150 jueces contra gobierno que habla ahora de corporativismo

Más de 150 jueces de todos los fueros convirtieron ayer un almuerzo de la asociación que los reúne en una virtual asamblea para quejarse de lo que creen ha sido una injerencia del gobierno en la independencia de sus dictámenes. Protestaron por los dichos del Presidente y de otros funcionarios respecto del fallo que excarceló al empresario Omar Chabán, en la segunda queja que hacen los magistrados en menos de 24 horas (antes fueron los titulares de seis cámaras penales). De la Casa de Gobierno, en contestación elusiva pero airada, el propio Néstor Kirchner habló de «corporativismo». Este debate ya permea a otras cuestiones, como el pedido masivo de ex militares con detención preventiva en espera de juicio, que reclaman les apliquen la doctrina María Julia-Chabán; o el que debe resolver en las próximas horas una cámara sobre el reclamo del ex banquero Rubén Beraja. Los jueces argumentan que bajo esta presión cualquier libertad que decidan siguiendo lo que dice la ley los expondría a represalias ante la opinión pública. Ayer, ya una cámara le negó la excarcelación a un grupo de piqueteros que están con prisión para ser juzgados por los violentos incidentes de julio pasado ante la Legislatura porteña.

Facsímil del comunicado de la Asociación de Magistrados.

Fue en un almuerzo de desagravio ofrecido a los jueces que integran el Consejo de la Magistratura, por un «escrache» comandado por el gremio que conduce Julio Piumato la semana anterior.

La ocasión, sin embargo, sirvió como tribuna para que 150 jueces agrupados en la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional defendieran la independencia de la sentencia que excarceló a Omar Chabán y reiteraran los cuestionamientos contra el presidente Néstor Kirchner y sus funcionarios.

Los jueces levantaron la voz contra lo que consideraron una injerencia en causas en las que «no pueden intervenir por mandato constitucional».

«Muchas veces se nos criticó por no hablar y hasta se especuló que ese silencio era de complicidad. Ahora que nos atrevemos a hablar, algunos han creído que es una defensa corporativa, cuando en realidad se trata de la defensa de la independencia del Poder Judicial», dijo a este diario el juez Luis María Cabral.

Luego de conocerse la sentencia que dispuso la excarcelación del gerenciador de Cromañón, el gobierno cuestionó la resolución afirmando que el fallo tenía « tufillo a impunidad», y acusándolo de responder a «pactos mafiosos» y de no hacerse cargo del «sentir del pueblo».

Las frases fueron recordadas y puntualmente remarcadas por el presidente de la Asociación, Miguel Angel Camino, quien las consideró agraviantes de la independencia y honorabilidad de los jueces.

• Especulación

«Pretenden presentar a la sociedad por razones de especulación política, que la función judicial debe ser la expresión de momentos dominantes de la opinión popular, cuando ella está delimitada por la aplicación de la ley, y no tiene por finalidad satisfacer sentimientos mayoritarios, sino asegurar la vigencia de las normas que se han dado para garantizar la convivencia social», dijo Camino. En idéntica línea se expresaronlos jueces consejeros Claudio Kiper, Bindo Caviglione Fraga y Victoria Pérez Tognola.

Es la segunda vez, en menos de 24 horas, que los jueces se abroquelan para realizar un pronunciamiento contra lo que estiman es una intromisión del poder político en el Poder Judicial. Antes, y con duros conceptos, lo hicieron diez presidentes de cámaras que coincidieronen que las opiniones del gobierno eran de «suma gravedad institucional» y « capaces de poner definitivamente en jaque la administración de Justicia».

Varios de los camaristas que firmaron la acordada que cuestionó al mismísimo Presidente, ocuparon un lugar en la «mesa del desagravio». Estaba el camaristas Raúl Madueño, casación penal; Gregorio Corach, laboral; Roberto Hornos, penal económico; Luis Otero, contencioso administrativo y Rodolfo Emilio Muné, presidente de la Cámara Nacional Electoral, entre otros. También recibieron una adhesión por escrito del juez salteño Hernán Cornejo.

Casi como un monólogo: los oradores repitieron que la Constitución preserva la libertad de criterio y la independencia de los jueces en la interpretación de la ley; y el acierto o desacierto en que ellos puedan incurrir tiene recaudos legales para su modificación y revocación.

«Es preocupante para el futuro de la República que se pretenda desviar bajo presión las resoluciones judiciales. Pero la más grave presión hacia los jueces es la que parte de la falta de respeto y acatamiento a sus decisiones que pueden ejercer los funcionarios de otros poderes. De esa manera, la ley quedará en letra muerta y la paz social no pasará de ser una declamación, y la Nación quedará desprovista del camino institucional para el ejercicio de la fuerza que la ley pone en manos de sus instituciones», sostuvo la asociación luego en comunicado oficial.