El juez federal Ariel Lijo quedó a cargo de la investigación de la causa Ciccone, luego de que el jueves la Cámara Federal porteña apartara al juez federal Daniel Rafecas, tras un pedido de recusación del abogado que representa a José María Núñez Carmona.
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Lijo tendrá en primer lugar que fijar fecha a una audiencia para escuchar los argumentos por los cuales el abogado Diego Pirota, defensor del empresario José María Nuñez Carmona, planteó la recusación del fiscal federal Carlos Rívolo en el caso, para tomar una decisión al respecto. Una vez definido el futuro de Rívolo en las actuaciones, Lijo resolverá si la investigación sigue delegada en una fiscalía o pasa a ser comandada por su juzgado.
El juez Lijo llegó al cargo por concurso en el 2004 al mismo tiempo que el desplazado Rafecas y junto a otros magistrados como Julián Ercolini y el ex juez y actual funcionario porteño Guillermo Montenegro. Antes había sido secretario de la sala I en la Cámara Federal porteña.
El sorteo en la Cámara Federal se hizo entre seis juzgados que están de turno y en los cuales están al frente Lijo, Rodolfo Canicoba Corral, Marcelo Martínez de Giorgi, Sergio Torres y Norberto Oyarbide, algunos de ellos a cargo de dos juzgados por falta de magistrado titular. Los demás quedaron excluidos por estar de turno con las comisarías de la ciudad de Buenos Aires.
La sala I de la Cámara Federal apartó el jueves por unanimidad a Rafecas de la causa por entender que haber mantenido comunicaciones mediante un sistema de chat telefónico con un abogado allegado al imputado Nuñez Carmona era un causal de recusación, tal como lo había planteado el abogado de este último Diego Pirota.
Rívolo, a su vez, también fue recusado por Pirota debido supuestamente a haber violado el secreto de sumario que él mismo implantó cuando se le delegó la causa y filtrado datos a la prensa sobre procedimientos vinculados a la causa. Este tema deberá resolverlo ahora Lijo: si aparta a Rívolo se designará otro fiscal y la decisión no es apelable. Si lo confirma, Pirota podrá recurrir a la Cámara Federal.
La denuncia fue presentada luego de que el vicepresidente Amado Boudou aludiera en un contacto con la prensa a la "agencia del juez Rafecas", para referirse a la presencia de reporteros gráficos en el allanamiento de un departamento de su propiedad pero alquilado a terceros en Puerto Madero.
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