Uno de los preceptos básicos e indiscutidos de nuestra Constitución nacional es el consagrado en el artículo 16, según el cual todos los habitantes son iguales ante la ley, ya que la Nación argentina no admite prerrogativas de sangre ni de nacimiento; no hay en ella fueros personales ni títulos de nobleza. Este principio rector del régimen de convivencia argentino, que integrara la versión original de la Constitución de 1853, y que constituyera uno de los pilares de la construcción de la nacionalidad, coincidente con la tradición histórica que tuvo inicio en la Asamblea del año 13, ha sido respetado en todas las reformas constitucionales argentinas (1860, 1949, 1957 y 1994).
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También se encuentra reconocido este principio en la Convención Americana de Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (art. 26) y, especialmente, en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Esta última es especialmente explícita al agregar que las personas tienen los derechos y deberes consagrados en la Declaración, sin distinción de raza, sexo, idioma, credo, ni otra alguna (art. II); pero también declara que toda persona tiene el deber de obedecer a la ley y demás mandamientos legítimos de las autoridades de su país y de aquél en que se encuentre (art. XIII).
Pues bien, esto no ocurre en la República Argentina hoy. En nuestro país, por desgracia, asistimos a la implantación de fueros personales de hecho, pues existen personas que -por una decisión arbitraria e ilegítima de quienes ejercen el poder y su ámbito de influenciase encuentran al margen de la obligación general del cumplimiento de las leyes y cuentan con una franquicia otorgada por el poder político para poder violar la ley y avasallar los derechos y garantías constitucionales del resto de la población, sin someterse a las restricciones que sufren los demás habitantes del país en esta materia, siendo, además, subsidiados por todos.
Ningún ciudadano común, desde el más humilde hasta el más encumbrado, podría imaginar que si un día decide -junto con otros y en forma concertada y premeditadasitiar una ciudad entera, cortar rutas nacionales, cobrar peajes compulsivos, golpear a policías, incendiar comisarías, invadir comercios y casinos privando de la libertad a personas, no será inmediatamente detenido, impedido de continuar con su accionar delictivo y sometido a proceso penal, asumiendo las gravísimas consecuencias de su conducta con una pena privativa de la libertad por largo tiempo.
Para estos ciudadanos comunes, el solo hecho de estacionar su vehículo por dos minutos en una calle poco transitada para comprar cigarrillos en un quiosco, o no llevar consigo el último recibo de la patente del coche, serán gravísimas faltas que tendrán inmediata sanción. No sería de extrañar que el mismo taxista, cuya cabeza fue rota por un sujeto que minutos antes había sido arrestado y luego liberado, pueda ser multado, minutos después por las mismas fuerzas del orden que observaban su agresión -con instrucciones de no intervenirpor haber utilizado un celular para llamar a la ambulancia mientras estaba sentado al volante de su taxi. Para quienes gozan de estos nuevos fueros personales, todo es distinto. Quien cometa cualquiera de estos actos invocando su condición de beneficiario de estos nuevos fueros, bajo la denominación genérica de «protesta social», estará fuera del alcance de la actuación de las fuerzas del orden. Los delitos descriptos no serán ya violación de la ley, sino que serán actos de «pacificación» y de contenido «político», habilitándolos a convertirse en personajes «mediáticos» e interlocutores importantes del gobierno.
Pero lo descripto es sólo la punta del iceberg. En realidad, estas personas y grupos van más allá, pues ya no sólo se valen de los fueros para sus propósitos específicos, sino que, además, conscientes de que el Estado ha resignado su derecho al ejercicio del monopolio de la fuerza, están aprovechando estos fueros para colocarse -como legitimados para el uso de la violencia en forma impune-al servicio de otros ciudadanos que no tengan dichos fueros y que les piden ayuda para resolver cuestiones particulares.
Así, si los vendedores ambulantes, los travestis u otro grupo de afinidad necesitan cometer tropelías para hacerse notar y oponerse a algún proyecto legislativo o reclamar por sus intereses, y tienen miedo de ser sancionados o impedidos de hacerlo, recurrirán al apoyo de estos otros grupos beneficiarios de fueros para, a su amparo, llevar a cabo los actos de violencia con la garantía de que no serán impedidos de realizarlos.
• Vuelo propio
Si alguien desea efectuar un reclamo particular a la Justicia por una situación familiar vivida, también solicitará su ayuda y, con ello, se garantizará poder recurrir a la violencia para ingresar por la fuerza en oficinas judiciales y descargar su rabia o su odio --sentimientos aún eventualmente legítimos-pegándoles palos a los policías, quemando un local y destruyendo todas sus instalaciones, incendiando patrulleros y autos estacionados, sin siquiera ser molestados. Lo más grave es que cualquier conjunto de personas está advirtiendo hoy que puede tomar vuelo propio y no necesitar del apoyo de estos privilegiados, pues con la mera invocación de una representación grupal para la «protesta social», «reclamo de justicia» o argumentos similares, se puede llegar a acceder a esos fueros personales y constituirse en un nuevo grupo de «privilegio» que no tiene necesidad de respetar la ley. Sin ir más lejos, un conjunto de ahorristas, liderados por un cómico, estuvo hace pocos días a punto de incendiar el Palacio de Tribunales y las oficinas de la Corte invocando el mismo derecho de protesta que se arrogan los otros grupos sociales autores de desmanes anteriores. Como puede advertirse, si no se pone rápido coto a esto, las consecuencias pueden ser irreparables. Siendo que nuestros gobernantes recuerdan su origen peronista, sería bueno que releyeran a su líder, quien alguna vez dijo:
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