«La Ciudad de Buenos Aires no aparece como objetivo inmediato del terrorismo de acuerdo con nuestros propios informes de inteligencia y similares del extranjero», tranquilizó ayer Enrique Mathov a Aníbal Ibarra, durante una reunión que se realizó en la Jefatura de Gobierno porteña para coordinar entre la Nación y la Capital Federal medidas de seguridad.
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Participaron además el jefe de la Policía, Rubén Santos; el secretario de Justicia y Seguridad de la Ciudad, Facundo Suárez Lastra, y el subsecretario de Seguridad, Eduardo Thölke. Los funcionarios porteños no conducen a agentes, ya que la Policía Federal depende de la Nación y la Capital tiene vetada la posibilidad de contar con policía propia. Por eso ayer se armó una agenda de reuniones quincenales entre el distrito de Ibarra y el gobierno nacional para coordinar acciones.
El primer reclamo de la Capital fue que los funcionarios nacionales mantengan permanentemente informados a sus pares porteños tanto sobre si el distrito puede ser próximo blanco de un atentado terrorista, como de las medidas que estén adoptando las fuerzas nacionales para prevenirlo.
La demanda ya la había hecho Thölke cuando participó de la primera reunión que realizó el Consejo de Seguridad tras el atentado perpetrado en Estados Unidos. Mathov aseguró que el proyecto de norma que derogará la llamada ley Cafiero para permitir que la Capital cree su propia policía será enviado esta semana al Congreso por el gobierno nacional. El trámite ya cuenta con la firma de Ramón Mestre, de acuerdo con el compromiso que selló Domingo Cavallo con Ibarra en la única reunión que mantuvieron en el despacho municipal, apenas el ministro estrenó su nuevo cargo.
Por ahora Ibarra no podrá dar órdenes a la Policía, pero al menos logró tomar injerencia en las decisiones sobre seguridad que adopta el gobierno nacional en la Capital Federal, tras la realización de esa primera reunión conjunta entre los dos distritos en ese sentido, lo que inaugura una agenda periódica en la toma de decisiones sobre la seguridad de los porteños, un tema en el que centra su campaña electoral Vilma Ibarra, hermana del jefe de la Ciudad y candidata a senadora en segundo término. La demanda de controles al delito en el distrito es para el jefe de Gobierno una cuenta que se ve imposibilitado de saldar, por eso suele quejarse de «no poder darle órdenes a un cabo», para revertir la situación.
• Cámaras filmadoras
Las nuevas medidas que avalará el jefe porteño incluyen la colocación de cámaras filmadores en la peatonal Florida del centro de la Ciudad, entre otras innovaciones, además de implementación de un número único de teléfono para todo tipo de emergencias.
Además, como parte de las estrategias conjuntas, el Gobierno porteño anunció la reglamentación de la Ley de Seguridad Privada. La norma creará una superintendencia para que el Gobierno de la Ciudad controle la formación y el desempeño de los 40 mil agentes privados que trabajan en el distrito. Ibarra reclamó, además, por mayores controles de la Policía sobre el tránsito, en los espacios verdes, escuelas y hospitales.
Los encuentros sobre seguridad, que se repetirán, según prometen, cada quince días, significan para Ibarra el preámbulo de la transferencia de parte de la fuerza al distrito cuando pueda tener su propia policía.
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