Béliz con padres de víctimas ayer

Un grupo de familiares de víctimas le entregó ayer a Gustavo Béliz un petitorio con iniciativas para incorporar al Plan Nacional de Seguridad, anunciado el lunes por el gobierno, y que cosechó con la negativa, en algunos puntos, de los gobernadores.

Ayer, poco antes del mediodía, Béliz -junto al secretario de Seguridad, Norberto Quantín, y al responsable de Plan Antiimpunidad, Avelino Tamargo-recibió durante dos horas a la delegación de padres en la sede del Ministerio de Justicia y Seguridad.

Entre otros, participaron Rosa Bru -madre de Miguel Bru-, Dolores Demonty -de Ezequiel Demonty-, Gustavo Melmman -padre de Natalia Melmann-, la madre del conscripto Segundo Cazanave, los padres de Diego Peralta y Raquel Wittis, madre de Mariano Wittis.

El paquete de propuestas que le acercaron a Béliz consiste esencialmente en una serie de medidas destinadas al control de las fuerzas de seguridad, a raíz de que en muchos de los casos citados los responsables de las muertes fueron efectivos de la Policía.

De todos modos, al igual que antes hizo Juan Carlos Blumberg, también se aportaron iniciativas ligadas a los accidentes de tránsito y a la actuación de los fiscales. En resumen, el siguiente fue el texto presentado a Béliz:

• Que se retire del servicio activo, se le quite el arma y se someta a tratamiento psicológico a los policías que participaron de un procedimiento donde hubo víctimas inocentes. En paralelo, que se inicie una causa penal.

• Cuando hay dudas sobre la legalidad del procedimiento, que el efectivo sea puesto en disponibilidad preventiva y, si se comprueba la irregularidad, se lo separe de la fuerza en forma definitiva.

• A todos los funcionarios policiales se les deberá realizar un examen psicofísico y «una prueba de adicciones», en forma periódica y «de improviso».

• Las fuerzas de seguridad deberán fijar «interlocutores» para recibir denuncias contra funcionarios y hacer un seguimiento del personal policial denunciado.

• Realizar un registro a nivel nacional del personal exonerado o cesante para evitar que pueda formar parte de las fuerzas de otras provincias.

• Auditar, en forma independiente, la requisa de armas en los procedimientos para evitar que las armas requisadas pasen a formar parte del arsenal policial y sean utilizadas para fraguar «supuestos enfrentamientos».