Este año, parte de la Policía Federal pasará a manos de la Ciudad de Buenos Aires, tal lo planifican el gobierno porteño y el nacional. Al distrito, si bien fue declarado autónomo en 1996, se le acotó esa independencia al prohibírsele por la llamada ley Cafiero contar con Justicia y Policía propias. En el ámbito judicial, lo que hace a las competencias nacionales, ya se suscribió un convenio mediante el cual la Capital Federal se hace cargo de juzgar algunos delitos penales, como portación de armas. En el área de seguridad, en cambio, recién cerca de mitad de año -por otro convenio- la Ciudad tendrá 500 policías, casi a cargo, porque les pagará los sueldos pero dependerán igualmente del Federal con algo de injerencia del gobierno local sobre lo que se llamará Policía Urbana.
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Esta vez dicen que va en serio y piensa Aníbal Ibarra reeditar la discusión que lleva ya 7 años, tantos como la acotada autonomía de la Ciudad de Buenos Aires.
La puja empezó cuando Fernando de la Rúa era jefe de Gobierno y Carlos Corach ministro del Interior. Las quejas por la seguridad hacían lamentarse al porteño de no contar con Policía propia. Corach le espetó que se la traspasaba y entró la pelea en un vericueto que ocultaba que en realidad ni aquel gobierno porteño ni aquel nacional se animaban a tal salto riesgoso relacionado con la tranquilidad de los vecinos. Existieron incluso comisiones especiales dedicadas a estudiar el tema, proyectos, pedidos de derogación de la ley Cafiero, pero nada. El freno lo ponía la partida presupuestaria. Es que si la Nación pasa la Policía y la Justicia a la Ciudad, debe hacerlo con los $ 900 millones que esos servicios le cuestan hoy. Por eso, la primera demanda de los porteños es 8% de la coparticipación. En ese guarismo incluyen los gastos de policías que cuidan ahora la Capital.
Después Ibarra se convirtió en jefe de Gobierno con su socio en la ex Alianza, De la Rúa, presidente. Parecía que si el reclamo iba en serio, estaban dadas las condiciones para la transferencia, pero también resultó un amago. En el medio, los policías, no convencidos de cambiar de jefe, lo mismo que ocurría a los jueces. Ahora les prometen mejoras en su situación una vez que se concrete la transferencia.
Será lo que se llama Area Metropolitana de Seguridad, que abarca la Superintendencia de Bomberos y la Policial, con las 52 comisarías y direcciones correspondientes.
El debate lo llevarán Ibarra, su supersecretario de Control, Juan Carlos López, y el segundo de éste, Marcelo Antuña (ex Frepaso) ante los legisladores locales y el Congreso. «Esta vez vamos por todo, estamos esperando la puesta en marcha de la Policía comunitaria y empezamos a pedir la derogación de la ley Cafiero a través de nuestros diputados y la senadora porteña, para tener plena autonomía, coparticipación, Justicia y Policía», asevera López, quien tendrá a cargo -de concretarse el traspaso- toda la organización de la seguridad porteña.
En el Senado lo piloteará Vilma Ibarra, pero la idea es que el propio jefe de Gobierno y el Presidente fogoneen el proyecto de derogación de la ley Cafiero o modificación para que en principio se concrete el traspaso policial.
Del gobierno esperan que Alberto Fernández confirme las nuevas vacantes de los 500 policías urbanos y nombre un director, al tiempo que avanzan las conversaciones en la búsqueda de la oportunidad para plantear el tema.
• Críticos
Dentro del gobierno, el propio Gustavo Béliz es uno de los que más criticó la autonomía acotada de la Ciudad desde su banca de legislador y su candidatura a jefe de Gobierno, por eso no podría oponerse ahora. Tampoco lo harían diputados de la oposición, entre los que se encuentra Jorge Argüello, quien en su momento hasta hizo una presentación judicial contra la ley Cafiero. «Siempre reclamamos que era absurdo que el jefe de Gobierno no tuviera mando sobre la Policía en el distrito que gobierna», sigue pensando Argüello en curiosa coincidencia con aristas filo-ibarristas como el legislador porteño Fernando Melillo, quien cree que «sería un paso decisivo para avanzar definitivamente en la autonomía de la Capital Federal».
En Diputados también acompañará el paseel sindicalista Claudio Lozano, quien ingresó en la banca con una boleta que portó la fórmula de Ibarra. Béliz, por su parte, tal como anticipó este diario meses atrás, está dispuesto a tomar una suerte de examen a Ibarra, por eso habrá prueba en ese sentido con el manejo de los 500 agentes que actualmente se encuentran en la instrucción de rigor, que estarían finalizando en abril, para poder debutar en mayo o junio casi bajo las órdenes de Ibarra.
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