Argentina ratificó sus derechos sobre Antártida, las islas y el mar australes: contraofensiva de Chile

Política

La aprobación fue prácticamente unánime. En reacción, Piñera hizo aprobar en su Cámara baja un Estatuto que colisiona con el nacional.

Buenos Aires y Santiago - La sanción el martes de una ley que reafirma los derechos argentinos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, así como la demarcación del límite exterior de la plataforma continental más allá de las 200 millas, lo que incluye territorio antártico, disparó un conflicto limítrofe con el Gobierno de Chile, que también apuró la aprobación de un Estatuto Antártico en la Cámara Baja de su Congreso.

Casi por unanimidad, la Cámara de Diputados argentina convirtió en ley el martes a la noche dos proyectos enviados por el presidente Alberto Fernández destinados reafirmar y darle estatus de política de Estado al reclamo argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas y espacios circundantes.

“Estas leyes que establecen la creación de un Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes y la demarcación del límite exterior de la plataforma continental argentina más allá de las 200 millas, fortalecen nuestra presencia soberana y promueven la memoria”, sostuvo Solá en un comunicado difundido por la Cancillería.

Solá había presentado los proyectos en la residencia de Olivos el pasado 10 de junio junto al secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur de la Cancillería, Daniel Filmus.

Tras la aprobación de la norma, el canciller destacó la “enorme importancia” que tiene el “consenso en ambas cámaras del Congreso de la Nación y de todos los bloques parlamentarios para convertir la cuestión Malvinas en una verdadera política de Estado, más allá de los gobiernos de turno, y proteger nuestros derechos de soberanía sobre la plataforma continental y sus recursos, que son de todos los argentinos”.

Por su parte, Filmus calificó la aprobación de estas dos leyes impulsadas por el Poder Ejecutivo como “un avance histórico” para la Argentina.

En ese marco, detalló que el Consejo Nacional tendrá “una composición plural y su objetivo será trazar y sostener políticas de Estado; lo encabezará el Presidente de la Nación y estará integrado por las fuerzas políticas con representación parlamentaria, notables académicos y juristas, la provincia de Tierra del Fuego y los excombatientes”.

“La ley de demarcación del límite exterior de la plataforma continental es el resultado concreto de una política de Estado que Argentina ha venido desarrollando ininterrumpidamente por más de dos décadas”, explicó Filmus.

Tras un debate de una hora y media, los proyectos –aprobados el 2 de julio último por el Senado– fueron respaldados por 238 y 235 diputados, respectivamente, en tanto que los dos legisladores de la izquierda se abstuvieron en ambos casos.

Tras la presentación del 10 de junio, el presidente de Chile Sebastián Piñera decidió la contraofensiva en base a un proyecto que data de 2014. En ese marco, la Cámara de Diputados de ese país aprobó un proyecto de ley que establece un Estatuto Antártico, cuyo objetivo es impulsar la activa participación en la gestación, implementación y desarrollo de un régimen efectivo a partir del Tratado Antártico de 1959.

Su aprobación “es un hito histórico que permite dotar a Chile de una normativa moderna relativa a nuestra acción y presencia en el continente antártico. La anterior normativa, conocida como Estatuto Antártico chileno, tenía 65 años, tiempo en que la realidad política y jurídica del sexto continente ha variado notablemente”, comentó el canciller Andrés Allamand.

La ley argentina extiende derechos del país sobre el mar Austral y parte de la Antártida, lo que no es reconocido por Chile por colisionar con sus propias aspiraciones, dijeron parlamentarios trasandinos.

El nuevo estatuto, afirmaron, fortalece los reclamos de soberanía de Chile sobre un sector de la Antártida y establece los principios rectores de la política antártica del país, así como el ejercicio de sus competencias en esa materia.

El proyecto chileno establece la promoción de la protección y el cuidado del medio ambiente antártico y sus ecosistemas dependientes y asociados, como también su condición de reserva natural dedicada a la paz y a la investigación científica, a través del reforzamiento y profundización del Sistema del Tratado Antártico y al potenciamiento y regulación de las actividades de Chile en ese continente.

En ese sentido, precisa que “forman el territorio antártico chileno todas las tierras, islas, islotes, arrecifes, glaciares y demás, conocidos y por conocer, existentes dentro de los límites del casquete constituido por los meridianos 53 longitud Oeste de Greenwich y 90 longitud Oeste de Greenwich”.

Además, “las barreras de hielo, el mar territorial, la zona contigua, la zona económica exclusiva, la plataforma continental, la plataforma continental extendida y todos los espacios marítimos que le correspondan de conformidad con el Derecho Internacional”, añade.

El estatuto declara que esos derechos soberanos se ejercerán con pleno respeto a las normas del Derecho Internacional y a los compromisos internacionales vigente, en el marco del Sistema del Tratado Antártico y conforme a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico chileno.

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