Denunciaron a funcionarios tucumanos por obstaculizar el aborto legal de niña de 11 años

Política

La denuncia fue presentada en la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Ciudad de Buenos Aires y acusa al gobernador, Juan Manzur; a la ministra de Salud, Roxana Chalha; al secretario de la misma cartera, Gustavo Vigliocco; y a la directora del Hospital Este Eva Perón, Elizabeth Ávila.

Referentes de la organización del Frente Patria Grande denunciaron este miércoles por abuso de autoridad al gobernador tucumano, Juan Manzur, y a otras autoridades de Salud de la provincia por obstaculizar el aborto legal de la niña de 11 años violada que fue obligada a ser madre, luego de que se le impidiera acceder a un aborto legal.

La denuncia fue presentada por la diputada del Parlasur, Cecilia Merchán; las abogadas Gabriela Carpinetti y Elizabeth Gómez Alcorta; la Coordinadora del Observatorio de Géneros y Políticas Públicas, Victoria Freire y la militante feminista, Ofelia Fernández.

La denuncia fue presentada en la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Ciudad de Buenos Aires y acusa al gobernador; a la ministra de Salud, Roxana Chalha; al secretario de la misma cartera, Gustavo Vigliocco; y a la directora del Hospital Este Eva Perón, Elizabeth Ávila, por no permitir el acceso a la interrupción legal del embarazo (ILE) de la menor.

Además, consideran que se violó la Constitución Nacional y el artículo 86 del Código Penal, entre otras leyes y protocolos existentes.

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La madre de la niña de 11 años denunció el 5 de febrero en la Unidad Regional Este de Tucumán que su hija había sido abusada sexualmente por la pareja de su abuela materna y solicitó de forma verbal la ILE (interrupción legal del embarazo), pedido que reiteró durante la atención médica en un Centro de Atención Primaria de Salud (Caps) donde indicaron que tenía un embarazo de 16 semanas.

La niña fue trasladada, entonces, al hospital del Este Eva Perón, de Tucumán, donde quedó internada hasta la práctica que se le realizó en la madrugada del miércoles cuando cursaba la 23 semana de gestación.

En tanto, representantes de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Regional Tucumán indicaron que la cesárea practicada a la niña de 11 años, embrazada tras ser violada por la pareja de su abuela materna, configuraba "un caso de tortura por parte del Estado" provincial.

"Decidimos organizar una conferencia para que la prensa pueda conocer sobre la tortura y la violencia que sufrió la niña por parte de las instituciones del Estado provincial para poder acceder a la interrupción legal del embarazo (ILE)", sostuvo Fernanda Fernández, referente de la organización.

Y, denunció que "el sistema sanitario en persona de la ministra de Salud, Rossana Chahla, del secretario del Sistema Provincial de Salud (Siprosa), Gustavo Vigliocco, y del propio gobernador Juan Manzur, interpusieron obstáculos para que la niña no pueda acceder a su derecho".

Por su parte, Florencia Vallino, de Abogados y Abogadas del NOA en Derechos Humanos y Estudios Sociales (Andhes), que acompañó a la niña y a su familia, dijo que "este caso se configura como tortura por parte del Estado porque se obligó a una niña a maternar".

"La obligaron a continuar con su gestación cuando ella expresó con toda claridad que no era su deseo. Constituye tortura conforme a la convención Internacional de los Derechos Humanos", indicó Vallino.

En tanto, las agrupaciones Mujeres x Mujeres, Católicas por el Derecho a Decidir Argentina y Asamblea Permanente de los Derechos Humanos Tucumán denunciaron penalmente a la ministra de Salud, Rossana Chahla y al secretario del Siprosa, Gustavo Vigliocco "por incumplimiento de los deberes de funcionario público".

La denuncia alcanzó, también, a la médica tratante de la niña y jefa del Servicio de Ginecología del hospital del Este, Tatiana Obeid Pedemonte, y a la directora del establecimiento, Elizabeth Ávila.

Las conductas "se traducen en reiterados incumplimientos de deberes de funcionario público en tanto estuvieron dirigidas a retardar, omitir o dejar de hacer actos inherentes al oficio médico y tienen como protagonistas a efectores de la salud que, al mismo tiempo, desplegaron un comportamiento acorde con la acción de abstenerse de ejecutar leyes cuyo cumplimiento les compete de distintas formas", indicó la denuncia.

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