La Eurolat debatió el paradigma de los agronegocios

Opiniones

La Comisión de Desarrollo Sostenible Asamblea Parlamentaria Eurolatinoamericana analizó el uso de pesticidas en el campo.

La Comisión de Desarrollo Sostenible de la Asamblea Parlamentaria Eurolatinoamericana debatió sobre el modelo de agrotóxicos que las corporaciones promueven en América Latina con pesticidas que han sido prohibidos en la Unión Europea.

En la reunión del 12 de abril fui invitado para exponer en la Comisión de Desarrollo Regional Sostenible de Eurolat y realicé ante parlamentarios europeos y latinoamericanos, un duro cuestionamiento al paradigma del agro-negocio que implica graves consecuencias socio-ambientales en América Latina, utilizando agrotóxicos que paradójicamente están prohibidos por la Unión Europea.

En el mismo sentido, el Copresidente de la Comisión, Arlindo Chinaglia, destacó que “muchos pesticidas están prohibidos en Europa, pero son liberados en América Latina. Sin embargo, quienes fabrican estos pesticidas son empresas europeas. Un acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea se ha discutido durante muchos años. Mucha gente no lo sabe, pero si se firma este acuerdo, los aranceles a la importación de plaguicidas se reducirán en un 90%, es decir, volverá a facilitar brutalmente una avalancha de plaguicidas que perjudicará a las poblaciones de nuestra región.”

Según una investigación llevada a cabo por el equipo periodístico de Greenpeace Unearthed y por la ONG Public Eye, en el año 2018 Europa vendió 81.615 toneladas de pesticidas prohibidos, insumos químicos agrícolas clasificados como altamente peligrosos para la salud humana, los animales y el ambiente. Entre los receptores de estos pesticidas prohibidos están Brasil, Argentina, Chile, Colombia, Perú, Ecuador, México, Costa Rica, Honduras y Cuba, además de otras naciones en vías de desarrollo de África y Asia.

Es preciso enfatizar el grave problema de que el modelo extractivo –que implica la megaminería a cielo abierto con cianuro, la explotación de hidrocarburos no convencionales a través del fracking y la producción intensiva de cultivos transgénicos con agrotóxicos- promueve actividades que utilizan y contaminan miles de millones de litros de agua, amenazando la protección y defensa de este recurso estratégico ante un escenario de calentamiento global y una crisis hídrica a escala mundial. A su vez, este tipo de modelo necesita de la deforestación de miles de hectáreas de Bosque Nativo, para expandir la frontera agropecuaria, en la búsqueda de obtener mayores ganancias, sin contemplar las consecuencias sociales y ambientales de sus actividades.

En la última década, América Latina encabeza junto a Estados Unidos el consumo mundial de agrotóxicos, muy usados en los cultivos de transgénicos como la soja o el algodón. Brasil y Argentina encabezan la estadística latinoamericana. Con 1.000 millones de litros de agrotóxicos por año, Brasil es el Estado del mundo que emplea más pesticidas en su agricultura, superando en ciertos años incluso a EE UU. Según la Asociación Brasileña de Salud Colectiva (Abrasco), el 70% de los alimentos consumidos en este país tropical están contaminados por los agrotóxicos. Esto supone que cada brasileño consume anualmente una media de 7,3 litros de plaguicidas.

A lo largo de 24 años el modelo del agro-negocio avanzó imponiéndose en Estados Unidos y posteriormente en Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil y Bolivia; para lo cual se arrasaron más de 45 millones de hectáreas de bosque nativo, que abarcan desde el Gran Chaco Americano hasta la Selva Amazónica. Paralelamente en nuestra región la posesión de la tierra se concentró de forma dramática, con el caso extremo de Paraguay, donde el 3% de los productores concentran hoy el 85% de la tierra. De esta forma vemos como ha crecido aceleradamente la concentración, la extranjerización y la producción no diversificada de la tierra; al mismo tiempo que crece la concentración y transnacionalización del Mercado.

Los impactos de la utilización de agrotóxicos en la salud humana y el medio ambiente en América Latina ante el contexto del calentamiento global

En términos de impactos en la salud humana, a través de diversos estudios en distintos países de América Latina, está demostrado que los pesticidas se encuentran presentes en la tierra, el aire, el agua, los alimentos e incluso en sangre. Las comunidades ven cotidianamente como se multiplican los casos de cáncer, los abortos y los nacimientos con malformaciones. “Hay varias investigaciones en los Estados de Ceará, de Mato Grosso y de Paraná, en Brasil, que muestran un aumento de los casos de cáncer y de malformaciones en fetos ligados al uso extensivo de agrotóxicos”, señala Karen Friedrich, investigadora de la Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz) y profesora de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Recordemos que en 2015 la Organización Mundial de la Salud (OMS) señaló que hay pruebas convincentes de que el glifosato puede causar cáncer en animales de laboratorio y hay pruebas limitadas de carcinogenicidad en humanos (linfoma no Hodgkin), mientras que el herbicida «también causó daño del ADN y los cromosomas en las células humanas».

Entre 2009 y 2013, Paraguay quintuplicó su importación de agrotóxicos. De ocho millones de kilos pasaron a importar 43 millones de kilos, según datos oficiales. Frente a este incremento, en 2015 la ONU llegó a expresar su preocupación, al mismo tiempo que instaba a este país suramericano a regular el uso de los pesticidas.

Uruguay emplea de manera abundante peligrosos herbicidas. En este país el 97% de las frutas y hortalizas que se consumieron entre noviembre de 2015 y agosto de 2016 presentaban residuos de plaguicidas, según datos de la Unidad de Regulación Alimentaria de la Intendencia Municipal de Montevideo. Argentina, con un alto consumo de glifosato, aplica cerca de 800 millones de litros por año, produciendo contaminación de ríos y fuentes de agua.

Es por estos impactos comprobados en la salud humana y el medio ambiente que se ha vuelto indispensable cuestionar el modelo de producción extractivista, la agricultura industrial y la explotación de la naturaleza como paradigma que impera globalmente, pues representa un modo de producción y consumo que, ante el contexto del calentamiento global, pone en riesgo la continuidad misma de nuestra vida sobre la tierra, tal y como lo ha expresado el Secretario General de las Naciones Unidas Antonio Guterres, quien alertó que “el mundo avanza como un sonámbulo hacia la catástrofe climática”.

En un análisis del actual contexto mundial, Guterres afirmó que las consecuencias de la guerra en Ucrania amenazan con trastornar los mercados mundiales de alimentos y energía con implicaciones funestas para la agenda climática mundial. El Secretario General de la ONU subrayó la necesidad de que este año se concreten coaliciones climáticas para ayudar a las economías emergentes a eliminar el carbón con urgencia, y de que se impulse un aumento rápido y transformador en el financiamiento climático con los bancos multilaterales de desarrollo liderando el desbloqueo de los billones de dólares que se necesitan.

Guterres hizo referencia también al informe del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) que hace apenas algunas semanas confirmó que la mitad de la humanidad vive ya en zonas de peligro como consecuencia de ese fenómeno. Señaló que las pequeñas naciones insulares, los países menos adelantados y las personas pobres y vulnerables de todo el mundo están a un choque climático de distancia del fin del mundo. Y finalmente consideró que en el planeta interconectado de hoy, ningún país ni corporación puede aislarse de esos niveles de caos; y que, a menos que los gobiernos de todo el mundo reevalúen sus políticas energéticas, el mundo será inhabitable.

En nuestros países latinoamericanos se promueven supuestas soluciones del modelo extractivo, ofrecidas como herramientas para superar la pobreza y lograr ingreso de divisas. Pero estas son actividades prohibidas en la Unión Europea por sus impactos en la salud humana y el medio ambiente: en 2010, los eurodiputados por amplia mayoría en el Parlamento Europeo solicitaron a todos los países de la Comunidad Económica Europea la prohibición total del uso de cianuro en minería.

Esta resolución, aprobada por 488 votos a favor, asegura que la minería no crea empleo real ni duradero, afirma que es una industria insegura (recuerda que hubo accidentes y advierte que los seguirá habiendo), señala que tanto la salud humana como el ambiente corren peligro y remarcó que la minería en base a cianuro pone en riesgo las fuentes de agua y la biodiversidad.

Un fenómeno similar ocurre con los plaguicidas o agrotóxicos: diversas empresas europeas exportan pesticidas que están prohibidos en la Unión Europea, por sus impactos en la salud humana y el medio ambiente. Entre los agroquímicos prohibidos enviados por tonelada desde los puertos de la Unión Europea se encuentran sustancias que, según las propias autoridades de la UE, plantean peligros potenciales para la salud, como insuficiencia reproductiva, alteraciones endocrinas o cáncer, y peligros ambientales como la contaminación de las aguas subterráneas o el envenenamiento de peces, aves, mamíferos o abejas.

El referente de Naciones Unidas, Baskut Tuncak, reclamó que termine la exportación de sustancias químicas tóxicas de los países ricos a los pobres. Actualmente, existen lagunas en la legislación europea que propician que empresas químicas puedan seguir fabricando pesticidas para la exportación mucho después de que se haya prohibido su uso en la Unión Europea para proteger el medio ambiente o la salud de sus ciudadanos. Durante el 2019, según una investigación de la organización Greenpeace publicada en el medio Unearthed, por lo menos 30 Estados exportaron sustancias peligrosas que fueron prohibidas en los países de origen por motivos sanitarios y ambientales a América Latina, África y Asia.

Se presenta entonces el interrogante de cómo resolver los problemas de desigualdad de nuestros países sin profundizar un modelo extractivo que presenta graves consecuencias sociales y ambientales. A la hora de avanzar en la discusión de un acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, consideramos imprescindible dar estos debates de cara a la sociedad, contemplando la magnitud de los desafíos que enfrentamos como región y como humanidad.

Ante este escenario, en Argentina se vuelve imprescindible avanzar con la aprobación de la Ley de Humedales, debatir la necesidad de la Declaración de la Naturaleza como Sujeto de Derecho, promover la Ley de Acceso a la Tierra que viene siendo impulsada desde 2016 por la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT); fomentar la agroecología para lograr la soberanía alimentaria.

En la búsqueda de alternativas, desde diversas experiencias se promueve a la agroecología como un paradigma de cambio que trascienda el modelo de las semillas transgénicas y los pesticidas de agro-negocio, que no ha cumplido con su promesa de terminar con el hambre en el mundo.

Según la investigación “¿Quién nos alimentará? ¿La red campesina alimentaria o la cadena agroindustrial?” realizada por el Grupo ETC (Grupo de Acción sobre Erosión, Tecnología y Concentración) la agricultura campesina produce el 70% de los alimentos del mundo en el 25% de la tierra; mientras que el agronegocio, para producir el 25% de la comida, recurre al 75% de la tierra. Dicha investigación desarma los mitos de la agricultura industrial y transgénica y asegura que si los gobiernos quieren acabar con el hambre y frenar el cambio climático, deben aplicar políticas públicas para impulsar la agricultura campesina.

El estudio asegura que, con las políticas adecuadas, el modelo campesino-agroecológico podría triplicar el empleo en el campo, reducir sustancialmente la presión sobre las ciudades ejercida por la migración, mejorar la calidad nutricional de los alimentos y eliminar el hambre. La agroecología, la educación popular y la soberanía alimentaria tienen mucho para aportar en la necesaria transformación del modelo de agricultura y alimentación, para poder realizar una transición necesaria y urgente hacia un modelo sustentable que propicie el cuidado de la salud humana y el medio ambiente.

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