Activistas, más que distraídos

Han sido tantos los exabruptos de Hebe de Bonafini que uno más ya es costumbre. «Uribe tiene más de 500 rehenes de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) y de eso no se habla», dijo la titular de Madres de Plaza de Mayo, equiparando a los miembros de la guerrilla que son prisioneros del Estado colombiano, con los militares, policías y civiles «chupados» por la organización armada. «Estamos con los compañeros de las FARC», agregó, aunque no hacía falta.

Ahora bien, la desmesura de Bonafini les viene de perillas a los representantes de otras ONG de defensa de los derechos humanos en nuestro país, pues disimula el hecho de que no se les ha oído exigirles a las FARC «la aparición con vida de los secuestrados».

El propio gobierno argentino se enorgullece de haber sido promotor de la convención internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, aprobada por unanimidad el 20 de diciembre de 2006 por Naciones Unidas y que 50 países firmaron en París a principios de febrero de 2007. A la ceremonia, vale recordar, asistió la entonces todavía primera dama, Cristina de Kirchner, en representación del gobierno. Sin embargo, no se ha oído en estos días de « garantes» y «comisionados» ni una sola exhortación por parte del oficialismo a la guerrilla colombiana para que ponga fin a este delito de lesa humanidad.

En mayo del año 2000, visitó nuestro país el comandante Javier Calderón, integrante de la Comisión Político Diplomática de las FARC. Pasemos por alto el detalle de las charlas que dio en universidades argentinas y su asistencia a un plenario de la CTA en la ciudad de Mar del Plata. Lo que sí vale la pena destacar es algo muy significativo que dijo el «diplomático» Calderón en esa oportunidad: «Las FARC son un Estado dentro del Estado». De modo que a los distraídos defensores de los derechos humanos locales ni siquiera les queda la excusa de decir que estas desapariciones forzadas (las más prolongadas ya llevan diez años) en la selva colombiana no son crímenes de lesa humanidad por no haberlos cometido un Estado. Además de los dichos de Calderón, se sabe que, en las zonas que controla la guerrilla, ésta hace la ley y el orden.