Autorizarían a Solá a intervenir comunas

Néstor Kirchner le tiene retenido a Gustavo Béliz el plan de seguridad anunciado hasta que él no termine de ajustarlo en todos sus detalles y con sus asesores Alberto Fernández, Marcelo Zaín y Horacio Verbitsky. Pese a ese hermetismo se sabe que una de las medidas de ese programa sería autorizar al gobernador de Buenos Aires a intervenir aquellos distritos donde se sospecha que existe connivencia entre los uniformados y las autoridades locales. «¿O usted no sabe que en el negocio de los desarmaderos hay jefes políticos involucrados?», se encrespó anoche un asesor de Béliz. Para remachar que el tema es también político recordó que Carlos Ruckauf tuvo entre 6.000 y 7.000 presos más que durante la gestión de Eduardo Duhalde, sin que por ello hayan bajado los índices de delitos en territorio bonaerense.

Hace ya varias semanas que Béliz le entregó a Kirchner las carpetas que incluyeron el plan original de 40 puntos esbozado por el ministro el año pasado ante la por entonces cúpula de la Policía Federal y elaborado por el secretario de Seguridad, Norberto Quantín. Ampliado con los proyectos legislativos que serán tratados el miércoles en la Cámara de Diputados, por los cuales se hacen más severas las penas de los Códigos Penal y Procesal Penal al juzgar delitos. (Ver nota aparte.)

Lo que cocinan Kirchner y Béliz incluye la creación de una Policía Judicial y ampliar las facultades de la Científica. Los ejes centrales sobre los que se hará hincapié son la instrumentación de planes estratégicos de prevención para cada barrio, mecanismos que propician el control ciudadano de la gestión policial y mayores fondos para las comisarías más eficaces en la lucha contra el delito. Béliz sostuvo que «honestidad y eficacia» serán valores fundamentales. De hecho, el plan prevé que las 53 comisarías de la Capital obtengan, dentro de los próximos 3 años, la certificación ISO 9001 por su calidad de atención al público.

• En la calle

En el plan están incluidos los 1.000 policías más en la calle, producto, entre otras medidas, de una reducción de 30 por ciento en las custodias a funcionarios y personal judicial, y el desvío de ciertos trámites de las comisarías a los Centros de Gestión y Participación (los CGP) porteños. Ese millar de efectivos fueron asignados originalmente en distintos puntos de la Capital, en horario de 7 a 21, según informó el Departamento de Orden Urbano de la Dirección General de Operaciones. Aumentaron la seguridad en la City y en Barrio Norte, Palermo, Once, Belgrano, Flores y Caballito.

Esta mensura del control de eficacia debería verificarse tanto en la validez de los procedimientos policiales a partir de las causas judiciales que generen, como en el rendimiento judicial ante las detenciones, excarcelaciones y causas que han motivado la acción policial. Se aspira a que a través de la tarea de la Policía Federal, el plan se «irradie» a las provincias, en especial la de Buenos Aires, que por ser la más afectada por la delincuencia debió pedir el año pasado al gobierno nacional el envío de 2.000 efectivos federales (Gendarmería y Prefectura) que aún permanecen.

• Supervisión

En el futuro, la administración de los fondos de las comisarías y sus objetivos preventivos podrán ser supervisados por la gente. Los jefes policiales deberán publicar la contabilidad de los ingresos y egresos de dinero y la nómina completa del personal que presta servicio en su dependencia, con una detallada descripción de los horarios que cada uno de ellos cumple.

La descentralización del funcionamiento policial también tendrá su capítulo. Las 53 comisarías de la Policía Federal en el ámbito porteño están agrupadas en 8 circunscripciones, cuyos jefes deberán presentar un plan estratégico de prevención del delito para su jurisdicción y un sistema de evaluación de la productividad de cada seccional. Lo mismo deberá hacer cada comisario. Se duplicará el personal de investigaciones en las 8 circunscripciones para reforzar las tareas en la lucha contra la venta de drogas a jóvenes y adolescentes, en colaboración con Gendarmería y Prefectura. Anoche se destacó que sigue vigente la línea gratuita 0800-222-2020, para denunciar la venta de drogas y la existencia de desarmaderos.