Ahora se nota a De la Rúa sin apoyos

Se sostenía que cualquiera en su lugar debía ejecutar un programa (serio) similar. Hoy se cree que agrava al país. Empresarios coinciden así con políticos y legisladores. También es consecuencia de que ya en el fondo del abismo ninguna convulsión institucional puede empeorar. Quizás hasta ayude si ya política y políticos derrumbaron la economía.

La idea de una salida anticipada del poder por parte de Fernando de la Rúa siempre fue vista, a pesar de la persistencia de la crisis, como un retroceso para un país con grandes dificultades para que las reglas de juego se cumplan con estabilidad. Entre los sectores más moderados de la opinión pública -dirigentes políticos racionales, empresarios, observadores inteligentes, etc.-, se vio siempre con antipatía la presión para que el Presidente renunciara. Porque esa receta era propuesta, generalmente, por actores políticos que tienen un interés personal en ese desenlace: radicales o peronistas que suponen que 2003 es una fecha muy lejana e incierta para sus chances, pero que se podrían alzar con el poder si, eventualmente, la sucesión se discutiera ahora o, a más tardar, en el primer semestre del año que viene. Entre los impulsores de esta «solución», se indica a algunos gobernadores del peronismo, José Manuel de la Sota entre ellos, que verían en una convulsión general la mejor manera de disimular una crisis de sus administraciones provinciales frente a sus coterráneos. Estos intentos por sacar ventaja hicieron que esa idea fuera antipática y sospechosa.

• Eficacia

Pero hay una razón más poderosa para la retracción de los sectores políticamente más sofisticados frente a la posibilidad de un cambio de gobierno adelantado. Se pensó siempre, con lógica, que cualquiera sea la administración que esté al frente del Estado, su cometido sería similar: llevar adelante una política de gran austeridad fiscal, inevitable para un país que vio interrumpido el crédito y que, además, agobia a la actividad privada con una carga impositiva muy elevada. Por más que tal o cual dirigente prometiera un giro en el programa que está en curso, una vez en el gobierno, ese mismo dirigente se vería obligado a llevar adelante medidas casi idénticas a las que puso en marcha De la Rúa.

Este consenso es lo que comenzó a cambiar en los últimos días. La idea de que cualquier presidente haría lo mismo que el actual sigue siendo válida. Pero lo que ha empezado a cuestionarse es si un cambio de estilo no aumentaría decisivamente la eficacia de medidas similares. Esta percepción le juega en contra a De la Rúa y le resta apoyo. Porque en la última semana se ha vuelto corriente la noción de que el problema del actual gobierno no es tanto el «qué», sino el «cómo». Y esto abre espacio al interrogante acerca de si un presidente más decidido, con mejor noción del ritmo político y que se comporte con más firmeza, no conseguiría, con las mismas decisiones, mejores resultados.

• Crudeza

Esta idea, corrosiva para el apoyo que necesita el Presidente, recorre distintos ambientes. Se la escuchó, crudamente planteada, en una reunión de los empresarios más poderosos del país el miércoles por la noche. Apareció también en el Congreso un proyecto de reforma a la Ley de Acefalía (el autor es, no por casualidad, un delasotista cordobés) que propone, en caso de renuncia del Presidente, que se lo reemplace en 90 días mediante una elección general y directa (se evita la Asamblea Legislativa) en la que rija la ley de lemas. El proyecto es discutible. Tiene la ventaja de que, al establecer la ley de lemas, agiliza el proceso sucesorio, ya que los partidos pueden prescindir de la interna por la candidatura presidencial. Pero acaso introduzca un nuevo mal: el mecanismo de la ley de lemas permite que se consagre a un gobernante con un número mínimo de votos, enemistado con los demás candidatos de su partido y, por supuesto, con los de la oposición. Podría aparecer así un presidente respaldado por 30% de los votos, lo cual estaría contraindicado para un contexto como el actual: ese hombre debilitado debería hacerse cargo del gobierno que dejó el anterior por renuncia, al borde del default o ya sumergido en él, frente a un mercado de consumidores que reclama un gobernante confiable para estimular la reactivación económica y con una agenda de decisiones fiscales por tomar que requieren gran firmeza. La propuesta de la ley de lemas, como se ve, ahorra un inconveniente: en medio de una crisis financiera de proporciones, se evita el proceso de selección interna de los candidatos en los partidos, que lleva, de por sí, por lo menos tres meses. Pero aporta otro problema, que es que no garantiza la aparición de un líder con respaldo nítido.

Que este instrumento sea deficiente no implica que la posibilidad de que un reemplazo del gobierno actual sea saludable quede descartada. Al contrario, se vio fortalecida por los últimos desatinos políticos del gobierno. El más visible, haber organizado un cambio de gabinete en el que «los únicos privilegiados son los 'gordos'» (de la CGT) y que fue definido ayer por un observador irónico como «un cambio de asientos entre los mismos pasajeros del Titanic».