¿Y si se encontraran más videos de la “Gestapo”?

La sospecha de muchas horas de registros fílmicos de la AFI y de 25 reuniones similares a la de Villegas sacudieron a la política. Temor por si “alguien” proveyó coordenadas específicas para su hallazgo. El capítulo olvidado del espionaje provincial en la causa Lomas y el caso “Melazo”, el próximo que podría estallar.

César Melazo, Juan Pablo Allan y Julio Conte Grand.

La existencia de más videos, como el registrado en 2017, donde exministros de María Eugenia Vidal, un senador, un intendente, empresarios y tres altos directivos de la AFI planearon una “Gestapo” para el armado de causas, se convirtió en una certeza en las últimas horas de 2021. ¿Es verdad que existirían alrededor de 25 reuniones de ese estilo prolijamente filmadas? ¿Suman alrededor de 400 horas el registro fílmico que los espías “olvidaron” en discos rígidos?

La Agencia Federal de Inteligencia (AFI) está actualmente buscando más material. El temor de la oposición, hoy, es que alguien haya provisto las coordenadas indicadas para hallarlos, escondidos, aparentemente borrados, en material de rezago o solo visibles para quien sabe lo que busca. El episodio comienza a ser una mancha de aceite que se esparce y amenaza con enchastrar a cualquiera que haya participado de esos encuentros reservados. Sobre todo con la frecuencia que Vidal utilizaba esas dependencias del BaPro hasta que estalló el conflicto por el recorte de las jubilaciones a los retirados de la entidad. Fue allí cuando tras expresar preocupación por “recuperar” el edificio, decidieron mudar la base de operaciones del vidalismo al Museo Ferroviario. El esfuerzo por recordar qué se pudo haber hablado en esos mitines que no escapaban al ojo de la AFI macrista hicieron cundir el pánico.

Por aquel entonces, la exgobernadora bonaerense testeaba la viabilidad del famoso “Plan V”, el que a raíz de la caída de imagen y gestión de Mauricio Macri podía colocarla en línea de sucesión. Ese plan fue abortado por ella misma en mayo de 2018, unos nueve meses después de la reunión donde su ministro Marcelo Villegas y los altos directivos de la AFI expusieron cómo iban a preconstituir prueba para avanzar en una denuncia penal contra el sindicalista Juan Pablo “Pata” Medina. Es, para muchos, la prueba de un delito.

Hoy, la AFI debería contestar el requerimiento que le envió la Comisión Bicameral de Inteligencia: precisar que se trataba de la sede porteña del BaPro para así hacerse de los ingresos al edificio, y registro de reuniones. El segundo paso será disparar las citaciones que como informó Ámbito culminarán con los espías, pero serán antecedidos por Vidal, su jefe de Gabinete Federico Salvai (jefe de todos los ministros presentes en el encuentro) y del Procurador Julio Conte Grand, jefe de los fiscales.

Por algún motivo, cuando Villegas mencionó que no estarían ante los empresarios exponiendo esas cuestiones si no tuviesen resuelta la “cuestión judicial” con consultas a fiscales y jueces, nadie volteó a ver a Luis Armella, sino al jefe de todos los fiscales provinciales. Un invitado relevante será el representante legal de Axis Communications, la empresa cuyo logo aparece en el ángulo del video hallado. Era la responsable del circuito de cámaras del BaPro pero también con un contrato en el municipio de Vicente López, a cargo de Jorge Macri, en ambos casos.

Las presencias que exhibe el video son otro indicador: por la AFI estaba Dario Biorci, cuñado de Silvia Majdalani, quien a su vez llegó a ser la Señora 8 gracias a la recomendación de Nicolás “Nicky” Caputo, Diego Dalmau Pereyra, jefe de Operaciones de Contrainteligencia, y Juan Sebastián De Stefano, una de las dos manos derechas de Daniel “Tano” Angelici y encargado de Asuntos Jurídicos, el área que realizaba las transcripciones de las escuchas realizadas a los presos del IRIC en el penal de Ezeiza. Esos desgrabaciones sirvieron para montar el operativo “Puf” (para contrarrestar el impacto de la causa D´Alessio) pero en un caso puntual –el de Cristóbal López- son la evidencia de que existía un mando centralizado que disparaba órdenes a los “Super Mario Bros”, el grupo de “cuentapropistas” que llegaban hasta a seguir a la hermana del presidente Macri. Luego de que el empresario hablara por teléfono sobre un regalo para el sobrino de su expareja Ingrid Grudke y esas grabaciones fueran transcriptas por el área de De Stéfano, el chat de los “Super Mario” se activó con el chef amigo de Gustavo Arribas, Martín Terra, solicitando fondos para “el seguimiento de la Grudke”.

Pero la mancha de aceite también impacta en Horacio Rodríguez Larreta que debió dar cobijo a varios de los involucrados cuando cambió el Gobierno y ahora tiene una granada sin espoleta: el conocimiento de De Stéfano de las catacumbas lo colocó en el directorio de Sbase, pero también Roberto Gigante pasó al Ministerio de Salud porteño y Adrián Grassi al Ministerio Público Tutelar.

Nadie reparó, quizás, que el senador Juan Pablo Allan estaba en esa silla durante la reunión por su rol dentro del Consejo de la Magistratura de la Provincia de Buenos Aires, el órgano encargado de seleccionar y remover jueces. De hecho, el legislador es uno de los puntales de Conte Grand y hace un año había sido mencionado por el dirigente camionero Hugo Moyano como el “nexo” entre jueces y fiscales provinciales con el poder político, a partir de reuniones de “relacionamiento” que comenzaron en 2016 y 2017 y que tenían como base el Ministerio de Seguridad provincial.

Olvidado

El affaire que salpica a Vidal y a todo su entorno por el video hizo recordar un capítulo “olvidado” dentro de la trama de espionaje: el que involucraba a funcionarios provinciales como usuarios de lo producido por los “Super Mario”. La encargada de documentación presidencial Susana Martinengo le notificó al espía Leandro Araque el informe sobre los hermanos Bruera debía conversarlo directamente con el exsubsecretario de Gobierno y Asuntos Municipales de la gestión Cambiemos, Alex Campbell.

Había interés por enterarse del armado político por detrás de los hermanos Bruera, y con el objetivo específico de constatar si monseñor Jorge Lugones estaba organizando territorialmente un aparato para disputar poder en la Provincia de Buenos Aires por instrucción del Papa Francisco. Según los intercambios telefónicos investigados al comienzo de la causa por el juez de Lomas de Zamora Federico Villena hubo un encuentro directo en la sede gubernamental de La Plata donde Araque se anunció con la secretaria de Campbell e ingresó junto a Jorge “Turco” Saéz, otro espía, a presentar sus hallazgos. Misteriosamente, ese capítulo quedó sin resolución con el recambio de juez por Juan Pablo Augé, y ni siquiera tuvo correlato en la mudanza a Comodoro Py. Tirar de ese hilo podría haber salpicado a otros funcionarios más relevantes del vidalismo.

Tampoco prosperó el espionaje penitenciario en Melchor Romero. Ni siquiera porque declaró la directora del penal que un auto de la AFI se encargó del cableado. Menos que Andrés Patricio Rodríguez, confesó que hacía de nexo entre los Mario Bros y el SPB.

Melazo

Había tres casos por los que Conte Grand se golpeaba en pecho con orgullo: el del “Pata” Medina, el del turbio sindicalista del SOEME Marcelo Balcedo y el del juez César Melazo, encarcelado junto a un grupo de personas acusados por una asociación ilícita que habría incurrido en delitos de robo y tráfico de todo tipo con zonas liberadas. Ese caso tiene ribetes increíbles y es uno de los pocos que se mantiene vigentes, cuentan en pasillos judiciales, por la influencia del procurador sobre los fiscales. De hecho, los acusados llevan 3 años y 4 meses de prisión preventiva y una expectativa de juicio a comenzar avanzado el 2024. Podrían llegar a estar más tiempo encarcelados de manera anticipada que de recaer sobre ellos una condena, un hecho fuera de toda regla.

El caso es una radiografía de las disputas de poder en La Plata pero también de un objetivo para hacerse lugares en las máximas instancias judiciales de la Provincia, incluido un sitial en la Cámara de Casación, donde el macrismo fue por el lugar del juez Martín Ordoqui. De hecho, le hicieron un ofrecimiento extraoficial para arrepentirse a Enrique Petrullo, a quien lo acusan de tráfico de influencias por hechos que cronológicamente no coinciden en el expediente. Debía apuntar a Ordoqui. No es una sorpresa.

A los implicados se les rechazó sucesivamente cualquier aporte de prueba en su defensa. De hecho, una de las juezas que tuvo el caso Marcela Inés Garmendia debió correrse cuando el nombre de su hijo Juan Manuel Martínez Garmendia apareció denunciado por Javier Ronco –por quien se originó la investigación por un homicidio- con un supuesto pago de $500 mil para obtener morigeraciones a su situación. Martínez Garmendia ingresó como concejal en La Plata en el séptimo lugar de la lista de Julio Garro, el asistente a la reunión “Gestapo”.

El fiscal Juan Pablo Caniggia, que concedió una domiciliaria, terminó apercibido por la Procuración. Cambiemos casi logra ubicar en la estratégica Casación a Francisco Pont Vergés, uno de los alfiles de Conte Grand. También por la causa Melazo, el entonces gobierno se deshizo de Carlos Altuve en la fiscalía de ese tribunal. La causa contra Ronco –que arrastró al a Melazo y al resto- arrancaron con el fiscal Tomás Morán, suspendido y acusado por Ronco de haberle pedido 30 mil dólares. Pasó en 2014 a Betina Lacki con la jueza era Garmendia que se corrió cuando apareció el nombre de su hijo en las morigeraciones. Lo tomó Guillermo Atencio que por algún motivo apareció involucrado en la trama. Nadie firmó algo distinto. El juez Agustín Crispo dispuso la elevación. Todos los jueces de tribunal oral se excusaron por conocimiento de Melazo. Quedó el TOC2 de La Plata con fecha para octubre del 2024.

Ya durante el gobierno de Vidal le ofrecieron al entonces juez un cargo, luego, le sugirieron que renuncie. La pelea subterránea de un sector judicial y del poder platense con Melazo viene de larga data y varios la ubican también en el operativo sobre una fiesta clandestina donde perdió la vida una estudiante de periodismo. Las asistencias políticas a aquel evento eran inconfesables.