El ex ministro de Justicia Rodolfo Barra reconoció ayer que durante la gestión menemista cobró «sobresueldos» de alrededor de cinco mil pesos de los que no debía rendir cuentas, lo cual derivaría en que sea citado a declaración indagatoria en los próximos días.
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El ex funcionario denominó «sobresueldos» a los «gastos de protocolo y representación» que percibían todos los secretarios y subsecretarios de Estado y explicó que, en su caso, le «duplicaban» el salario que cobraba como ministro.
Barra, al igual que todos los ex ministros, está siendo investigado en la causa que llevan adelante el juez Jorge Ballestero y el fiscal Paulo Starc.
Luego de que se analicen sus declaraciones, sería citado como imputado.
En un reportaje concedido a radio «Rivadavia», Barra fue consultado específicamente sobre si el dinero que le pagaban podía considerarse un «sobresueldo». «La palabra estricta es 'sobresueldo', es un adicional al sueldo, algo que está por encima del sueldo», respondió, aunque aclaró que «no era una remuneración en negro; tampoco (estaba previsto), en una ley secreta». Según el ex ministro, ese pago estaba amparado «en un decreto que está publicado en el Boletín Oficial y que tuvo vigencia hasta 2001, es decir, hasta la llegada del gobierno de (Adolfo) Rodríguez Saá, quien limitó los salarios a 3.000 pesos». Barra explicó que se trata del Decreto 838, firmado en 1994 durante el primer gobierno de Carlos Menem, «que le daba a toda la línea política de la administración centralizada una compensación por gastos de protocolo y de representación, que no tenía carácter remunerativo y sobre la cual no había obligación de rendir cuenta».
La versión de Barra coincide con lo declarado en esta causa por el ex ministro de Defensa Oscar Camilión, quien reconoció que cobraba salarios extra, pero por una suma mucho más alta (30.000 dólares mensuales), además de los gastos protocolares. Lo mismo dijo Santiago Lozano, ex funcionario de Interior durante la gestión de José Luis Manzano y del Banco Hipotecario, quien explicó que recibía ese dinero todos los meses, pero que nunca le dieron instrucciones sobre qué destino darle.
• Precisiones
Lozano precisó que esos recursos le eran suministrados desde el Ministerio de Economía, conducido entonces por Domingo Cavallo, y no desde Interior, como había informado el monopolio «Clarín». Es decir: el nombre de Manzano no figuró en la versión, como pretendía el monopolio, cuyo titular, Héctor Magnetto, lleva adelante una guerra judicial con el ex ministro por diferencias en el mercado de videocable, que «Clarín» también quiere monopolizar. El diario debió modificar su versión ayer, sobre la base de los verdaderos dichos de Lozano.
Por otra parte, la defensa del ex ministro de Infraestructura Carlos Bastos presentó ayer un escrito ante Ballestero en el que planteó que no puede ser investigado en esta causa porque tiene un expediente similar abierto por presunto enriquecimiento ilícito. El ex funcionario hizo un planteo de «falta de acción», debido a que el viernes último la Oficina Anticorrupción le pidió a Ballestero que analice citarlo como imputado, ya que también reconoció cobrar sobresueldos de cerca de 43.000 pesos, aunque para justificar su presunto incremento patrimonial. Otra novedad que se produjo en el expediente es que el ex ministro de Justicia Raúl Granillo Ocampo pidió la nulidad de un informe sobre el uso que se les dio a los gastos reservados durante el menemismo y que fue elaborado por el perito Alfredo Popritkin. Granillo Ocampo estaba citado para hoy, pero logró suspender su indagatoria, mientras que se mantiene firme para el viernes la declaración de Rodolfo Aiello, un ex funcionario de la Jefatura de Gabinete, acusado de repartir los «sobresueldos».
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