"Bajó el delito que se puede prevenir"

Felipe Solá dedicó ayer el discurso en el partido de Florencio Varela a defender su plan de seguridad que, reiteró, bajó los índices de los delitos que se pueden prevenir. En la foto, el ministro Arslanian, la vicegobernadora Graciela Giannettasio y el intendente Julio Pereyra.

Felipe Solá defendió ayer su política de seguridad y sostuvo que su gestión produjo en los últimos meses «una baja importante de los delitos que se pueden prevenir». Ese, argumentó, es el resultado del plan «a largo plazo» para combatir la delincuencia instrumentado por el ministro de Seguridad, León Arslanian, que se cumple «inexorablemente». El gobernador de Buenos Aires aclaró que, no obstante estos avances en materia de seguridad, su gobierno «no se va a enamorar de las estadísticas y vamos a saber que la inseguridad bajó realmente cuando la gente, y no los números, lo diga».

Al hablar en la localidad de Florencio Varela, donde puso en marcha la nueva Policía Distrital, el gobernador expresó su apoyo al plan elaborado por el gobierno nacional para combatir las drogas y adicciones, y afirmó que en su provincia ya se están adoptando medidas contra el narcotráfico y el consumo de alcohol. En el acto -llevado a cabo ante numeroso público- estaban también la vicegobernadora Graciela Giannettasio, el ministro Arslanian, el intendente de ese partido, Julio Pereyra, jefes y efectivos de la Policía Bonaerense.

Solá señaló que «desde abril de 2004 la provincia vuelve a tener un plan de corto, mediano y largo plazo» para combatir la inseguridad, y dijo que «hay que tener serenidady valentía» para sostenerlo,aunque aclaró que «eso no quiere decir que no se pueda cambiar» para adaptarlo a las circunstancias.

Al manifestar su respaldo al plan del gobierno nacional contra las drogas y adicciones, insistió en la necesidad de agilizar el debate del proyecto de ley destinado a desfederalizar las causas por drogas, que se encuentra en el Congreso desde el año pasado, y que tiene «el apoyo de todos los intendentes».

Subrayó que de este modo, si se habilita a la Justicia bonaerense a intervenir en casos de menor cuantía, «en vez de tener 28 jueces federales, habrá cientos de jueces provinciales» para luchar contra el narcotráfico.

• Drogas y alcohol

«No queremos ser cómplices ni idiotas, y para defender a nuestros hijos queremos que el que vende drogas vaya preso», puntualizó Solá, quien luego expresó que no se detiene a un gran traficante todos los días, «pero si agarramos a muchos pequeños el grande se va a preocupar y no va a vender en ese barrio». Señaló que la provincia también está haciendo «enormes esfuerzos» para luchar contra el consumo de alcohol, y entre esas acciones ratificó que los comercios que vendan bebidas alcohólicas deberán inscribirse hasta el 28 de este mes en un registro especial que llevarán los municipios.

Subrayó que los comercios a los que se sorprenda en dos oportunidades vendiendo alcohol en infracción serán clausurados «para siempre», y que también se sancionará a los distribuidores de esas bebidas para que no vendan a negocios que no estén habilitados.

El gobernador se mostró «preocupado» por el alto nivel de consumo que se registra actualmente entre los jóvenes «sin distinción de clase o de origen», una tendencia que -aseguró- «es más alta que la de nuestra generación», y que con la puesta en marcha del registro «los padres podrán denunciar a los comercios que les vendan alcohol a sus hijos».

Solá destacó los cambios que se están produciendo en la Policía Bonaerense, que en su nueva organización, «con menos cargos», tendrá efectivos «que asciendan por capacidad, y no por antigüedad», lo cual redundará en un « prestigio mayor» para la fuerza, que además será «jerarquizada y respaldada».

Anunció -por otra parte- que dispuso la incorporación de «1.500 asistentes sociales» al Patronato de Liberados, quienes se encargarán de seguir la situación de «los 38 mil presos que tiene la provincia cumpliendo condenas en sus casas».

Explicó que hasta hoy había «cerca de cien personas atendiendo a ese número de condenados, lo que a todas luces es insuficiente», y adelantó que también se dará un auxilio económico especial para los ex presos, que de este modo podrán evitar la «tentación de volver al delito», y se facilitará su reinserción en la sociedad. El gobernador calificó, además, como «un salto cualitativo» la puesta en marcha de la Central Telefónica de Emergencias, que a partir del 31 de marzo venidero operará con el número 911 en todo el conurbano, ya que se trata de un «modelo de comunicaciones» que posibilita la más rápida asistencia policial.