El Senado aprobó ayer que los jueces paguen Ganancias. Ahora, sólo resta que el proyecto -que despierta polémicas- sea votado en Diputados para que tenga fuerza de ley. A fin de amortiguar cualquier protesta en Tribunales, el ministro de Justicia, Gustavo Béliz, adelantó en el Congreso -tal cual anunció este diario- que lo que aporten los magistrados, entre $ 79 y $ 84 millones servirá para financiar la creación del FBI criollo, bautizado Agencia Federal.
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Frente a la crisis de inseguridad, resultará antipático que los afectados por esta tasa -jueces, funcionarios judiciales y miembros de los tribunales de cuentas- salgan a protestar cuando lo recaudado será para combatir -según Béliz- la delincuencia.
Sea como fuere, la incorporación de los magistrados al pago del impuesto puede inscribirse en una movida mucho más amplia del Ejecutivo, destinada a avanzar sobre el Poder Judicial: por un lado, con la unificación de los juzgados federales y nacionales (más la «renovación» de la Corte Suprema) y, por el otro, con el tributo de Ganancias, del cual habían quedado exceptuados gracias a una acordada de la cabeza de Tribunales de 1996.
La administración de Eduardo Duhalde hizo un ensayo general en la materia. En febrero de 2002, remitió una iniciativa sobre Ganancias que no prosperó (sólo consiguió la sanción de Diputados y luego cayó el proyecto), pues estuvo a punto de desatar un conflicto muy peligroso, en plena salida del 1 a 1 y de cara a las negociaciones con el Fondo. Lo mismo sucedió con la embestida paralela contra el máximo tribunal. Con desmesura, el peronismo bonaerense imaginó el juicio político de los 9 ministros que, a poco andar, se desmanteló. Néstor Kirchner tomó nota y fue señalando de a uno a los jueces de la Corte. Tras lograr un par de renuncias (Julio Nazareno y Guillermo López), una destitución ( Eduardo Moliné O'Connor) y otra en camino ( Adolfo Vázquez), el gobierno desempolvó el pago de Ganancias que ayer avalaron los senadores, merced a un dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda que encabeza Jorge Milton Capitanich (PJ-Chaco).
Con 48 votos afirmativos y una abstención (de Norberto Massoni, UCR-Chubut), modificaron el texto ya aprobado en Diputados, al cual se le agregó el alcance de la medida a jueces federales y provinciales.
Capitanich justificó el tributo en el cumplimiento del artículo 16 de la Constitución nacional, que establece «la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos», por lo que se considera un beneficio el no pago del impuesto. «No es cierto que la obligación que se les impone afecte la intangibilidad o la falta de independencia: porque la independencia no depende de una regla general como es un impuesto», explicó el titular de Presupuesto.
En nombre del bloque radical, el mendocino Ernesto Sanz defendió la iniciativa al considerar que se basa en los principios de «igualdad, proporcionalidad, equidad y no confiscatoriedad». Aunque adhirió el proyecto, la senadora porteña del Frente Grande Vilma Ibarra objetó que el pago de Ganancias no se hiciera extensivo a todos los rubros que conforman el salario de los magistrados, como antigüedad y desarraigo.
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