Cafiero teme verse complicado por la causa de sobornos en el Senado

Antonio Cafiero dedicó el fin de semana a recomponer sus lazos políticos y armar un blindaje ante la presunción de que deberá enfrentar los coletazos del escándalo por los sobornos en las próximas semanas. La investigación de Carlos Liporaci, que parece destinada a la absolución de las partes involucradas, podría ubicar en el banquillo de los comprometidos al principal agitador de las sospechas, el veterano legislador peronista.

El juez alistará el mes que viene un careo de Cafiero con el radical Horacio Usandizaga, Silvia Sapag y Pedro Del Piero (Frepaso). El encuentro de este trío servirá para esclarecer, por ejemplo, si el promotor del affaire se ocupó también de la distribución de la pieza literaria de autor desconocido, que detallaba la supuesta ruta del dinero.

Usandizaga aseguró que Cafiero le había ofrecido una copia del anónimo que funcionó a ojos del juez -al menos, hasta el viernes-como prueba del cohecho, extrayéndolo de una nota de fotocopias. Podría ser el principio del fin para este cazador que puede terminar cazado.

Su situación comenzó a ensombrecerse cuando, de manera sorpresiva (aunque había rumores en Tribunales desde hacía 20 días), el juez otorgó el viernes pasado el beneficio de la «falta de mérito» a los senadores justicialistas Ramón Ortega, Eduardo Bauzá, Emilio Cantarero,Alberto Tell,Angel Pardo, Ricardo Branda, Augusto Alasino y Remo Constanzo y a los radicales Raúl Galván, Javier Meneghini y Alcides López. Por otra parte, entre otras medidas procesales, apuntó a Fernando de Santibañes y Alberto Flamarique, a quienes los indagará por presunto «cohecho activo». Con que éstos se nieguen a declarar el juez parece forzado a declararlos también a la falta de mérito.

Acusaciones

El virtual desprocesamiento de los legisladores «liberó» a Liporaci de presiones en el Consejo de la Magistratura, donde conviven acusaciones surtidas, entre ellas una por supuesto enriquecimiento ilícito en su contra, y 2 miembros (Alasino y Branda) que se habían excluido de juzgarlo por estar involucrados en la investigación por las coimas. Los peronistas del Consejo eran jueces -aunque estuvieran automarginados-del juez que los tenía como sospechados por un escándalo en el Congreso.

La carga contra el ex jefe de la SIDE y ministro de Trabajo, lejos de entusiasmar al archienemigo de ambos (el propio Alvarez), lo único que desató fue cierta preocupación de parte del gobierno que aparece como único sospechado, en este caso, obviamente, de haber pagado una coima sin destinatario.

Hasta la semana pasada era a la inversa: Liporaci hacía desfilar por su despacho de Comodoro Py a los senadores en exclusiva. Había sobornados, pero no sobornadores. Al parecer, la insólita conclusión tribunalicia es que pueden no coexistir una y otra parte (la activa que ofrece y la pasiva que recibe la propuesta), a contramano de lo que enseñan los manuales de Derecho Penal y el mismo Código sobre el delito de cohecho. Un verdadero hallazgo atribuible a la doctrina Liporaci.

El oficialismo se siente algo presionado por el magistrado, si bien espera que las citaciones sean sólo para cumplir con el formalismo de que los funcionarios salientes repitan que no se pagó nada a cambio de la reforma laboral.

Más ingenuo que Cafiero, Carlos Chacho Alvarez descubrió a fin de año que se comportó como un crédulo al haber confiado que el juez Carlos Liporaci, a pesar de sus polémicos antecedentes, podía mandar a prisión a supuestos coimeados del Congreso por la reforma laboral. Tal vez, creyó que había garantías de que iba a hacerse justicia cuando -a comienzos de la pesquisa-por TV escuchó de boca del mismo magistrado que «hubo sobornos». Y ya se sabe que, para alguien que hace de los medios un medio de hacer política, todo lo que se dice allí cobra otra fuerza. La carga probatoria de las coimas, claro, estaban contenidas en un anónimo -algo de por sí poco confiable-que había leído en público el mismo Alvarez para darle entidad.

Llanto

Lo primero que hizo el ex vicepresidente fue llorar ni bien se enteró, gracias a los «movileros», de que el magistrado había «desprocesado» a los 11 legisladores, a pocos días de terminar la ronda de declaraciones indagatorias y sobre el cierre de la temporada de Tribunales. Luego, fastidiado por la medida, reaccionó reclamando su apartamiento de la meneada causa. Un poco tarde.

¿Era necesario que el juez tuviera un pronunciamiento antagónico a la voluntad de Chacho para que éste tomara conciencia de que la pesquisa iba a una vía muerta? ¿Una resolución coincidente con el deseo chachista respecto de los legisladores sospechados, hubiera absuelto a Liporaci de otros «pecados» que lo mantienen cautivo del Consejo de la Magistratura? ¿La renuncia de Alvarez, entonces, fue en vano? Es lo que confesó a sus interlocutores el viernes en Varela Varelita.

José Luis Gioja, cacique del bloque PJ, intentó convertirse en exégeta de las demostraciones del ex vice. «Así como nosotros hicimos cosas golpeando puertas, trabajando las leyes y buscando consensos, hay otros, como Alvarez, que prefirieron la televisión y los medios», apuntó Gioja.

Mientras el líder frepasista reflexiona, la segunda parte de la película judicial seguirá en febrero, tras la feria. En principio, el fiscal Eduardo Freiler apelará la decisión de decretar la «falta de mérito».

El fiscal no descartó que algunos de los senadores beneficiados por Liporaci puedan ser «procesados» en el futuro. «Esta medida no es definitiva porque los imputados no están ni sobreseídos ni procesados.Y esto sí puede ocurrir en el futuro», explicó Freiler. En ese sentido, subrayó que la citación a indagatoria de Flamarique y De Santibañes es uno de los puntos «más llamativos de esta medida».