Contrabando de armas a Bolivia: las pruebas contra Marcos Peña

Política

C5N reveló nuevas pruebas sobre el envío de material bélico para apoyar el golpe de Estado que derrocó a Evo Morales. El rol clave de Marcos Peña.

El jefe de Gabinete durante la presidencia de Mauricio Macri, Marcos Peña, tuvo un rol central en el contrabando de armas a Bolivia que se usaron para apoyar y sostener el golpe de Estado que derrocó a Evo Morales en 2019. Así lo revelan las pruebas que dio a conocer un detallado informe de C5N.

Según explicó el periodista Ariel Zak, una resolución del 2019 de la Jefatura de Gabinete que dirigía Marcos Peña autoriza el gasto para enviar a los gendarmes del grupo Alacrán a Bolivia. En el mismo avión se envió el material bélico, que incluía armas, granadas, y 70.000 municiones.

La resolución tiene fecha el 15 de noviembre de 2019, tres días después del envío del material. En la misma, se le pide a la Jefatura de Gabinete, precisamente a la Secretaría de Asuntos Estratégicos, que en ese momento estaba a cargo de Fulvio Pompeo, que se autoricen los viáticos para el viaje de los gendarmes a Bolivia.

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No es solo una cuestión administrativa. El gobierno de Mauricio Macri había dado la orden de que todos estos asuntos pasen por la firma de Marcos Peña, a quien el entonces presidente definía como "sus ojos y su inteligencia". Es decir, si lo sabía Peña, no podía no saberlo Macri.

Como si fuera poco, se reveló la existencia de un acta que confirma la intención de entrar de contrabando el material bélico. Las bolsas estaban rotuladas como "guantes", pero adentro había granadas. Y no solo de gas lacrimógeno, sino también explosivas.

Las pruebas del contrabando de armas a Bolivia para apoyar lo que fue el golpe de Estado que derrocó a Evo Morales y puso a Jeanine Añez al frente del gobierno de facto atraviesan a cada vez más áreas de la gestión de Macri. Desde Patricia Bullrich como responsable de Seguridad, como a los ministerios de Defensa, Justicia, la Cancillería, y ahora también a la jefatura de Gabinete.

El escándalo estalló cuando el canciller de Bolivia, Rogelio Mayta, presentó una carta que el exgeneral golpista Jorge Gonzalo Terceros Lara le envió al por entonces embajador argentino en La Paz y actual ministro de Trabajo de Jujuy, Normando Álvarez García, en la que el militar agradecía y acusaba recibo de municiones y material represivo que, según se intenta determinar, podría haberse usado en los días posteriores, cuando el gobierno de facto perpetró las masacres de Sacaba y Senkata.

El material bélico puesto a disposición de la dictadura boliviana habría consistido en, por lo menos: 40.000 cartuchos AT 12/70; 18 gases lacrimógeno en spray MK-9; 05 gases lacrimógeno en spray MK-4; 50 granadas de gas CN; 10 granadas de gas CS; 52 granadas de gas HC, según denuncias públicas de las autoridades bolivianas. Fue enviado en el avión Hércules en el que viajaron los gendarmes que según afirman los exfuncionarios macristas fueron a proteger la embajada en medio de los incidentes que se producían por esos días.

Esta maniobra habría contado con la participación de Macri y "Patricia Bullrich (exministra de Seguridad de la Nación), Oscar Aguad (exministro de Defensa), Jorge Faurie (exministro de Relaciones Exteriores y Culto), Normando Álvarez García (ex Embajador Argentino en Bolivia), Jorge Dávila (exdirector General de Aduanas), Eugenio Cozzi (exdirector Ejecutivo de la ANMaC)", según la presentación.

La denuncia señala, además a "Gerardo José Otero, (exdirector Nacional de la Gendarmería Nacional Argentina), Rubén Carlos Yavorski (excomandante Mayor Director de Logística de la Gendarmería Nacional Argentina) y Carlos Miguel Recalde (exdirector de la Dirección de Operaciones de la Gendarmería Nacional Argentina)".

En base a la información recolectada hasta el momento, "se observa la posible comisión de los delitos de contrabando agravado por la cantidad de personas involucradas, por la calidad de funcionarios públicos, por la participación de un funcionario del servicio aduanero, y por tratarse de armas y municiones de guerra, en concurso con los delitos de malversación de caudales públicos, abuso de autoridad y los delitos que comprometen la paz y la dignidad de la Nación previstos en los artículos 219 y 220 del Código Penal de la Nación", se indicó en la denuncia.

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