Las concesiones de los bienes comunes para la explotación por privados

Si hay un tema que ha dado que hablar en los últimos años, pero que parece no ser suficientemente rendidor para los medios, es el problema de los aumentos de las tarifas de todos los servicios públicos.

Podríamos hablar del desbarajuste monumental realizado a partir del año 2016, en desmedro de la economía de las familias argentinas y a favor de los dueños de las empresas concesionarias de los servicios públicos, pero sin duda, el conflicto mayor empezó más atrás en el tiempo y es momento de que lo analicemos.

A partir de la presidencia de Carlos Saúl Menem, allá por los años 90, en conjunto con la decisión económica de su ministro Domingo Cavallo, devenido articulador de las ideas de los Chicago Boys, condujeron la economía del país hacia un sinfín de privatizaciones en las que cayeron también, los servicios públicos.

Los entes reguladores creados en esos mismos años para acompañar el proceso privatizador, deberían ver la concesión de los servicios públicos administrados por los proveedores privados para garantizar la continuidad del contrato de concesión y proteger el acceso y el cuidado del interés económico del usuario. Pero nos encontramos hoy, con Entes cooptados por los proveedores, quienes han terminado, luego de 30 años de concesión imponiendo la idea de que el servicio público es un bien de mercado. Muy lejos de ser un servicio público de bienes comunes.

Los valores expuestos por los proveedores, el ente regulador y el órgano que administra la Energía, ya fueron resueltos en acuerdos con los proveedores antes que el debate llegue a los usuarios, por lo que las audiencias en realidad son meramente informativas y tan solo para dar “legalidad” a los procesos de ajuste que deben firmar y decidir el Gobernador y el Presidente, para que no vayan a ser investigados penalmente.

Sin duda, ha llegado el momento que los argentinos comencemos a pensar un modelo distinto al de las privatizaciones, que sostienen que los servicios públicos son un bien de mercado, muy lejos de la concepción de un derecho social. Debemos garantizar el acceso a los dueños originales de esos bienes comunes, que somos nosotros, todos: el Estado.

¿Cuánto cuesta el gas? (Objetivo de la causa C.E.P.I.S.)

Sin ir más lejos, este 31 de enero nos presentamos a una nueva audiencia pública sobre el precio del gas natural en el punto de ingreso al sistema de transporte (PIST), que representa el 40% del valor de las facturas que pagamos todos los usuarios; y a su vez, el porcentaje de costo que asumirá el Estado Nacional mediante subsidios en el marco de la política del Plan de Promoción del Gas Natural Argentino 2020-2024.

El Estado Nacional pretende tomar a su cargo el pago del 70% del costo total del gas natural necesario para satisfacer la demanda prioritaria de los usuarios residenciales e Industria; lo que en 2021 demandó un costo fiscal de $ 132.963 millones y una necesidad de partidas extra de $ 56.087 millones no presupuestadas. En este año 2022 el costo fiscal será de $216.365 millones y sin necesidad de partidas extras, porque Juntos por el Cambio decidió que el Gobierno se maneje con la ampliación de las partidas del presupuesto 2021. Mala decisión de la coalición de Juntos por el Cambio de no aprobar presupuesto para 2022.

Si la Nación aporta el 70% del total, que es de $216.365 millones, los usuarios deberemos bancar $88.814 millones. El resto ya hubiera estado dispuesto en el Presupuesto 2022, pero, al no ser aprobado por el Congreso, el presidente puede ampliar y utilizar a gusto y conveniencia el Presupuesto del año anterior.

Esta situación implica un aumento del valor del gas en el punto de ingreso al sistema de transporte del 63% para los usuarios. Suma que en la factura de una casa de familia ubicada al Norte de Buenos Aires - Usuario residencial R3-1 - rondaría entre un 26% y 39%. Pero en mi provincia de Mendoza y toda la Zona fría, este aumento se elevará por encima del 59%, ya que en promedio los usuarios residenciales de esta zona son R3-4.

La prestación del servicio público de gas domiciliario y la producción

Venimos de un periodo de cuatro años de aumentos descontrolados (2015-2019). En Mendoza, los aumentos más estrafalarios fueron del 6800% más en el gas, y del 3374% en la electricidad. La inflación fue del 231% hasta 2021; y si sumamos el año pasado, nos da un 281,9%. Básicamente, los servicios aumentaron unas 29 veces más de lo que subió la inflación.

En el mismo período, el salario mínimo vital y móvil subió cuatro veces nada más. Tarifas suben 6800%, sueldos suben 400%, inflación 281.9%. Lo que esto significa es claro: “POBREZA ENERGÉTICA TOTAL”. Por eso es que las audiencias actuales no se tratan de gestionar un ajuste sobre lo atrasado, si no de transferir recursos.

A 30 años de las concesiones, no estamos hablamos de ajustar lo que estaba atrasado (no hay realismo mágico que quiera fundar que era 68 veces lo que se pagaba en el 2014); hablamos de una transferencia de recursos gigantesca, de los trabajadores y consumidores, a los proveedores monopólicos que, con la concesión, proveen y administran servicios esenciales. No hablamos acá de libre mercado, hablamos de un servicio al que el usuario debe acceder porque es esencial.

Cambiar el modelo privatizador

Es momento que en nuestro país se debata otro modelo que priorice el acceso a los servicios esenciales para que se cumplan con los derechos humanos más básicos. Todos entendemos las necesidades fiscales, y desde mi lugar en el congreso de la nación he trabajado sobre este aspecto y apoyado todas las iniciativas que fueron necesarias para sostener las medidas sanitarias (eso incluyó un paquete fiscal importante y prioritario, así como la renegociación de la deuda), pero las necesidades fiscales, no pueden ir por delante de los derechos básicos de los consumidores y usuarios. Esa lógica la podemos tener para otros bienes y servicios, pero no para el gas, la luz o el agua.

Los salarios vienen atrasados por años de ajuste y transferencia de recursos, justamente a estos sectores que se concentran en muy pocos. La expectativa de este año, y con el cierre de un acuerdo con los acreedores, es volver a una activación económica y un ajuste muy levemente al alta de los salarios, que no alcanzará ni cerca para lo que se perdió en los años de pandemia pasados y los años anteriores. Todo esto termina en una reflexión esencial: no solo tenemos que mirar los ingresos de una familia, tenemos que observar sus egresos y cómo lograr que esas salidas de dinero no sigan siendo mayores a los ingresos.

Estamos hablando de que apenas los salarios van a crecer por arriba de la inflación proyectada (y que vienen perdiendo hace al menos 5 años a la inflación). ¿Vamos a volver a sacarles más de lo que la inflación dio el año pasado y de lo que va a dar este año? Vuelvo a preguntarme ¿Seguimos con la política de empobrecimiento energético y de las familias, o estamos en otro camino?

Diputado Nacional por Mendoza