La sospecha de que los resultados electorales puedan ser manipulados llevó ayer a la Cámara Nacional Electoral, a instruir a las secretarías electorales para que adopten los mecanismos de seguridad necesarios, para proteger los sistemas informáticos que se usarán en las elecciones legislativas del 23 de octubre. Todo en nombre de «la informatización global del fuero electoral» reza en la acordada.
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La posición del alto tribunal, que por primera vez encabeza una sospecha de este tipo -siempre han sido los partidos políticos o sus dirigentes lo que han sembrado dudas, antes y después de los comicios-, quedó expresada en una acordada que firmaron los jueces Rodolfo Munné, Alberto Dalla Vía y Santiago Corcuera, que fue remitida a todos los magistrados federales con competencia electoral del país. Explican los jueces que se responde así «a lo informado por la jefa del Centro de Cómputos de la Cámara Nacional Electoral (...) para «garantizar la seguridad de las bases de datos».
Con esta acordada, la Cámara Nacional Electoral busca obligar a impulsar mecanismos que provean de seguridad a los padrones y evitar la intromisión de «hackers» en los centros de cómputos que manejarán la información oficial. Que hasta ahora ha estado concesionado en manos privadas. Por ello señala la acordada que «es preciso que se observen estrictamente las normas vigentes dictadas por la Dirección de Seguridad Informática del Consejo de la Magistratura». En esa inteligencia la Cámara recomendó «ajustar los perfiles de los administradores y grupos de usuarios, delimitando los permisos de acceso» para que las bases de datos estén protegidas de manipulaciones ajenas al sector electoral.
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