Bonafini legisla por carta

Hebe de Bonafini

Hebe de Bonafini manifestó ayer su rechazo al convenio antiterrorista aprobado recientemente por el Congreso que endurece las penas para el financiamiento de actividades terroristas y pidió al gobierno nacional que vete la iniciativa.

A través de una carta dirigida a los diputados de todos los bloques, Bonafini calificó de «repugnante» la ley aprobada hace 15 días que fija criterios de extradición y pone fin a la figura de delito político como una razón para denegar un pedido de extradición de sospechosos de realizar actividades terroristas. «Las Madres de Plaza de Mayo queremos expresar nuestra sorpresa e indignación por la aprobación de la llamada ley antiterrorista impuesta por Estados Unidos y los países que controlan el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas», aseveró Bonafini en una carta.

• Pedido

Bonafini llegó al Congreso para entregar las cartas a los diputados junto a un grupo de Madres de Plaza de Mayo, y acompañada por el diputado nacional de Convergencia, Miguel Bonasso, quien también cuestionó la sanción de esta iniciativa.

En la carta, las Madres advirtieron que se manifestaron «cansadas de oír llamar terroristas a los luchadores que como nuestros hijos dieron sus vidas por un mundo más justo y solidario, y estamos asqueadas de la dirigencia política que se arrodilla y se baja los pantalones ante las exigencias de Estados Unidos».

«Está mal esta ley. No vamos a aprobar todo lo que hace el Presidente; vamos a pedir una entrevista para que vete la ley», aseveró luego Bonafini en declaraciones a la prensa.

Por su parte, Bonasso dijo compartir la «grave preocupación» de las Madres de Plaza de Mayo por la aprobación de esta convención y recordó que esta iniciativa «conspira» contra el Tratado de Caracas, de derecho al asilo político, al que adhirió la Argentina con el retorno de la democracia.

• Razón

De esta forma, Bonasso y la titular de las Madres de Plaza de Mayo hicieron referencia a la convención aprobada en Bridgestown, en la reunión de la OEA, en junio de 2002, que pone fin a la figura de delito político como una razón para denegar un pedido de extradición de algún sospechoso de terrorismo.

El proyecto, que contaba con media sanción del Senado, fue aprobado hace 15 días por la Cámara de Diputados luego de una extensa sesión, donde se convirtió en ley.

Bonafini además rechazó el proyecto que repara económicamente a quienes debieron exiliarse durante la última dictadura militar por persecuciones políticas.

«No estamos de acuerdo con que se cobre la indemnización para los exiliados. Pero creemos que cada uno debe decidir porque cuando uno es revolucionario, no tiene por qué cobrar», consideró Bonafini.

La Comisión de Derechos Humanos, que preside el peronista Hugo Perié, ya le dio dictamen favorable a la iniciativa que propone una indemnización económica por cada día de exilio.

El proyecto contó con la participación de la asociación de grupos de exiliados (COEPRA) y del jefe de Gabinete de la Secretaría de Derechos Humanos, Rodolfo Mattarollo.

La propuesta, a iniciativa del senador Marcelo López Arias, considera otorgar $ 74,66 por día a los ciudadanos que comprueben que debieron irse del país por razones políticas después del 6 de noviembre de 1975, y durante el gobierno militar que empezó con el golpe de Estado de 1976 y permaneció hasta diciembre de 1983.