29 y ñoquis: denuncia bonaerense muy grave

Una investigación judicial por la supuesta contratación de empleados «ñoquis» en el municipio bonaerense de Ituzaingó complica al intendente Alberto Descalzo, un transversal del kirchnerismo. El caso amenaza con convertirse en una megacausa -como la del ex Concejo Deliberante porteño- y comprometer también a todo un sistema político que siempre se ha denunciado -aunque nunca se ha probado- del conurbano bonaerense.

Alberto Descalzo

Cuarenta y cuatro personas, entre ellos 14 concejales, serán indagados desde hoy por la Justicia, en una causa donde se investiga la presunta contratación de «ñoquis» en la intendencia del partido bonaerense de Ituzaingó.

El fiscal de Morón, Alejandro Jons, apunta a determinar si por los presuntos nombramientos, el municipio pagó sueldos a personas que nunca realizaron trabajos, que figuran como contratados. Esta es la primera etapa de una investigación, que en los próximos meses alcanzaría a funcionarios y personal del Tribunal de Faltas, el Consejo Escolar y del Palacio Municipal de ese distrito.

Se estima que la supuesta defraudación llegaría a los $ 4 millones anuales, cifra realmente importante si se tiene en cuenta que el Presupuesto del municipio es de $ 30 millones.

El caso es la punta de un iceberg, siempre denunciado y nunca probado, de una práctica generalizada como política en el conurbano bonaerense, que compromete al intendente Alberto Descalzo, de frecuente trato con los transversales de Néstor Kirchner.

• Megacausa

En la Capital Federal hay una megacausa «noquis» -en la cual entra y sale el ex presidente Fernando de la Rúa- que tiene preocupado a varios dirigentes radicales. Un concejal del peronismo, Juan Carlos Suardi, ya fue condenado por este delito.

Fuentes judiciales le dijeron a este diario, que la prueba de mayor peso reunida en la investigación es la «confesión» de un concejal del peronismo. El supuesto «arrepentido» sería Andrés Pereyra, quien habría declarado que cuando Descalzo asumió la intendencia de Ituzaingó, les habría ofrecido a los concejales nombrar a dos familiares, o personas de confianza, para tener otros ingresos no remunerativos, además, del sueldo.

De las 40 personas citadas a indagatoria, 30 están sospechadas como los presuntos «ñoquis», y otros 14, son concejales que habrían favorecido sus designaciones.

Cada uno de ellos habría percibido salarios que oscilaban entre los 400 y 1.500 pesos por mes, por tareas que presuntamente no desarrollaron nunca.

Por caso, la Justicia investiga ahora si es verdad que un concejal nombró a su madre de 80 años, y si Descalzo hizo lo propio con su suegra de 73 años. Otro caso, es el de un supuesto empleado «ñoqui» que figura en los registros del Consejo Escolar, pero que -según un seguimiento- trabajaba en la clínica donde estuvo internado Diego Maradona, en Parque Leloir. También está bajo la lupa el área del juez de Faltas, Alfredo Fernández.

Para la fiscalía estos nombramientos serían ilegales. El Estatuto del Empleado Público municipal, que es una ley provincial, establece que no se puede nombrar como empleado a ninguna persona mayor de 55 años o de 60 años en caso de que haya sido personal del Estado.

Los delitos por los que serán indagados los sospechosos son los de «defraudación a la administración pública y nombramiento ilegal de empleados públicos».

Si se comprueba que el delito se cometió en forma reiterada, a los acusados podría caberles penas de hasta 12 años de prisión. Para quienes cometieron la maniobra una sola vez, la pena va de 2 a 6 años de cárcel.

Fuentes de la intendencia dijeron que «la causa es de neto corte político» y aclararon que las personas investigadas sí realizaron los trabajos para los que fueron contratadas, y cuestionaron a la fiscalía por no hacer lugar a la declaración de 100 testigos.

Según voceros oficiosos, al intendente Descalzo se lo notificó también del inicio de una causa en su contra, pero no se lo citó a declaración indagatoria. Desde la intendencia dijeron que el propio Descalzo se presentó como querellante en la causa y que luego por decisión judicial se lo imputó en el expediente.

El jefe comunal habría pedido que la causa pase al inefable fiscal, Andrés de los Santos, que según se dice tiene una causa por una denuncia de cobro de sobresueldos. Al respecto, ya se habría promovido la recusación del fiscal Jons. Si triunfa esta postura (por enemistad manifiesta) toda la causa sería anulada y De los Santos tendría que comenzar de fojas cero.