Usan la Constitución para crear confusión

A poco más de un mes de ocurrida la tragedia de República de Cromañón se acentúa la crisis política desatada en la Jefatura de Gobierno de la Ciudad.

Impotente para dar respuestas frente a una Legislatura que también se muestra lenta e inoperante para exigirlas y obtenerlas, el jefe de Gobierno parece advertir que su responsabilidad en los hechos acaecidos, tanto política como -eventualmente- personal, es algo que ha calado hondo en el cuerpo social, el que lo relaciona directamente con lo ocurrido en el siniestro que cobrara la vida de 192 personas en la desgraciada noche del 30 de diciembre próximo pasado. Cada día que pasa pueden demostrarse con más precisión la ausencia y deficiencia de los controles que debieron efectuarse; la permisividad, negligencia -cuando no complicidad- existente en materia de fiscalización y, en forma general, la despreocupación absoluta por parte de las autoridades del área en materia de seguridad.

Pero lo más grave es que, más allá de lo dramático de lo ocurrido y la magnitud de este hecho, cuanto más se ahonda en la investigación, más se advierte que el desastre global pudo haber sido aun mayor si se tiene en cuenta que bajo la gestión del nuevo Secretario de Seguridad de la Ciudad, Juan José Alvarez, se procedió a comprobar que varios centenares de establecimientos públicos y privados -de diversa naturaleza- que recibían una enorme concurrencia de público no presentaban las más elementales normas de seguridad, donde pudieron haber ocurrido y multiplicarse tragedias similares.

• Patetismo

Otro aspecto realmente curioso es que, a pesar de haberse intentado justificar la inacción del Gobierno de la Ciudad en sostener que la legislación que regulaba los procedimientos de habilitación era inapropiada y «vetusta», el nuevo funcionario designado -Alvarez-consiguió imponer sanciones y clausuras a infractores sin haber modificado tal legislación; ello ha hecho más patético el caso.

Existe entonces un hecho concreto que revela la existencia de una grave falta en el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyo responsable máximo en esta materia es el jefe de Gobierno, conforme lo dispone el art. 102 de la Constitución de la Ciudad. Para aquellos casos en los cuales dicho jefe de Gobierno incurre en mal desempeño del cargo o comete algún delito en el ejercicio de sus funciones o algún delito común, la Constitución de la Ciudad prevé el procedimiento del juicio político, por medio del cual puede ser destituido por la Legislatura (art. 92), luego de transitar por dicho proceso. Desde ya que este procedimiento no es algo a lo que esté dispuesto a someterse el jefe de Gobierno, y quizá tampoco esté decidida a llevar adelante una Legislatura que, hasta el momento, no se ha mostrado tampoco diligente ni operativa.

Bastaría recordar la demora habida en poder reunirse luego de la tragedia, la postergación sistemática de la interpelación al funcionario, y la falta de ejercicio de sus facultades para exigir la presentación de los informes requeridos y documentación en tiempo y forma, para corroborar la afirmación. Previniendo algún cambio de rumbo, el jefe de Gobierno -en un acto de astucia y de impacto mediático, aunque absolutamente antijurídico- ha intentado «victimizarse» promoviendo la realización de un plebiscito para intentar legitimar su actuación al frente del Gobierno de la Ciudad bajo el instituto de la «revocación de mandato» previsto por el art. 67 de la Constitución de la Ciudad. Se equivoca doblemente Aníbal Ibarra.

En primer lugar, incurre en un error porque el derecho a solicitar la «revocación del mandato del jefe de Gobierno» es un derecho que tiene «el electorado» y no «el funcionario», de donde parecería que pretende arrogarse los derechos del «pueblo» para disparar operativamente instituciones constitucionales en uso de atribuciones que como jefe de Gobierno no tiene. Su adicional y absurda pretensión -rechazada ayer- de que el Tribunal Superior de la Ciudad lo liberase además graciosamente de la exigencia constitucional de que la petición sea avalada por las firmas de 20% de los inscriptos en el padrón electoral de la Ciudad era también otra violación de la norma legal y una instigación a que dicho Tribunal soslayase una exigencia constitucional de la que no puede apartarse; y ello constituye su segundo error.

• Confusión

Es que aquí se han confundido en forma no inocente dos cuestiones muy distintas: 1) por una parte, la responsabilidad política (art. 92 de la Constitución de la Ciudad) y legal (normas pertinentes de los Códigos Penal y Civil) por mal desempeño de las funciones, las que se resuelven por la vía del juicio político y las sentencias de los jueces competentes, adjudicando las responsabilidades e imponiendo las condenas pertinentes -respectivamente- y, por la otra parte, 2) algo distinto, como lo es la mera disconformidad que un electorado pudiera tener en relación con el desempeño de las funciones por parte de quien resultó elegido para el cargo de jefe de Gobierno.

Los ciudadanos no deben dejarse engañar en este caso. No se trata aquí de que los electores de la Ciudad de Buenos Aires deban replantearse si consideran que el jefe de Gobierno electo en las últimas elecciones satisface -o no- en su desempeño las expectativas puestas en él al momento de ser elegido. De lo que trata -en realidad- en este caso es de determinar si el jefe de Gobierno tiene responsabilidad política y legal frente a la tragedia ocurrida el 30 de diciembre de 2004 en la cual perdieron la vida 192 personas, y el electorado no es ni puede ser el juez de estos procesos. En lo atinente a la responsabilidad política, el juez es la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires (arts. 92, 93 y 94 de la Constitución) a través del procedimiento del juicio político; y en materia de responsabilidad legal la competencia está a cargo de los jueces de la Nación en cada materia justiciable. La ciudadanía no debe sucumbir a las maniobras mediáticas que se articulan para alejar la atención del verdadero núcleo del conflicto, como tampoco puede permitir que se utilice la Constitución para confundir al pueblo.