Los accionistas privados de Papel Prensa definieron como "una aberración moral y jurídica" la presentación oficial sobre la transferencia de la empresa y aseguraron que el Gobierno busca avanzar sobre los medios que no se alinean con el discurso oficial.
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Ante la denuncia del Ejecutivo nacional frente a la Justicia, Clarín y La Nación -ambos diarios accionistas de Papel Prensa- acusaron al Gobierno de "criminalizar" a los directivos de ambas empresas.
"Pese a que la falaz operación oficial ha quedado desmentida por pruebas contundentes, el Gobierno sigue insistiendo en mentir, reescribir la historia y manipular los derechos humanos como herramienta de persecución y represalia", denunciaron las dos empresas mediante un comunicado.
Al respecto, los accionistas privados advirtieron que "el bastardeo de una causa como la de los Derechos Humanos -política de Estado que debiera ser preservada de intereses coyunturales-, ha llegado con este caso a límites insospechados por un afán autoritario que violenta los principios jurídicos y las garantías constitucionales".
"Tal como se ha señalado en reiteradas oportunidades, no hubo en la adquisición de Papel Prensa delito alguno. Jamás, en estos 27 años de democracia, se han formulado denuncias al respecto", insistieron ambas empresas.
Y señalaron que "tampoco nunca aparecieron cuestionamientos en las causas judiciales y administrativas llevadas adelante en democracia, tal como lo señalaron recientemente reconocidos protagonistas de esos procesos".
Semanas atrás, la presidenta Cristina Kirchner instruyó a la Secretaría de Derechos Humanos a presentar en la Justicia el informe sobre la venta de acciones de Papel Prensa a Clarín y La Nación para que investigue si en esa transacción, realizada en 1976, se cometió un delito de lesa humanidad.
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