La Justicia suspendió la intervención del Gobierno a una filial del gremio de judiciales Sitraju que había impulsado la secretaria general a nivel nacional de la organización, Vanesa Siley, diputada nacional y candidata a renovar su mandato por el Frente de Todos, además de protegida de Cristina de Kirchner. La medida fue adoptada por la Sala X de la Cámara laboral en contra de la designación de un delegado normalizador tomada en mayo por el Ministerio de Trabajo respecto de la seccional del sindicato con representatividad sobre empleados judiciales de los fueros nacionales y federales.
La intervención del Ejecutivo había sido una respuesta a la controversia entre dos líneas internas rivales en el sindicato, que sin embargo se reconocen parte del oficialismo nacional e incluso de raíz kirchnerista. La disputa está centrada en la denominada Sitraju RA, una seccional que tomó distancia de Siley a partir de 2019 y que en noviembre de ese año llamó a elecciones para renovar el mandato de Agustín Bruera. Ese acto comicial fue desconocido por los aliados de Siley, que llamaron por su parte a elecciones pocos días después.
En mayo Trabajo le dio la razón a los reclamos del sector de Siley y nombró al abogado Joao Sebastiao Nieto como delegado normalizador por 90 días, con el propósito de que llamara a elecciones. La decisión fue recurrida por Bruera y su adjunto, Demetrio Iramain, ante el fuero laboral que respondió en los últimos días con la suspensión de la decisión del equipo de Moroni. La resolución de los camaristas se basó en el artículo 62 de la ley de Asociaciones Sindicales según el cual el propio tribunal del fuero tiene competencia por encima del Poder Ejecutivo para resolver sobre cuestiones de la vida interna de los gremios.
La intervención a sindicatos fue una constante durante la gestión de Mauricio Macri, que desembarcó mediante funcionarios de su confianza en no menos de una docena de organizaciones nacionales en general con el aval de jueces federales y pese a los pronunciamientos en contrario de la Justicia del Trabajo. Con menos espectacularidad y despliegue la administración de Alberto Fernández también recurrió a este remedio en un puñado de casos: lo hizo en el gremio de recolectores de Córdoba (Surrbac) contra una conducción que rivaliza con Hugo Moyano, y también sobre la obra social del personal de seguridad (Upsra).
El caso del Sitraju cobró relieve una vez que este diario lo dio a conocer por tratarse de un gremio que encabeza una dirigente de confianza de Cristina de Kirchner, que no sólo favoreció a Siley al impulsarla a crear un sindicato paralelo a la Unión de Empleados de la Justicia (UEJN) sino que la promovió para acceder a un cargo en el Consejo de la Magistratura, la ungió como diputada nacional y le garantizó su reelección este año.
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