tener un solo norte: la supremacía del derecho sobre la política; el renacer del derecho.

(*) Abogado