Bullrich vs. Camaño por fondos sindicales

Patricia Bullrich, candidata presidencial del partido Unión por Todos (UT), denunció ayer ante la Oficina Anticorrupción a una ex compañera peronista, la ministra de Trabajo, Graciela Camaño, por dejar sin efecto la disposición que obligaba a los gremialistas a presentar sus declaraciones juradas patrimoniales. Bullrich, cuando fue titular de la cartera de Trabajo durante la gestión de Fernando de la Rúa, resolvió que los gremialistas debían presentar esas declaraciones juradas para que, según dijo, «los trabajadores conozcan el patrimonio de sus dirigentes».

La candidata presidencial de UT opinó que con la marcha atrás de la resolución que ordenaba a los sindicalistas declarar su patrimonio «se avanza en un nivel de impunidad». La medida tomada por Bullrich apuntó al corazón de la corrupción en el campo sindical.

En la presentación hecha ante la Oficina Anticorrupción alertó además que, en el caso de Camaño, «hay una colisión de intereses», aludiendo a que la ministro es esposa del dirigente gastronómico y senador por Catamarca Luis Barrionuevo. «La declaración jurada de bienes la presenta el núcleo familiar y, en este caso, Barrionuevo debería presentar la declaración jurada de él y de su señora», puntualizó anoche al ser consultada.

El jefe de la CGT Rodolfo Daer -en obvia defensa de Camaño-sostuvo ayer tramposamente que la resolución de la ex ministra Bullrich, que los obligaba a presentar sus declaraciones patrimoniales, era «una clara persecución hacia el sindicalismo». «No tenemos ningún tipo de problema en presentar la declaración ante la DGI, ¿pero por qué la tiene que presentar mi hija que estudia en la universidad?», se quejó Daer, al cuestionar la resolución de Bullrich.

•Persecución

El sindicalista señaló que en su oportunidad denunció ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) la resolución de Bullrich porque «era una clara persecución al sindicalismo».

Sin embargo ésta es una verdad a medias, ya que la Bullrich, en la presentación hecha con el abogado Gerardo Juara, señala que «paradójicamente, los mismos dirigentes que meses antes habían rescatado ante la OIT la soberanía nacional y la autonomía del derecho interno frente al 'avance' de los organismos internacionales cuando estos reclamaban modificaciones en la Ley 23.551 para permitir mayor democracia sindical, ahora recurrían a antecedentes de la OIT para oponerse a la medida».

Bullrich, en diálogo anoche con este diario, precisó que se había optado por hacer la presentación ante la Oficina Anticorrupción, porque «es una forma de reclamar al gobierno que diga cuál es su estándar en materia de ética pública».