Vender Nucleoeléctrica: el peor negocio (para el país) o un buen trato (para vivos)

El resultado práctico no es fortalecer la seguridad de suministro ni la soberanía tecnológica, sino preparar la empresa para su enajenación parcial.

El Gobierno impulsa la privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NA-SA), una empresa estatal superavitaria y estratégica que opera Atucha I, Atucha II y Embalse. La operación se presenta como “reforma”, pero en los hechos debilita la soberanía tecnológica y desmantela décadas de desarrollo nuclear argentino.

Un plan que avanza en clave de venta

Desde la llegada de Demian Reidel a la presidencia de NA-SA, con la presentación de su nuevo “Plan Nuclear”, distintos sectores especializados advirtieron que la estrategia avanzaba en clave de control para facilitar la venta de parte del patrimonio nuclear. La secuencia es clara: anuncio de cuatro reactores modulares pequeños (SMR) en terrenos contiguos a Atucha; paralización del CAREM —primer reactor de potencia íntegramente argentino—; despidos de gerentes clave que garantizaban controles efectivos; y, finalmente, el Decreto 695/2025 que habilita licitar el 44% de NA-SA y reservar otro 5% a un Programa de Propiedad Participada.

El resultado práctico no es fortalecer la seguridad de suministro ni la soberanía tecnológica, sino preparar la empresa para su enajenación parcial.

Privatizar en la cresta: vender una empresa superavitaria

NA-SA opera con excelencia las tres centrales nucleares de potencia del país, y en 2024 alcanzó un récord histórico de generación: 10.449.015 MWh y un factor de carga del 73,3%. Además, en el primer trimestre de 2025 registró un superávit de $17.234 millones.

Privatizar en su mejor momento es una pésima praxis de política pública. Argentina pertenece al selecto grupo de países que dominan la energía nuclear con fines pacíficos; desprenderse de un activo estratégico en la cresta de su productividad implica sacrificar previsibilidad y estrategia a cambio de un atajo político.

¿Quién compra el 44% sin control, con tarifa regulada y una central parada?

La pregunta no es menor. ¿Qué inversor serio entra a un 44% sin control accionario, con tarifas reguladas por la Secretaría de Energía y con Atucha I fuera de servicio por la extensión de vida? Incluso voces no estatistas, como Julián Gadano, señalaron el sinsentido: vender sin ceder control desalienta el interés privado y, en estas condiciones, el activo pierde atractivo.

En lugar de robustecer gobernanza, tarifas y cronogramas de inversión, se fuerza una privatización parcial simbólica, de pésimo timing.

Soberanía tecnológica vs. “señales” pro-mercado

El valor de NA-SA no se limita a sus 1.763 MW instalados. Su fortaleza es integrar el sistema nuclear argentino: operar y mantener centrales, articular con la CNEA, sostener el ciclo de combustible y proyectos estratégicos como el CAREM o la producción de agua pesada.

La Asociación Física Argentina fijó posición institucional: “No privatizar NA-SA”, por razones técnicas, económicas y de seguridad. Contribuye de manera estable a más del 7% de la matriz eléctrica nacional y con mínima huella de carbono.

El rumbo razonable no es vender, sino expandir la capacidad nuclear con reglas claras que garanticen energía limpia y accesible, sin convertir un activo estratégico en negocio para pocos

Conclusión política

Vender acciones de NA-SA hoy no mejora la política nuclear, no abarata la electricidad ni asegura inversiones. Es, en el mejor de los casos, un gesto de caja que hipoteca soberanía tecnológica y entrega un activo en plena madurez.

Lo que está en juego no es una empresa más: es el futuro del desarrollo nuclear argentino. Por eso, el Congreso y la comunidad científica tienen razones de peso para bloquear esta operación y concentrar esfuerzos en lo urgente: culminar la extensión de vida de Atucha I y retomar la agenda de investigación y desarrollo —CAREM, combustible y agua pesada— bajo conducción pública.

Senador nacional por Catamarca