El general Roberto Bendini hizo lo que debía si se atiende al objetivo de aliviar la crisis de superpoblación carcelaria que vive el país y complica al gobierno nacional. En silencio, logró que sus hombres del arma de ingenieros concluyeran las obras de ampliación y remodelación de la prisión militar de Campo de Mayo. Las instalaciones, antiguas como lo son casi todas las edificaciones del predio de Campo de Mayo, necesitaban urgente atención en vista del impulso que dio Néstor Kirchner al tema de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Como se prevé que el número de procesados con prisión preventiva aumentará luego del dictamen de la Corte Suprema sobre la inconstitucionalidad de las leyes del perdón, Bendini ya resolvió dónde alojar a la primera oleada de los detenidos del Ejército. El cuerpo de defensores oficiales conducidos por Silvia Otero Rella estima que serán más de 600 hombres, entre oficiales y suboficiales de la causa Cuerpo I del Ejército y ESMA, los primeros habitantes del presidio de Campo de Mayo.
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No más de 50 mil pesos y febril mano de obra proporcionada por el Batallón de Ingenieros 601, unidad operativa de apoyo de combate con asiento en Campo de Mayo, ampliaron la capacidad del presidio de 30 a 150 internos. Hasta el momento, los oficiales detenidos por causas contra los derechos humanos son alojados en guarniciones castrenses y en establecimientos de la Gendarmería Nacional y de la Prefectura.
Las alarmas se encendieron en los despachos del Ejército y en la población de presos militares luego de que el ministro del Interior, Aníbal Fernández, comunicó la semana pasada por nota al director de Gendarmería, Pedro Pasteris, que debía sacar a dos presos: al comisario mayor de la Policía de La Pampa, Carlos Reinhardt (causa Cuerpo I del Ejército), y al capitán de fragata retirado Jorge Acosta, conocido por el nombre de guerra «Tigre» (causa ESMA) de las instalaciones del escuadrón de Gendarmería ubicado en Campo de Mayo. Ese establecimiento ha sido cárcel para algunos notorios presos como Emir Yoma y Domingo Felipe Cavallo.
La causa penal por supuesta malversación de fondos públicos que se sigue en Río Gallegos contra el titular del Ejército alimenta la imaginación de sus opositores sobre las razones de la modernización del penal militar de Campo de Mayo. Es que en el mismo presidio estuvo ya otro jefe del Ejército, el teniente general Martín Balza (hoy embajador en Colombia), cuando fue acusado de presunta asociación ilícita para la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia. También fue recluido allí el coronel Mohamed Alí Seineldín por su responsabilidad en el levantamiento carapintada de 1990. «El sistema carcelario federal ya tiene dolores de cabeza por el hacinamiento y una masiva incorporación de presos con la carga mediática negativa del pasado es una invitación a la violencia», evalúan los defensores oficiales.
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