24 de noviembre 2021 - 00:00

Clientelismo M: más de dos años después, Dante Sica deberá declarar por bono clandestino antes de las elecciones

El exministro de Producción eludió el primer llamado y ahora deberá acudir a la Justicia federal junto a su entonces secretario de Empleo. La causa investiga delitos electorales pero también compra de votos. 

Dante Sica.

Dante Sica.

El exministro de la Producción Dante Sica deberá responder el 9 de diciembre ante la Justicia federal acerca de las sospechas por el bono clandestino de 5 mil pesos que instrumentó la gestión de Cambiemos para destinarlo supuestamente a desocupados en las semanas previas a las elecciones de 2019.

Ese día fue citado por el fiscal Ramiro González, a cargo de la causa que tramita la jueza María Servini y que arrancó por una investigación exclusiva de este diario. Junto con Sica deberá prestar declaración el entonces secretario de Empleo, Fernando Prémoli, responsable de la firma de la resolución que dio base legal a la medida, a un costo de 650 millones de pesos.

Se trata del segundo llamado del fiscal luego de que el exfuncionario y nuevamente responsable de la consultora económica Abeceb se excusara de acudir al primero el mes pasado: en esa oportunidad, el día que debía acudir a Tribunales, el imputado estuvo en el coloquio de IDEA en Mar del Plata y los periodistas acreditados lo hallaron mientras paseaba y bromeaba junto a Hernán Lacunza.

Dante Sica está acusado de infringir la ley electoral por la implementación de ese bono en medio de la veda electoral, y la causa también investiga si el beneficio terminó en manos de punteros políticos de Juntos por el Cambio.

La audiencia, convocada bajo los parámetros del artículo 146 del código electoral, se producirá al cabo de más de dos años de tramitación sin mayores avances en el expediente.

En el medio se produjo la muerte del fiscal Jorge Di Lello, el primero en tramitar la causa, en febrero pasado. El expediente tiene varias líneas de investigación: por un lado, si el bono fue efectivamente diseñado con un fin electoralista y gestionado en medio de la veda; también, si tal como investigó Ámbito su germen fue clandestino y jamás anunciado por canales oficiales con el fin de direccionarlo hacia otros grupos que no fuesen estrictamente personas desocupadas e independientemente de su bandería política.

Pero además en Formosa surgió una denuncia paralela que terminó por incorporarse al sumario principal, según la cual el subsidio de $ 5.000 había sido entregado en esa provincia a fiscales de Juntos por el Cambio en una aparente maniobra destinada a reclutarlos, de arranque, y a incidir en esos lugares de votación una vez designados. A partir de esta acusación la fiscalía electoral ordenó una pericia que debió volver a realizarse y que más de un año y medio después todavía espera un cotejo entre el listado de beneficiarios y el padrón de fiscales provinciales.

El resultado de la pericia, en caso de comprobarse la hipótesis del denunciante según el cual más de la mitad de los beneficiarios del bono en Formosa habían cumplido luego funciones como autoridades de mesa partidarias, será determinante para eventualmente ordenar una medida similar pero sobre otros distritos para establecer si se trató de una compra de votos masiva a nivel nacional. Esa fue la sospecha que sostuvo el apoderado del PJ y primer denunciante en la causa, Jorge Landau, fallecido en julio pasado.

La causa arrancó en octubre de 2019 a partir de una serie de notas publicadas en este diario y que recogieron los apoderados del Frente de Todos para presentarse ante la jueza Servini. Hasta ahora figuran como imputados los exministros Dante Sica y Ricardo Buryaile (en este caso por su rol como candidato en Formosa y beneficiario político de la distribución de los bonos en ese distrito), el exsecretario de Empleo Prémoli (firmante de la resolución 1117 que dio origen al bono), el intendente de San Antonio de Areco, Francisco Ratto y Juan María Cravero, excandidato a jefe comunal de Roque Pérez.

La maniobra fue puesta en evidencia por Ámbito Financiero desde su planificación, cuando aparentaba ser una medida de ayuda a desocupados de todo el país con la puesta a disposición de un bono de $ 5.000 por única vez, y sin embargo el entonces oficialismo siguió adelante hasta que Servini le prohibió abonarlo en plena campaña y hasta después del comicio presidencial ante la sospecha de que pudiera ser utilizado como herramienta para influenciar de manera ilegal el voto de los perceptores.

La causa estuvo al borde de cumplir el plazo de prescripción de dos años hasta que el fiscal resolvió la actual primera audiencia aunque por la menor de las imputaciones. En su entorno explican que al despejarse el camino para continuar con la investigación más adelante podrá ahondar en los otros delitos que la querella imputó.

Una vez que la maniobra quedó expuesta en la investigación se produjo otro efecto colateral: durante varias semanas, cientos de personas hicieron colas frente a la sede nacional del Ministerio de Trabajo y a delegaciones de esa cartera en todo el país para demandar el cobro del bono en base a su situación de desocupados. Los entonces funcionarios jamás les dieron una respuesta.

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