La polémica candidata del gobierno a la Corte Suprema, Carmen Argibay, comenzó a recibir las primeras objeciones en el Senado (hace una semana que está habilitado este trámite). La Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE) remitió una carta a Daniel Scioli en la que se plantean « inquietudes» sobre la aspirante a cubrir la vacante que dejó el renunciado Guillermo López, uno de los animadores de la denominada «mayoría automática» identificada con el menemismo, a ojos de Néstor Kirchner. Antes de enviar el diploma de Argibay al Congreso, el Ministerio de Justicia recibió más de 15.800 impugnaciones, de las cuales 41 pertenecían a organizaciones; y el resto, a particulares.
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La ACDE, una asociación civilsin fines de lucro (cuyo objetivo es promover el óptimo aporte empresarial al bien común, basándose en los valores de la Doctrina Social de la Iglesia), hizo un repaso exhaustivo de los fallos en los que intervino Argibay y plantea que se la interrogue para que aclare su posición frente al aborto, por un lado; y, por el otro, su condición de «atea militante», tal cual ella se definió en un reportaje.
Estas dos facetas son las que ya merecieron impugnaciones a la postulante durante su paso por el Ministerio de Justicia, escala previa al tratamiento actual en la Comisión de Acuerdos de la Cámara alta. En esa dependencia parlamentaria, se reciben ahora las críticas y los apoyos, antes de llegar a la audiencia pública en la cual público en general,especialistas, abogados y legisladores harán preguntas a la jueza, antes de mediados de junio (Argibay debe cumplir con compromisos laborales en el Tribunal Penal Internacional de La Haya, antes de poder viajar a Buenos Aires; hoy hablará por teléfono con Jorge Yoma, titular de Acuerdos, para acordar la fecha de esa audiencia).
El paso siguiente consistirá en el debate senatorial en el recinto del cuerpo, donde se aprobará o rechazará el pliego. Se daba por descontado lo primero hasta hace unas semanas; no obstante, surgieron dudas por los reproches de sectores eclesiásticos y la irrupción de Juan Carlos Blumberg al frente de una demanda social de mayor seguridad y contraria al garantismo judicial que representan EugenioZaffaroni, ya incorporado a la Corte, y Argibay.
Reclama la ACDE que en la audiencia pública Argibay responda «si considera inconstitucional las normas del Código Penal que tipifican al aborto como delito y si, dado lo expuesto en el artículo 75, inciso 23 de la Constitución Nacional, considera que la misma protege la vida desde la concepción».
También que explique «qué diferencia existe entre ser 'atea' y ser 'atea militante', como se autodefinió, aclarando qué acciones o posturas implican tal postura».
Este gremio de empresarios cristianos aprovecha la misiva al vicepresidente para cargar contra el proceso de avales e impugnaciones abierto en Justicia. «Existe hoy un grave riesgo de que se visualice este procedimiento como un mecanismo para convalidar decisiones ya tomadas, en el cual es ingenuo participar, pues las autoridades lo manipulan, contabilizando las adhesiones e ignorando las objeciones», concluyen ahí.
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