Cristina Fernández de Kirchner anunció ayer, después de la primera reunión del año de la Comisión de Asuntos Constitucionales, que comenzará el tratamiento del proyecto de ley por el que se reglamenta la Comisión Bicameral que controlará los decretos de necesidad y urgencia firmados por el Presidente. El anuncio, y en especial por parte de la senadora, es toda una novedad institucional. Esa comisión está contemplada en la Constitución Nacional de 1994 como elemento central del esquema de controles de los DNU, pero nunca se puso en vigencia. Fue esa misma reforma constitucional la que elevó el rango de los decretos especiales, les puso límite y fijó su mecanismo de uso. Pero al no haberse reglamentado el control el efecto fue contraproducente.
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Los porqué sin respuesta clara de la decisión de la primera dama y senadora de ayer son varios. En primer lugar, la legisladora bonaerense está personalmente afectada por las movidas que este año inició la oposición radical para conseguir que de una vez por todas se reglamentara la Bicameral. Sin duda la más original fue protagonizada por Rodolfo Terragno que hace un mes hizo suyo un proyecto que repite exactamente el que la primera dama presentó en Asuntos Constitucionales pero en su etapa como diputada por Santa Cruz. Ese proyecto incluye la versión más dura en cuanto a controles: fijaba allí Cristina que si en un plazo de 60 días el Congreso no se expedía sobre un decreto ley del Presidente éste perdía vigencia.
Ayer en el Senado, de todas formas, se ventilaban otras explicaciones. Se sabe que en los últimos tiempos Cristina se muestra inflexible con algunos aspectos de la Administración Kirchner y apareció así una vocación por controlar institucionalmente a su marido. Pero también, sospechan otros, puede ser una estrategia oficial usada con frecuencia por la que se lanza al ruedo un proyecto conflictivo y después se testean las reacciones para medir lealtades.
Avance
Como sea, el anuncio de Cristina Kirchner ayer es un avance claro hacia una mejora institucional: por primera vez -como lo resaltó ayer el radical Ernesto Sanz, jefe del bloque de senadores que hace semanas presentó también un proyecto de reglamentación de los DNU- en mas de 20 años se plantea el primer paso de encargar la conformación de la Bicameral. Otros intentos, durante el gobierno de Carlos Menem y el de Fernando de la Rúa naufragaron ante la negativa del gobierno a aceptar el control.
Pero específicamente en el caso de esta ley el propósito de abrir el debate puede tener destinos diversos. Cristina puso ayer en consideración dos proyectos: el presentado por Miguel Pichetto, jefe del bloque PJ del Senado, y el del radical Sanz. Los dos proyectos en cuantoa fundamentos, constitución de miembros de la Bicameral y funcionamiento son casi idénticos.
Pero tienen una gran diferencia en cuanto al tratamiento de los decretos. El proyecto de Pichetto no podía ser de otra forma, establece que si en un plazo de 60 días ambas cámaras del Congreso no se expiden sobre el dictamen de la Bicameral ratificando o rechazando un DNU, éste queda automáticamente aprobado. Es decir, consagra la sanción ficta que muchos constitucionalistas consideran ésta absolutamente prohibida en la Carta Magna.
La iniciativa de Sanz establece en ese punto todo lo contrario: si el Congreso permanece en silencio sobre el DNU por 60 días este queda derogado. Es el mismo sentido de los proyectos que en su momento Cristina presentó en Diputados y luego apoyó en el Senado cuando Eduardo Duhalde presidía el país y que nunca llegaron a votarse.
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