Aníbal Fernández asumió ayer el papel de mediador entre el Senado y la provincia de Buenos Aires, de cara a encontrar una salida que destrabe la cesión de facultades a la Justicia y Policía bonaerenses para perseguir el narcotráfico de menor cuantía. El ministro parlamentará con León Arslanian y, sobre todo, pondrá al corriente de la cuestión a Néstor Kirchner, quien podría cerrar la disputa con una intervención entre el Congreso y Solá.
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En la víspera, el ministro del Interior llegó a la Cámara alta con la intención de apoyar el reclamo del gobernador bonaerense y los intendentes del conurbano para que se desfederalice la represión de ciertos delitos de drogas. El mandatario provincial y sus ministros Arslanian (Seguridad) y Eduardo «Lalo» Di Rocco (Justicia) sostienen que, a fin de combatir mejor la inseguridad, los jueces y fiscales de Buenos Aires, más la Bonaerense, necesitan tomar parte de la competencia federal -que entiende en todas las causas de estupefacientes- sobre el comercio minorista de narcóticos, ya que este tipo de crímenes estaría íntimamente ligado con robos violentos y secuestros extorsivos. Pero Aníbal Fernández, que iba decidido a abogar por la inquietud de Solá, se encontró con serias objeciones de los senadores que animan la Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico, que encabeza la peronista salteña Sonia Escudero, principal crítica del proyecto.
Los legisladores le recordaron al ministro que el martes habían recibido un rosario de reparos de organismos oficiales especializados en drogas (Sedronar) y las asociaciones de magistrados de la provincia y federales. En definitiva, y tal cual adelantó ayer este diario, quedó un abismo entre los legisladores y lo que demandaba Buenos Aires. A lo sumo, los senadores podían llegar a aprobar la cesión de facultades a los tribunales bonaerenses -y a los distritos que adhieran a la norma, vía las legislaturas- para reprimir la tenencia de estupefacientes, aunque sin darles potestades en materia de comercialización y distribución. Solá proponía que se le diera competencia hasta 300 gramos de cocaína y, por lo tanto, no estaba de acuerdo con la oferta senatorial. Ahora, Aníbal F. tendrá que ocuparse de interceder en busca de una salida.
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