El abogado denunciante Gregorio Dalbón presentó un escrito ante la Justicia luego del dictamen del fiscal Gerardo Pollicita, pidió que se dé intervención a una fiscalía especial, que se lo notifique de cualquier decisión que pueda poner fin a la investigación y que se postergue una definición sobre la competencia hasta que se expida el organismo especializado.
Piden intervención de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) para evaluar la causa.
El abogado Gregorio Dalbón, uno de los denunciantes en la causa que investiga el patrimonio del ex jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presentó un escrito para cuestionar las consecuencias del dictamen del fiscal federal Gerardo Pollicita, quien consideró que no existen elementos suficientes para sostener la figura de enriquecimiento ilícito y propuso que la investigación pase a la Justicia Nacional en lo Penal Económico.
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En su presentación ante el juez federal Ariel Lijo, Dalbón pidió que se dé intervención a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), a cargo de Sergio Rodríguez, para que evalúe si corresponde intervenir en el expediente. Además, reclamó que se le comunique cualquier decisión que pueda poner fin al proceso y que se postergue una resolución sobre la competencia hasta que se expida ese organismo.
El planteo apunta a evitar que la investigación sobre el patrimonio del funcionario quede limitada a una eventual pesquisa tributaria. Para el abogado, los hechos bajo análisis exceden una posible evasión impositiva y comprometen también el control sobre la conducta administrativa de un funcionario público.
Dalbón cuestionó especialmente que, mientras el dictamen fiscal considera que no hay elementos suficientes para acreditar el enriquecimiento ilícito, reconoce la existencia de indicios que, a su criterio, justifican que la investigación continúe.
En ese sentido, enumeró “la omisión de declarar bienes durante varios años, la realización de pagos en efectivo, la intervención de terceros en las operaciones y la exteriorización de fondos con posterioridad al inicio de la causa”.
La presentación sostiene que esa combinación de circunstancias amerita una revisión antes de que se adopte una decisión que implique modificar el alcance de la investigación. “Esta combinación —una conclusión desvinculante respecto del delito contra la administración pública, junto con el reconocimiento de indicios graves de irregularidad patrimonial y la propuesta de desprendimiento de la competencia— es la que motiva la presentación”, afirmó.
Uno de los ejes del escrito es el alcance colectivo de los delitos que se investigan. Dalbón sostuvo que el eventual enriquecimiento ilícito de un funcionario no afecta solamente a una persona en particular, sino al conjunto de la sociedad.
“Los delitos aquí investigados, enriquecimiento ilícito y los demás ilícitos contra la administración pública que pudieran surgir de los hechos, no lesionan a un particular determinado, sino al erario público y al correcto funcionamiento de la función pública”, señaló.
Y agregó: “En consecuencia, resulta damnificada la ciudadanía en su conjunto, que sostiene con sus tributos el Estado y que tiene derecho a que sus funcionarios ejerzan el cargo con probidad y a que su patrimonio sea explicable”.
A partir de ese argumento, reclamó que los denunciantes sean escuchados antes de que se resuelva una medida que pueda cerrar, restringir o desplazar la investigación.
“Los denunciantes actúan en representación del interés general, y su opinión, como la de la ciudadanía a la que representan, debe ser especialmente relevada antes de que se adopte cualquier decisión que implique cerrar, restringir o desplazar la investigación”, planteó.
Para respaldar su pedido, invocó la Ley de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos (27.372), que contempla el derecho a ser notificado de determinadas decisiones y a solicitar su revisión, incluso cuando el denunciante no se haya constituido como querellante.
Otro de los puntos del escrito es el pedido para que intervenga la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, un organismo especializado del Ministerio Público Fiscal que tiene entre sus funciones investigar irregularidades en la conducta administrativa de funcionarios públicos.
Dalbón consideró que la participación de la PIA está justificada por la jerarquía institucional de Adorni, quien se desempeñó como vocero presidencial y en la Jefatura de Gabinete.
Pero también hizo hincapié en que el expediente no se limita a determinar si existió una infracción tributaria, sino que debe analizar la correspondencia entre los ingresos del funcionario y su patrimonio, así como la regularidad de sus declaraciones juradas.
“El objeto del proceso excede ampliamente una controversia tributaria. Versa sobre la correspondencia entre los ingresos de un funcionario público y su patrimonio, y sobre la regularidad de sus declaraciones juradas patrimoniales”, sostuvo.
En particular, destacó que el propio dictamen fiscal habría reconocido la omisión de bienes en las declaraciones juradas durante varios años, una circunstancia que, según el denunciante, constituye una irregularidad administrativa que debe ser examinada.
En ese marco, pidió que se dé intervención al organismo que conduce Sergio Rodríguez para que evalúe si corresponde asumir alguna participación en la investigación, de acuerdo con las facultades previstas en las leyes que regulan su funcionamiento.
El escrito de Dalbón se presentó después de que el fiscal Gerardo Pollicita concluyera que, por el momento, no existen elementos suficientes para sostener la configuración del delito de enriquecimiento ilícito previsto en el artículo 268 inciso 2 del Código Penal.
Según los fundamentos que trascendieron, el fiscal entendió que esa figura requiere acreditar un incremento patrimonial injustificado posterior a la asunción del cargo y que la defensa de Adorni ubicó el origen de los fondos cuestionados antes de diciembre de 2023.
También consideró que las pruebas reunidas no permitieron refutar el descargo sobre una inversión previa en activos digitales, aunque tampoco pudieron confirmarlo de manera definitiva. A eso sumó que no se habría establecido un vínculo entre el dinero y un acto funcional o una fuente ilícita asociada al ejercicio del cargo.
Por ese motivo, Pollicita propuso que el juzgado se declare incompetente y remita las actuaciones al fuero Penal Económico para investigar una posible evasión tributaria, entre otros aspectos. También pidió extraer testimonios para investigar a terceros vinculados con las operaciones inmobiliarias y remitir antecedentes al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires.
Ahora, Dalbón pretende que antes de resolver el cambio de fuero se escuche a la PIA y se evalúe la continuidad de la investigación desde la perspectiva de las posibles irregularidades administrativas y patrimoniales.