Juez rechazó tomar contrabando a Bolivia y causa ingresa en limbo

Si López Biscayart no la recibe de vuelta, tendrá que mover la Cámara. Gobierno demorado en ampliación, aguarda noticias desde el país vecino.

Telam

El juez en lo Penal Económico Alejandro Catania rechazó ayer la atribución de competencia que le había conferido su par Javier López Biscayart en la causa por supuesto contrabando agravado de elementos represivos de Argentina a Bolivia en 2019, durante el gobierno de Mauricio Macri, por considerar que el expediente en el que interviene su colega se encuentra más avanzado. El juez Catania evaluó que la línea de investigación ya está trazada en la causa que se tramita ante el juzgado de López Biscayart, y que se inició con una denuncia formulada por tres funcionarios del Gobierno nacional que incluía muchos más elementos que la que recayó en su juzgado.

El magistrado consideró también que el expediente en el que intervino su colega se encuentra más avanzado, toda vez que durante la feria judicial -habilitada para el caso- se realizaron importantes medidas de prueba. Si el juez López Biscayart decidiera ahora no aceptar el rechazo de su colega, la cuestión vinculada a la radicación del expediente debería ser decidida por el tribunal de alzada del fuero Penal Económico, es decir, la Cámara tomaría su primera intervención. Mientras tanto, el Gobierno que había anunciado que el lunes ampliaría la denuncia para involucrar a Marcos Peña, exjefe de Gabinete por reuniones mantenidas el 12 de noviembre de 2019 –presuntamente con los responsables que coordinaron políticamente el envío- sigue demorado y aguarda que ingresen novedades desde Bolivia.

El juez López Biscayart recibió por sorteo la denuncia que habían realizado los ministros de Justicia, Martin Soria; y de Seguridad, Sabina Frederic; y la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, mientras que a Catania le tocó la denuncia formulada por el exjuez Eduardo Freiler, basada en artículos periodísticos, unos minutos antes.

En la causa se investiga el presunto contrabando de materiales represivos desde Argentina a Bolivia durante los días en los que se produjo el golpe de Estado contra Evo Morales. La mayor parte de los documentos de Gendarmería y Aduanas que comprometen a la administración Macri fueron revelados por Ámbito.

Los materiales represivos -entre los que había 70 mil municiones antitumulto y granadas de gas lacrimógeno- salieron del país con la excusa de que serían utilizadas para la protección de la embajada argentina en Bolivia y se habrían desviado hasta llegar a manos de las fuerzas de Seguridad.